La Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. (Ducsa) iniciará un juicio contra la Intendencia de Montevideo (IM) para recuperar el dinero pagado en concepto de la tasa de inflamables durante los últimos cuatro años, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara inconstitucional el tributo y la empresa no lograra llegar a un acuerdo con la intendencia capitalina al respecto.
Ducsa irá a juicio contra la Intendencia de Montevideo. Así lo adelantó el presidente de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), Alejandro Stipanicic, a VTV Noticias. El objetivo será recuperar el dinero pagado que, en las primeras estimaciones, sería de alrededor de 30 millones de dólares.
“Hay una cosa juzgada por la Suprema Corte, que la tasa ya desapareció”, recordó el titular de la empresa estatal, en relación al fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la tasa de inflamables a mediados del año pasado, luego de más de sesenta años de vigencia de dicho tributo. “La ley imperante nos permite hacer el reclamo por cuatro años atrás, hicimos el reclamo administrativo, iniciamos el proceso de conciliación, no hubo conciliación”, resumió el proceso de los últimos días.
En ese sentido, Stipanicic se mostró comprensivo con la decisión de la IM, pero resaltó que la prioridad, desde su cargo, es la subsidiaria de la empresa pública: “Es mucho dinero para la Intendencia, también es mucho dinero para Ducsa y bueno, iremos a juicio”, afirmó.
Consultado por los tiempos que puede demorar conocer un resultado en la Justicia, el presidente de Ancap consideró que dependerá de los “tiempos procesales”, pero que “puede llevar un año o más”.
Un acuerdo fallido
La imposibilidad de llegar a un acuerdo entre Ancap y la Intendencia de Montevideo respecto del dinero pagado por la tasas de inflamables durante los últimos cuatro años se conoció el miércoles, luego de que la audiencia de conciliación frente al reclamo de casi 30 millones de dólares por parte de la empresa estatal a la comuna no tuviera resultados positivos.
El reclamo de Ducsa se ampara en el fallo de la SCJ de junio, que habilitó a la distribuidora a solicitar la devolución del dinero pagado en concepto de la tasa de inflamables con una retroactividad máxima de cuatro años.
En el ámbito judicial, la empresa subsidiaria de Ancap sostuvo que la IM carecía de potestad constitucional para crear un tributo que, además, no tenía una contraprestación directa en términos de la actividad.
En ese sentido, la empresa consideraba que la tasa de inflamables no disponía de un servicio efectivo divisible y medible por parte de la IM hacia los contribuyentes de dicho tributo. Además, no establecía el destino del dinero recaudado y no se dirige a cubrir las necesidades del supuesto servicio de contralor de seguridad de vehículos que transportan productos inflamables.
En la demanda, Ducsa también insistió en que la tasa generaba una importante distinción y que gravaba a los dueños o remitentes de productos inflamables con el 1% del precio de venta, pero no así a otros sujetos que transportan y venden otros productos similares.
Fuente Ambito