Desde el Movimiento por Telecomunicaciones Sanas (MoTeSa) informaron a Tiempo que -en en medio de la crisis que atraviesa el país- lograron acordar tres puntos con el Estado para tratar el tema de las antenas de telecomunicaciones que producen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, porque su uso en forma desmedida podría causar diferentes daños a la salud. Tal como vienen alertando, genera un impacto directo que pone en riesgo la vida humana, animal, vegetal y al ambiente.
El acuerdo consiste en revisar la normativa vigente «porque la actual quedó obsoleta en la sociedad actual», teniendo en cuenta que fue creada en 1995. También ponderan que la población ha evolucionado y crecido en gran manera en las últimas tres décadas.
A su vez, usarán estudios adicionales para el análisis, y que no sean solo los del Estado, por ejemplo, los del MoTeSa, entre otros. El Ministerio de Salud de la Nación continuará elaborando los informes como lo viene haciendo, pero de ahora en adelante, nutriéndose con información producida por distintos sectores.
Cómo está constituido MoTeSa
“Somos una institución cívica formada por habitantes de diversas localidades argentinas, estamos comprometidos en salvaguardar la salud humana y preservar el medio ambiente ante el aumento indiscriminado de fuentes de radiaciones de diversa índole”, contó Franco Giglio, abogado y coordinador del MoTeSa de la provincia de Mendoza, departamento San Rafael, en diálogo con Tiempo. Apuntó que para ellos las de mayor interés son “las radiaciones electromagnéticas no ionizantes».
El 7 de diciembre del 2022, por medio de una nota, pidieron al Ministerio de Salud de la Nación «que se actualice la normativa sobre radiaciones electromagnéticas no ionizantes, son las que producen las antenas de celulares que instalan la tres grandes empresas en el país y que vemos generalmente en las ciudades cerca de las escuelas, hospitales, plazas y muchos lugares públicos más”.
Audiencia tras el reclamo
Tras el reclamo, el 16 de junio de 2023 realizaron una audiencia, en la que los miembros de MoTeSa, junto a la Comisión Interamericana de Protección Contra los Campos Electromagnéticos (CIPRACEM), plantearon que existen estudios científicos de relevancia que «prueban la existencia de los daños que genera en las personas y en el ambiente». Incluso, aseguran, esto sucede en radiaciones de menor intensidad.
Expusieron la necesidad de que la Comisión Intersectorial Para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes (CIPERNI) emita el informe que dispone el artículo sexto de la resolución 674/2009 del Ministerio de Salud de la Nación.
También, que en consecuencia se emita un informe sobre el estado de situación en la Argentina y en el mundo sobre los efectos biológicos que podría causar en las personas la exposición a las radiaciones no ionizantes y a distintos campos electromagnéticos.
Sobre el uso desmedido de las antenas
Pidieron que se incluyera en el reporte el impacto de las tecnologías 2G, 3G, 4G y especialmente la tecnología 5G; “porque en el corto o mediano plazo se instalarán en el país cuarenta mil antenas con esta última tecnología, que sumadas a las veinte mil que actualmente existen completarán un total de sesenta mil”, enumeró y advirtió el abogado.
Es importante entender “por qué las tecnologías 2G, 3G, 4G y especialmente 5G son relevantes en este contexto”, señaló Giglio. Se debe a que estas denominaciones “refieren a diferentes generaciones de tecnología de telecomunicaciones móviles, cada una con sus propias características técnicas y niveles de emisión de radiaciones electromagnéticas no ionizantes”, detalló.
La preocupación específica respecto a la 5G es que «representa la quinta generación y tiene mayor capacidad de transmisión de datos, su infraestructura es más densa, lo que implica un mayor número de antenas distribuidas en áreas urbanas y esto generaría muchísimas enfermedades”.
