El Gobierno de Perú rechazó este viernes el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que acusa al Estado de haber cometido desacato al no cumplir con las resoluciones que prohibían la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, acusado de delitos de lesa humanidad.
“El Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos, en el ámbito regional y universal, y ratifica su firme adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, declaró el Gobierno en un comunicado publicado en su página oficial.
“No ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte“, agregaron los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos en el texto.
De acuerdo con el texto, “el Estado peruano presentará el informe de cumplimiento que se solicita en la mencionada resolución, con la argumentación de su posición, según el procedimiento y dentro del plazo señalado por la Corte IDH, que vence el 4 de marzo de 2024”.
La acusación de la Corte IDH
La Corte IDH acusó este jueves al Estado peruano de desacato por no evitar la excarcelación inmediata de Fujimori que exigió el Tribunal Constitucional, y permitir que continuara el proceso a pesar de que se ponía en riesgo el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El fallo de la Corte IDH, de 29 páginas y publicado en la cuenta de la red X (antes Twitter) del organismo, establece que “la liberación de Alberto Fujimori la tarde del 6 de diciembre de 2023 constituyó un desacato” a una resolución de “adopción de medidas urgentes de no innovar” dictada por la presidencia del tribunal el día anterior.
El 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú emitió un fallo en el que considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado, y ordenó la liberación inmediata del exmandatario, de 85 años, decisión acatada por el Instituto Nacional Penitenciario.
Luego del fallo del TC, el presidente de la Corte IDH, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, requirió al Estado peruano no liberar de forma inmediata a Fujimori hasta que el organismo internacional contara con todos los elementos necesarios para analizar si el fallo cumplía con todas las condiciones; pero la excarcelación se ejecutó casi de inmediato, al día siguiente.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992, en las que fueron asesinadas 25 personas, así como también por los secuestros de un periodista y de un empresario en 1992.
En diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero la Justicia lo anuló unos meses más tarde, en el verano de 2018.
Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del expresidente alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional dio luz verde a su excarcelación, que se produjo el pasado 7 de diciembre.
Están en marcha, todavía, otro proceso por las esterilizaciones forzadas a unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres -causa que involucra a varios de sus ministros-, y el lunes pasado comenzó otro juicio por la llamada Masacre de Pativilca, en la que mataron a seis campesinos, en 1991, por la que el fiscal pidió 25 años de cárcel para el exmandatario.
Fuente Telam
