La justicia federal de San Martín dictó en los últimos días del año una medida de no innovar para que el Ministerio de Defensa no modifique la zona en la que se investiga la existencia de otro centro clandestino de detención en la guarnición militar de Campo de Mayo.
La causa se inició en octubre del año pasado a partir de una denuncia del Archivo Nacional de la Memoria que depende de la Secretaría de Derechos Humanos en la que aportó el testimonio de un denunciante anónimo que menciona la existencia de un edificio sobre la antigua Ruta 8 que se utilizó como lugar de detención ilegal, tortura y exterminio durante la última dictadura.
A partir de la denuncia, la jueza Alicia Vence, a cargo de la megacausa Campo de Mayo, dictó la medida cautelar para preservar el lugar para “evitar cualquier tipo de alteración o modificación en el área en cuestión para garantizar la continuidad sin impedimentos de la investigación en curso, asegurando que no se vea afectada, ya sea parcial o totalmente”.
“La correcta reconstrucción de los hechos denunciados por el testigo dependerá en gran medida de la preservación de esta área delimitada. Por consiguiente, se subraya la importancia de respetar y adherirse estrictamente a las coordenadas establecidas, con el fin de salvaguardar la integridad de la escena y facilitar una investigación exhaustiva que arroje luz sobre los acontecimientos denunciados”, añadió la jueza en el texto de fecha 19 de diciembre.
Este nuevo CCD estuvo en el edificio en el que funcionaba el Destacamento de Comunicaciones Puerta 8. Según el testimonio, allí operaba una patota a cargo del teniente coronel Herman Antonio Tetzlaff, condenado en 2001 por la apropiación de Victoria Montenegro, quien recuperó su identidad en el año 2000. Además, participó de la apropiación de Horacio Pietragalla Corti, ex secretario de Derechos Humanos, a quien entregó a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
Tetzlaff, quien murió en prisión en 2003, integró el área de Inteligencia de Campo de Mayo. El testimonio menciona que la patota a su cargo operaba desde el Destacamento de Comunicaciones Puerta 8 y que desde allí fueron sacados restos humanos. Contó también sobre fichas de todas las personas que habían sido víctimas de la patota, que fueron destruidas antes de la vuelta de la democracia, y sobre posibles enterramientos clandestinos en las inmediaciones.
El edificio de dos plantas fue demolido hace casi 30 años pero se pudo conocer su ubicación a partir de esta denuncia y de fotos aéreas aportadas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
El Archivo Nacional de la Memoria elaboró un informe con documentación cartográfica y fotografías aéreas tomadas por ARBA que muestran que entre 1972 y 1997 existió la edificación ubicada frente a la Ruta Nacional Nº 8 y que fue demolida entre 1997 y 1999.
En Campo de Mayo funcionaron varios centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. La guarnición militar fue la sede del Comando de Institutos Militares y estuvo a cargo de la Zona de Defensa IV, que abarcó desde el norte del conurbano bonaerense hasta Zárate y Campana.
El CCD “El Campito” fue el más grande y fue derrumbado para ocultar su existencia al igual que este denominado “Puerta 8”. A esos se suman “Las casitas”, el Hospital Militar, donde un sector se utilizó como maternidad clandestina, y la Cárcel de Encausados, entre otros lugares destinados para la represión ilegal como el aeródromo militar desde el que se realizaron vuelos de la muerte.
Fuente Tiempo Argentino