Durante las últimas semanas Ushuaia prohibió el uso de esta tecnología. La decisión se tomó en el Concejo Deliberante que promulgó la ordenanza municipal 6317; que prohíbe la instalación de antenas de comunicaciones con tecnología 5G. Hasta el momento, cuatro municipios del país ya decidieron hacer lo mismo. El reclamo fue realizado por Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (Corte), de esa ciudad.
La resolución de Ushuaia fue celebrada durante los últimos días por Devra Davis, epidemióloga y toxicóloga estadounidense, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2007.
Tres puntos acordados
Por todas las solicitudes de MoTeSa, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un escrito el pasado 18 de noviembre de 2023. El mismo contempla tres aspectos principales, el primero es que la revisión de la normativa actual será discutida en el marco de la CIPERNI, considerando las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los estudios científicos recientes.
Segundo, se tomarán en cuenta investigaciones adicionales sobre los efectos biológicos de las radiaciones no ionizantes, especialmente aquellas que se desarrollen bajo la convocatoria Salud Investiga 2024.
Tercero, el Ministerio de Salud de la Nación seguirá trabajando en el informe sobre efectos biológicos que producen las radiaciones no ionizantes, pero lo hará involucrando a actores relevantes en la temática estudiada y basándose en información provista por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Así mismo, desde MoTeSa estarán atentos a que el Ministerio de Salud de la Nación “cumpla con la obligación de emitir un informe actualizado sobre los impactos en la salud y el medio ambiente de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes”, aseguró Giglio.
Manifiestan que la idea central de ellos es comprender mejor “los efectos potenciales de las tecnologías de telecomunicaciones actuales y emergentes, para garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger la salud pública y el medio ambiente”, sintetizó el abogado.
Estudios científicos y las enfermedades
“Nuestra organización se mantendrá vigilante y activa en su compromiso de informar y educar al público”, remarcó Giglio. Y acotó que seguirán insistiendo “para que se implementen políticas y normativas basadas en la evidencia científica más reciente”.
En este sentido, la revista Environmental Research de científica ambiental y de salud ambiental, publicó una investigación que alerta sobre los daños que producen las antenas de telecomunicaciones si no son bien administradas las radiaciones que emiten.
Según denuncias organizaciones y especialistas, las radiaciones electromagnéticas no ionizantes pueden llegar a producir cánceres, diabetes, deterioro cognitivo, alteración del ritmo cardíaco, cambio en la expresión genética, enfermedades cardiovasculares, daños en el ADN, aumento de los radicales libres, alteraciones en la calidad de los espermatozoides, abortos espontáneos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), asma, daños neurológicos, enfermedad de Alzheimer y autismo, entre otras enfermedades.
En los medios
Respecto al tratamiento de los medios de comunicación sobre la problemática, el letrado dijo que “en términos generales los medios de comunicación nacionales hacen oído sordo a este reclamo”. Y agregó que “por eso es de suma importancia tener empresas periodísticas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras”.
Explicó que algunos de ellos guardan silencio “porque tienen un interés muy importante por medio, como ser, el Grupo Clarín tiene acciones en Telecom”, señaló el abogado. Hay tres empresas de líneas de celulares, Movistar, Claro, y Personal: «esta última es del monopolio comunicacional que mencioné antes, es por eso que nunca trató ni va a tratar este tema a pesar de ser gravísimo, tanto para las personas como así también para el ambiente”.
Todo lo que es red 5G, «es cubierto porque brinda oportunidades económicas muy importantes y se excusan diciendo que lo hacen para que el país tenga inversiones de las empresas extranjeras que generen ganancias”, subrayó.
A nivel municipal ve que «muchas veces tienen incumplimientos respecto a la obligación de revisar que las antenas estén instaladas conforme a las normativa y esto tampoco es publicado por los medios de comunicación”.
Esto sucede, porque en muchos de los casos “los jefes comunales tienen buenas relaciones con los propietarios de estas empresas de telecomunicaciones. Además, algunos están alineados a los diarios que mencioné antes; de este modo quedan ausentes el Estado y los grandes medios periodísticos”, finalizó.
Fuente Tiempo Argentino
