En la anteúltima audiencia de apelaciones ante la Cámara de Casación, la defensa de Lázaro Baez pidió que se revoque la condena a seis años de prisión efectiva para el empresario patagonico.
En duros términos, el abogado Juan Villanueva centró su argumentación en la falta de peritaje contundente para demostrar sobreprecios en las obras otorgadas a Lázaro Baez en Santa Cruz. Recordó que el mismo Tribunal Oral Federal 2 admitió que el estudio oficial estuvo mal hecho y que, para salvar la situación, improvisó un peritaje al momento de la sentencia. “El tribunal fue a ponerle el hombro a la fiscalia”, advirtió el defensor. Lo cual no tiene precedentes en la Justicia penal, sobre todo porque “los jueces son abogados, no son ni ingenieros ni contadores”. Para Villanueva “todo es un invento”. Dijo que fracasó el peritaje oficial y los jueces “no pudieron ni si quiera inventar sobreprecios en las 5 obras de muestra”.
El abogado exhibió cuadros y valores de ítems de obras para demostrar que el estudio en el que los jueces de primera instancia basaron la existencia de sobreprecios es inconsistente y tiene “graves errores”. “¿De qué sobreprecios hablan si sacaron algunos ítems de obras e inventaron otros?”, se preguntó. Para Villanueva hay serias contradicciones en el fallo. Dijo que el mismo tribunal admite en la sentencia que no puede corregir la pericia porque no tiene las herramientas ni el conocimiento técnico. Sin embargo, “así y todo los jueces improvisaron un peritaje en forma extemporánea y sin control de ninguna de las partes. Lo que debiera ser la prueba estrella en un juicio por administración fraudulenta, no existió”, aseguró.
El defensor de Baez afirmó que hubo una “errónea valoración de la prueba” y una “renuncia consciente a la verdad material”. En ese sentido mostró más de una decena de planillas con detalles de las obras investigadas y buscó demostrar que los cálculos para concluir sobreprecios estuvieron mal hechos.
“La acusación no se pudo probar”
Por otra parte, el defensor advirtió que se incurrió en cosa juzgada ya que 49 de 51 obras ya habían sido investigadas por la Justicia Federal de Santa Cruz. Ademas, denunció el incumplimiento de las normas y derechos procesales. Para Villanueva hubo una “creación pretoriana de reglas procesales durante el juicio”.
Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetabeña, el abogado expresó: “¿De qué sobreprecios me estan hablando? La acusación no se pudo probar. La pretensión de condena de la fiscalia es inviable en términos probatorios”. Y reclamó que los integrantes de la Sala IV de Casación “revisen la sentencia errónea e infundada”, ya que, advirtió “la sentencia condenatoria no tiene fundamento científico”
El fallo del TOF2 estableció que hubo 831 millones y medio de pesos de perjuicio al Estado y habló de cartelizacion en las licitaciones y sobreprecios en tres tramos de la ruta 3. Lo que advirtió la defensa del dueño de Austral Construcciones es que se llegó a esa conclusion en forma equivocada, por muestreo y con una pericia que improvisó el Tribunal.
Para Villanueva “la fiscalía no pudo determinar la existencia de un solo sobreprecio en cuatro años de juicio” y el Tribunal tampoco quiso comparar con licitaciones de obras de otras empresas en otras provincias. “El fiscal Luciani dijo que pesó la prueba y que había tres toneladas. Nosotros no teníamos balanza, así que fuimos a leerla”, dijo irónico el abogado. Y advirtió que la prueba de que no hubo sobreprecios está en el sistema oficial de valores de items de obra, denominado SIGO, que depende de Vialidad Nacional. Y dijo que cuando pidió incorporarla al expediente la fiscalía se negó y el tribunal no lo dejó ver las obras de todo el país para comprar. En ese sentido recordó que la prueba “está ahí, al alcance de la mano”. Y que solo hay que pedirla a la DNV, ya que se trata de información pública. Para Villanueva la fiscalía quiso ocultar esta prueba porque demostraba que se habían pagado valores de mercado.
Luego de más de una hora y media de exposición, el defensor pidió “que el tribunal revoque esta página vergonzosa de la historia judicial argentina”.
Fuente Ambito
