La calificación crediticia de Uruguay atraviesa este 2024 un nuevo desafío, luego de que las principales agencias de crédito mejoraran la nota del país durante el año pasado, otorgando un reconocimiento a la política fiscal del gobierno.
Tras haber dejado atrás la sequía en 2023, para este año la mira estará puesta en la campaña previa a las elecciones 2024 y el plebiscito del PIT-CNT por la reforma de la seguridad social, dos eventos que las calificadoras seguirán de cerca.
En ese escenario, Moody´s, que subió en 2023 la perspectiva de la deuda pública a positiva, tiene pendiente una revisión que podría darse este año o aguardar a 2025, ya realizada la votación y con un nuevo gobierno.
La expectativa sobre esta decisión es alta, ya que el vicepresidente y oficial de crédito superior de la entidad internacional, Jaime Reusche, valoró “ciertas fortalezas fiscales” en Uruguay y dijo que le “pisa los talones” a Perú, segundo del ranking en la región.
¿Qué piensan los economistas sobre la calificación en un año electoral?
Esta situación no pasa inadvertida en el mundo de las finanzas y por eso algunos economistas comenzaron a reflexionar sobre la posible mejora de la nota crediticia. A través de su cuenta de X, el integrante del Consejo Fiscal Asesor (CFA), Ignacio Umpiérrez, señaló que “es posible pensar en un upgrade” de Moody’s al valorar “el apego al marco fiscal y las mejoras en la política monetaria/inflación, en línea con lo que sugiere el spread soberano”.
Para Umpiérrez, el año electoral no debería influir significativamente y cree que el nuevo gobierno, sea del signo político que sea, debería “apuntar al A-/A3 robusteciendo el marco fiscal, señalando un objetivo de inflación más bajo y profundizado aún más la desdolarización de la deuda”, al alertar sobre “los costos de revertir o debilitar el marco fiscal”.
Sin embargo, hubo otras miradas más cautas. Es el caso de Rodrigo Saráchaga, de Personal Sherpa, quien recordó que Moody’s tiene hasta 24 meses para expedirse, con lo cual la revisión “puede quedar para 2025” a causa de las elecciones.
Si bien valoró que “ayuda que S&P ya tiene a Uruguay un notch arriba, lo que puede dar mayor confort para resolver”, alertó: “Creo que la incertidumbre sobre quién administrará el país a partir de 2025 pesará sobre las agencias calificadoras, que prefieren esperar a los acontecimientos antes que dar votos de confianza”.
En tanto, el analista independiente y consultor José Licandro validó esa teoría al considerar que “la incertidumbre electoral juega a favor de que sean cautos” y comparó: “Hay que recordar que estando la oposición en el gobierno, nuestro déficit estructural apuntaba a un crecimiento de la deuda y la inflación era más alta. Y casi perdemos el grado inversor por ello”.
El plebiscito por la reforma de la seguridad social, otro eje clave
Por otra parte, el plebiscito por el que junta firmas el PIT-CNT para dejar sin efecto la reforma de la seguridad social, que será votado este año, es otra de las pruebas a sortear, ya que las agencias validaron a esa ley como un compromiso institucional.
Al respecto, el economista Aldo Lema sostuvo que las calificadoras observarán “el eventual plebiscito por la seguridad social y su resultado”, así como también “calibrarán fortalecimientos de la regla e institucionalidad fiscal”.
Vale recordar que Constanza Pérez Aquino, analista de Standard & Poor’s, sostuvo meses atrás en diálogo con el semanario Búsqueda que “la calificación de Uruguay incorpora nuestra opinión de que la reforma de la seguridad social refleja el compromiso institucional y político de contener mayores presiones sobre el presupuesto”. En una línea similar, Fitch alertó que “el marco fiscal del país enfrenta una prueba en el período previo a las elecciones de 2024”.
Ante ese panorama, ya iniciado el año electoral, se abre el interrogante sobre qué camino recorrerá el país en los próximos meses y cuánto afectará el análisis de las calificadoras sobre el marco fiscal.
Fuente Ambito
