Los organismos internacionales apuntan hacia Uruguay por la polémica ley de medios votada en el Senado, particularmente por el artículo agregado por Cabildo Abierto que podría implicar censura. En un comunicado, llamaron al Parlamento a fomentar las disposiciones internacionales de derechos humanos.
Un comunicado firmado por los representantes de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo y el representante regional para América del Sur Alto Comisionado de Naciones Unidas, Ernesto Fernández Polcuch y Jan Jarab respectivamente; señaló la necesidad de rever el contenido de la nueva ley de medios votada hace unos días en el Senado y que, debido a las revisiones, deberá regresar a Diputados para su sanción definitiva.
El motivo es la preocupación de que se haya tramitado el proyecto “sin un debate previo” —algo también criticado a nivel del oficialismo, que prefirió avanzar rápidamente mientras contaba con los votos y trató la iniciativa en el plenario sin pasar por comisión—; pero también por el hecho de que el texto legal es contrario “a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
El punto de discordia fundamental es el artículo 72, el agregado a pedido de Cabildo Abierto a cambio de sus votos positivos necesarios para lograr una ley perseguida hace más de tres años. El mismo, que afirma que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, parcial y equilibrada entre los actores políticos”; “podría implicar censura previa” ya que el Poder Ejecutivo tendría la facultad de determinar los contenidos que emitan los medios de comunicación.
Este aspecto, muy criticado entre los diferentes partidos uruguayos, tanto opositores como oficialistas, fue el señalado por los organismos internacionales. Aunque también cuestionaron que se regule a favor de la concentración mediática empresarial, al tiempo que “reduce la transparencia gubernamental” respecto al otorgamiento de licencias de radio y televisión.
“Hacemos un llamado a los miembros de la Cámara de Representantes, quienes deberán votar sobre este proyecto de ley, para que fomenten las disposiciones internacionales de derechos humanos, así como su posterior consideración en consulta con los actores sociales, incluyendo medios, periodistas y sus asociaciones”, añadió el texto.
Además, ambas organizaciones expresaron quedar “a disposición para el apoyo técnico y participación en el marco de un futuro debate sobre este proyecto de ley”.
El posible veto presidencial
El veto del presidente Lacalle Pou ha sido la salida elegida para las últimas cuestiones controversiales dentro del Parlamento, con el objetivo de mantener la paz dentro de la coalición y de dejar, asimismo, libertad de acción en el Parlamento. Los ejemplos más recientes fueron el veto parcial para la inhibición a los fiscales de desempeñarse como abogados en el ámbito privado, introducido en la última Rendición de Cuentas; y el veto, también parcial, al proyecto que estableció una cobertura económica para los extrabajadores de Casa de Galicia.
Por eso mismo, para los legisladores oficialistas, el veto puede ser el freno para un artículo que “no aporta nada a lo que es una muy buena ley” y que “cae en el error de pretender que los medios cumplan determinadas reglas”, según señaló a El País el diputado Iván Posada, del Partido Independiente. Para el legislador, el aditivo cabildante resulta “inoportuno e innecesario”.
Tampoco los diputados del Partido Colorado Ope Pasquet y Martín Melazzi están de acuerdo con el artículo 72 que censura la libertad de expresión, y afirmaron que respaldarían un eventual veto ante el nulo margen de acción que quedó para la Cámara de Diputados: es que la media sanción con modificaciones en el Senado tras la aprobación en diciembre en la Cámara Baja deja a esta última con el rechazo en bloque de todo el proyecto como la única alternativa para echar atrás el aditivo de Cabildo Abierto. Una opción que, de todos modos, no estaría descartada del todo, en tanto los votos aún no están garantizados.
En el Partido Nacional ya hay voces que respaldaron la posible y eventual decisión de salvar la ley de medios evitando la polémica del artículo 72 a través del veto presidencial que, de llevarse a cabo, también podría constituirse en un problema de otro tipo: sería el tercer veto presidencial a una norma promovida por los cabildantes, en tiempos, además, en que cada gesto puede ser determinante para la unidad de coalición de cara a las elecciones.
Fuente Ambito
