El ministro de Defensa planea elevar la custodia en alta mar, en medio de las polémicas que la “ley ómnibus” plantea para el sector. Encuentro clave con Montenegro en Mar del Plata.
Mientras sigue la polémica en torno a la “ley ómnibus” entre la industria de la pesca y el gobierno nacional, el ministro de Defensa, Luis Petri se mostró el lunes con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Fue en la zarpada del patrullero oceánico ARA Contralmirante Cordero que inició una misión de control marítimo en el Atlántico Sur.
Previo a la zarpada, el ministro de Defensa recorrió la unidad, mantuvo contacto con la tripulación, participó de una maniobra en una lancha semirrígida para tareas de rescate marítimo y Visita, Registro y Captura (VRC). El Gobierno nacional planea la creación de un espacio interagencial y multidisciplinario para garantizar la protección y sustentabilidad de los recursos marinos, dijo el ministro.
Petri enfatizó la tarea de protección de la biomasa marina y de custodia de la soberanía que realiza la Armada junto a la Prefectura en aguas de jurisdicción nacional de la milla 200. Avanzó ideas de un plan en elaboración: “Más allá de la milla 200 tenemos la responsabilidad de empezar a cuantificar el daño ambiental por la depredación del recurso ictícola y exponerlo en los foros internacionales para garantizar mayores facultades más allá de la 200 a la hora de custodiar y preservar el medio ambiente y los recursos marítimos internacionales”.
De esto se había conversado en la primera reunión que tuvo lugar el 8 de enero pasado entre el ministro Petri y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, en el edificio Libertador, sede de Defensa. Un eje de la agenda fue que la vigilancia marítima debe contemplar el acceso al control de lo que sucede en aguas adyacentes a la 200, o sea alta mar, dado el riesgo que implica la depredación en la seguridad alimentaria. Es un área oceánica donde se ubican año a año centenares de pesqueros extranjeros a la captura de calamar illex y otras especies transzonales sin que se pueda conocer cuánto y qué desarrollo tienen las especies capturadas.
Se la denomina pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR) pero como ocurre en alta mar no hay instrumento jurídico para impedirlo, aunque la comunidad internacional busca soluciones de consenso. La llave está en poder iniciar estudios sobre el estado de la biomasa, según anticipó Petri, y alertar del impacto depredatorio con datos científicos para luego poder ejercer algún tipo de monitoreo de la actividad en alta mar.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO es la impulsora de iniciativas destinadas al control de la pesca INDNR “porque perjudica la seguridad alimentaria global y la conservación de las pesquerías”, según definiciones de la FAO. A este mismo fundamento -riesgo de las pesquerías por falta de control- aluden todos los actores del sector pesquero nacional para objetar la desregulación propuesta en la ley Ómnibus.
La iniciativa de LLA plantea: pesca libre en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) a cualquier buque de bandera previa licitación internacional y pago de canon, y que puedan descargar capturas nacionales en puertos foráneos. Abrir la ZEE a la pesca internacional sin que los desembarques del producto se hagan en puertos nacionales imposibilita el control sobre qué se pescó, el volumen de la captura y el estado de desarrollo de la especie capturada. Se produce en la ZEE el mismo vacío de control soberano que pretende subsanar el esfuerzo del ministro Petri en monitorear e impedir la depredación extranjera producida por la pesca INDNR en alta mar.
El intendente Montenegro, miembro de la familia naval, su padre fue oficial de la Armada, submarinista, también como jurista (fue juez federal) adhiere a la postura de crítica a la ley Ómnibus con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar que pone en cabeza del estado ribereño la obligación de velar por la protección y preservación del medio marino.
¿Cómo se piensa poder controlar el nivel de extracción si no hay obligación para descargar en los puertos del país? Es el interrogante unánime de la industria pesquera que objeta la reforma de LLA.
Fuente Ambito
