El plan de gobierno de Javier Milei desató un conjunto de azotes que impactan sobre la estabilidad del sistema educativo. El congelamiento del presupuesto 2023 -con una inflación anual del 211,4%- deterioró las posibilidades de las universidades públicas; la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) despertó la incertidumbre en profesionales de la educación y en gobiernos provinciales; la falta de convocatoria a una paritaria nacional impulsaron a una serie de medidas de fuerza.
En ese marco, la Cámara de Diputados busca determinar por ley la obligatoriedad de financiamientos que el Ejecutivo recortó. Esta semana ingresó en el recinto una iniciativa de la diputada nacional Danya Tavela (UCR – Provincia de Buenos Aires) para declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el presupuesto 2024, con la intención de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
El proyecto determina sostener una relación de 85% para gastos salariales y de 15% para gastos generales y de funcionamiento en los establecimientos e insta a aplicar una actualización bimestral que contemple el IPC (en un 50%), el promedio de tarifas de servicios públicos (en un 25%) y la cotización de la divisa de referencia para la importación (en un 25%). Asimismo propone una modificación del artículo 58 de la Ley 27.204 -sobre la responsabilidad del Estado en la Educación Superior-, determinando partidas acordes al número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida y las instituciones que tiene a cargo.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de diputados tanto del bloque de la Unión Cívica Radical como de Hacemos Coalición Federal: Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Rodrigo de Loredo, Margarita Stolbizer, Gabriela Brower de Konig, Ana Carla Carrizo, Nicolás Massot, Julio Cobos, Marcela Antola, Pablo Juliano, Martín Arjol, Pablo Cervi, Maximiliano Ferraro, Ignacio García Aresca, Esteban Paulón, Mónica Fein, Gerardo Cipolini, Melina Giorgi, Juan Carlos Polini y Natalia Sarapura. Ambas bancadas son fundamentales para que cualquier partido alcance el quórum en la Cámara baja.
El reclamo por el FONID llega al Congreso
Esta última semana los gobiernos provinciales contaron con una buena noticia al respecto del presupuesto para educación en sus distritos: un decreto prorrogó uno de los artículos de la Ley de Financiamiento Educativo y enviará, de manera automática, fondos a las provincias y municipios para proveer de recursos a los ministerios de Educación. Sin embargo, conservan su reclamo con respecto a la continuidad del FONID, creado en 1998 y con un impacto de hasta el 10% del sueldo docente.
Dentro del radicalismo propusieron dos propuestas para extender la vigencia del FONID: una de la propia Tavela y otra de Julio Cobos. El bloque sostiene su atención en Martín Menem, quien no ha conformado comisiones desde enero y supo dilatar la designación de los diputados representantes en la Bicameral.
En Hacemos Coalición Federal acusan no haber recibido respuesta aún a su iniciativa para tratar la extensión del FONID en la Cámara baja. Las negociaciones con la oposición menos acuerdista parecen girar bajo la órbita de Miguel Ángel Pichetto, pero, dado que tanto el Frente de Izquierda como Unión por la Patria también presentaron iniciativas para extender la vigencia del FONID, se descuenta que el proyecto tendrá media sanción ni bien se trate en el recinto.
Universidades nacionales en alerta
El año inició con un traspié para los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. A partir de una medida del Banco Central, que no prorrogó una excepción que habilitaba asistir a sectores públicos no financieros para el pago de salarios, se suspendió el mecanismo habitual de pago para el personal de unas 20 universidades nacionales (entre ellas, las de Rosario, La Plata, San Juan y San Luis), que permitía que reciban sus haberes el 1° de cada mes.
ley omnibus congreso diputados pichetto 31-01.jpeg
Ignacio Petunchi
A eso se sumó el reclamo del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que convocó a un paro por 24 horas para el 14 de marzo por “la profunda crisis salarial y presupuestaria” que atraviesan las casas de estudio y exige la inmediata convocatoria a paritarias libres por parte del Gobierno Nacional. Los representantes gremiales sostienen que, en un contexto de 51,3% de inflación bimestral, recibieron una propuesta de aumento del 16%.
A través de un comunicado publicado el mes de febrero, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ejemplificó las implicancias del congelamiento presupuestario. En 2023, destinaron $238 millones para limpieza, mantenimiento de ascensores, compra de pupitres, ART y gastos generales. En el 2024, tendrán esos mismos fondos, pero “con una proyección de inflación interanual de 250% para este año el funcionamiento de nuestra institución necesita al menos $645 millones, lo que nos deja un déficit estimado de $406 millones”. De replicarse estas cifras, las instituciones se verían imposibilitadas de finalizar el primer semestre sin endeudarse.
Finalmente, el Gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con la ejecución presupuestaria para poner en funcionamiento cinco universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo) creadas por ley en el 2023. La decisión llevó a referentes académicos a judicializar la intención del oficialismo de comenzar un “proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas” y la Justicia ya tomó recaudos: el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el pasado viernes una “medida cautelar interina” que obliga a la administración nacional priorizar la puesta en funcionamiento de la Universidad de Pilar.
Fuente Ambito
