El tenso desenlace de un debate en comisión por la actualización de las jubilaciones podría transformar a la próxima sesión del Senado en un dolor de cabeza para el Gobierno Nacional. El temario previsto para este jueves a partir de las 11 tiene que ver con el acuerdo para 33 ascensos de militares y designaciones de diplomáticos. También para debatir una reforma al Código Penal que aumente las penas contra la sustracción o trata de menores de edad. Sin embargo, se reabrió una pulseada que impactará en el recinto de este jueves.
Este miércoles comenzó el tratamiento en comisión de la fórmula de movilidad de las jubilaciones que la Cámara de Diputados aprobó por dos tercios, a partir de una demostración de fuerza de la oposición que combinó voluntades de radicales, peronistas, y de Hacemos Coalición Federal. La nueva fórmula de actualización jubilatoria, a contrapelo de los planes del oficialismo, fue aprobada hace un mes por 160 respaldos, 72 rechazos y 8 abstenciones.
Fue en la madrugada del 5 de junio. La media sanción fue girada al Senado y desde entonces la vicepresidenta, Victoria Villarruel, buscó estirar los tiempos hasta el plenario de comisiones de este miércoles. Intentó despejar la sesión de este jueves de una arremetida opositora por la polémica previsional, pero la oposición buscará lo contrario y propinarle otra derrota legislativa.
Foto: Prensa Diputados
El fantasma del 14 de marzo sobrevuela la debilidad estructural que tiene el oficialsimo con 7 bancas sobre 72 y la necesidad de mantener los acuerdos pactados. Ese día fue rechazado el DNU 70/23 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones. El decreto sigue en pie porque la Cámara Baja sigue sin tratar el tema, pero desde entonces Villarruel sabe que los errores de coordinación con la Casa Rosada se pagan caro en el Senado. El revés del DNU 70/23 desnudó una dura interna con el presidente Javier Milei, que ambos acordaron apaciguar.
Ahora la titular del Senado tiene que moverse con una soga muy corta. Apenas Milei supo de los dos tercios en Diputados, consideró a los 160 votantes positivos de «degenerados fiscales» y anticipó que vetará el texto si es sancionado. La demostración de fuerza superó los dos tercios y le puso una vara muy alta al desafío que lanzó Milei.
Para ganar tiempo, Villarruel demoró los giros del expediente y finalmente eligió a la comisión de Trabajo y Previsión Social como la instancia de cabecera de un trámite que ineludiblemente debía pasar por Presupuesto. Los tiempos se achicaron desde que el radical Eduardo Vischi presentó un pedido de sesión para tratar el texto aprobado en Diputados. Villarruel no está obligada a convocar a una sesión si recibe una solicitud. No es como en la Cámara Baja. Por eso frenó el pedido de Vischi y se tomó su tiempo para definir los giros.
Esa fase del operativo para estirar la tormenta terminó este miércoles con el plenario de las comisiones que preside la macrista Carmen Álvarez Rivero y Ezequiel Atauche de La Libertad Avanza. El peronismo buscó acelerar el debate y llegar a la firma de un dictamen en ese mismo plenario, pero el oficialismo volvió a recibir los aportes del salteño Juan Carlos Romero, que planteó «al menos» una reunión informativa con especialistas. El radical Martín Lousteau, que presentó un proyecto alternativo, cuestionó el interés del oficialismo para estirarlo pero finalmente la reunión terminó entre gritos porque Álvarez Rivero aseguró que no había cuórum y que no podían avanzar.
El peronista José Mayans la acusó de desconocer el reglamento, pero se levantó la reunión con la promesa de una próxima reunión informativa para la semana próxima. Los titubeos del oficialismo cayeron pésimo a peronistas y radicales.
El interbloque de UxP repudió la ausencia de un dictamen de mayoría y buscará este jueves debatir el tema sobre tablas. El tratamiento en el recinto sin dictamen requiere de dos tercios, pero es precisamente el número que la oposición podría tener en el Senado para aprobar los cambios en la fórmula jubilatoria que Milei pretende vetar.
Además de los ascensos y designaciones, para la sesión de este jueves se espera el debate de un dictamen para reformar el artículo 139 bis del Código Penal. La reforma «prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa», entre otros puntos.
Fuente Tiempo Argentino
