Las empresas Coca-Cola Femsa y Atlántica Sustainable Infrastructure firmaron el primer contrato privado para la comercialización de energía eléctrica renovable de Uruguay, luego de que el gobierno autorizara el ingreso de los actores privados a este mercado.
El contrato PPA se realizó el 7 de diciembre pasado, y tuvo como protagonistas a las dos empresas que, por primera vez en el país, podrán comercializar energía renovable entre ellas. El acuerdo contempla una nueva planta de generación de energía fotovoltaica renovable, el Parque Solar Albisu I, que estará ubicado en Salto.
“El parque fue desarrollado y construido por Ventus para el cliente Atlántica Sustainable Infrastructure, uno de los generadores privados más grandes de Uruguay. Dicha central renovable contó con una inversión aproximada de 14 millones de dólares y más de 150 colaboradores de mano de obra, del cual el 14% fueron mujeres”, explicó Francis Rasquet, director de Desarrollo de Negocios de Ventus, al medio Energía Estratégica.
Asimismo, la infraestructura posee más de 24.000 paneles solares y la cantidad de energía entregada será de 23.500 MWh al año, lo que permitirá abastecer el 100% del consumo de Coca-Cola Femsa a través de fuentes renovables de energía, en línea con los objetivos globales de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que lleva a cabo la empresa.
“Si bien ya existía una ley y un marco regulatorio, nunca se había dado que dos privados hubieran comercializado energía entre ellos, por lo que es un hito para el mercado eléctrico uruguayo”, subrayó Raquet.
“Estamos dispuestos a seguir trabajando en este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que en el país hay cerca de 20 empresas que pueden ser consideradas grandes consumidoras del sistema y tienen la oportunidad de ser usuarios libres y decidir a quién comprarle energía”, manifestó el director de Desarrollo de Negocios de Ventus, al respecto.
El ingreso de privados al negocio de las energía renovables, clave para este hito
La posibilidad de que los generadores privados de energías renovables no convencionales —eólica, fotovoltaica y biomasa—la capacidad de suministrar potencia firme a largo plazo fue habilitada en agosto, a través de un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). El objetivo fue fomentar el mercado de contratos mayoristas de energía entre privados.
Si bien la disposición tuvo varias críticas por parte de algunos directores de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) por lo que consideraron el carácter “privatizador” de la misma; el gobierno defendió la medida y sostuvo que era “una oportunidad” para la llegada de inversión privada al país en un sector en el que Uruguay tiene grandes potencialidades.
“Eso lleva tiempo y si bien sí le pueden ir generando alguna pérdida de clientes a UTE en el mediano plazo, al mismo tiempo (la estatal) va a ir aumentando su volumen de negocios porque la demanda (de energía) va a ir creciendo a medida que se siga electrificando cada vez más. Y ese es un negocio que es de UTE”, explicó el entonces titular del MIEM, Omar Paganini —cuyo lugar ocupa actualmente la ministra Elisa Facio.
Fuente Ambito
