Leonel Iesari es el abogado de los narcotraficantes conocidos como «Los Monos», de Rosario. Dos de los integrantes de la banda se encuentran detenidos en el pabellón «C», módulo VI, del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Permanecen -junto a otros 13 presos- en huelga de hambre desde el pasado 11 de julio. Fue la medida que adoptaron para reclamar sus derechos ante la aplicación del nuevo Sistema de Integridad de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que funciona desde enero de este año.
En una entrevista con Tiempo, el letrado expresó su repudio a la visita de los diputados del oficialismo a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. También denunció que presentaron un habeas corpus colectivo y que, hasta el momento, «la Justicia Federal de Lomas de Zamora no se ha expedido al respecto».
Iesari representa legalmente a Carlos Damián «Toro» Escobar, uno de los jefes de la barra brava de Newell’s, ligado a «Los Monos», y a Jonatan «Gordo» Brezik, familiar de la misma banda. Ambos se encuentran en la cárcel de Ezeiza. También representa a Ariel Máximo «Guille» Cantero y Luciano Uriel Cantero, que se encuentran en el penal de Marcos Paz.
– ¿Cuál es la situación actual de sus defendidos que están en el penal de Ezeiza?
-La situación de mis defendidos que están en el penal de Ezeiza no ha cambiado. Ni siquiera tuvimos respuestas del habeas corpus colectivo que presentamos ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Si tuve una audiencia por Carlos “Toro” Escobar, en el Tribunal Oral Federal N°1, donde tratamos algunas de las cuestiones. Hablamos sobre el tema de las visitas con sus hijos menores que pueden pasar por el scanner de la requisa. Por lo cual, el juez lo autorizó y lo ordenó. Sin embargo, la situación sigue igual, no se ha modificado en nada, lo que resulta lamentable. También tengo a otros defendidos que integran la misma banda –“Los Monos”- en el penal de Marcos Paz, donde al menos nos hicieron lugar a que ingresen algunas remeras y shorts blancos. Son algunas prendas aparte de lo que les provee el SPF. En Ezeiza todavía siguen bajo el mismo régimen, con restricción de alimentos, las comunicaciones de 5 a 20 minutos semanales con sus familias. No hubo ningún tipo de cambio. Además, me preocupa que los penitenciarios le sustraigan sus pertenencias personales de manera ilegítima, que mis defendidos denominan que es parte “del verdugueo” que están sufriendo.
-Comente un poco sobre lo que sus defendidos le cuentan cuando hablan con usted.
-En el módulo 6 pabellón C de Ezeiza lo tengo a Jonatan “Gordo” Brezik y a Carlos Damián “Toro” Escobar. Ellos manifiestan todo el tiempo la disconformidad con el régimen que les aplicaron. Me dicen que no llegan a comprender en su totalidad la situación que están viviendo. Reconocen que cometieron los delitos por los cuales en algunos casos están condenados y en otros procesados, pero reclaman que eso nada tiene que ver con la comida, la ropa, la comunicación telefónica y el contacto con sus familiares. El mayor reclamo es por las visitas íntimas con sus parejas. La política de turno adoptó para luchar contra el narcotráfico la reducción de comida, el cambio de vestimenta, la no realización de actividades y que estén encerrados en sus celdas individuales 20 horas por día. Lo que me resulta totalmente ilógico, una vergüenza. Hace poco, Brezik se autolesionó porque le sacaron una pequeña radio, luego se la autorizaron, después cambió el jefe penitenciario y se la volvieron a sacar. Una locura. A la vez, hay una medida de su Juzgado que dice que se la tienen que devolver, pero no lo hacen. Mis defendidos piden ser trasladados a la cárcel de Santa Fe, lo hacen sabiendo que el régimen es restrictivo respecto a las visitas y las comunicaciones. Explican que quieren eso porque antes de estar confinados en Ezeiza, para al menos estar cerca de sus familias.
– ¿Tienen pensada alguna estrategia para seguir reclamando?
-Ya hemos agotado casi todas las instancias de la Cámara Federal de Casación Penal. Analicé la cantidad de denuncias realizadas, testimonios, situaciones ocurridas en Santa Fe, en Ezeiza y también en Marcos Paz. Como resultado de ello, considero que tenemos que realizar una denuncia ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que intervengan en carácter urgente y que puedan mediar para resolver el conflicto. Porque nada justifica que les recorten el contacto con el exterior por sus perfiles criminológicos. Eso no puede ser de manera permanente ni de por vida; teniendo en cuenta que muchos de los detenidos están con condenas largas. No puede ser así porque es irracional. Tiene que haber algún tipo de progresividad de la pena privativa de la libertad. Lo que yo entiendo es que es una trampa y el régimen que les impusieron es contradictorio al espíritu del derecho penal. Porque el régimen que aplicó la ministra de Seguridad de la Nación no permite que se modifique la situación. Hace casi 8 meses que los detenidos están en un régimen totalmente negativo. Además, tampoco comparto la negociación de que puedan tener una remera o un kilo más de carne, porque no es justo.
– ¿Cuál considera que sería la salida más saludable a la huelga de hambre?
-La salida más saludable, como en todo conflicto, es tener una conciliación entre todas las partes. Para evitar complicaciones jurisdiccionales por realizar presentaciones similares en distintas jurisdicciones, porque eso genera un desgaste. Resulta así para todas las partes, para la fiscalía que tiene que contestar los traslados, también lo es para las defensorías públicas y privadas. Lo mismo para el servicio penitenciario que tiene que hacer los movimientos de internos hacia las salas de videoconferencias, los habeas corpus, los informes, entre otras cuestiones. Me parece que todo eso genera un desgaste. También existe la figura del referente del pabellón, al que les dicen limpieza, es quien podría representar al resto de los presos en una reunión para tratar el tema. Y, entre todos, tratar de ir mediando y negociando algunos puntos.
– ¿Qué piensa sobre la visita de los funcionarios políticos del oficialismo a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en relación a la situación en la que se encuentran sus defendidos que están en el mismo penal de Ezeiza?
-Considero que cae mal en base al objetivo que tuvo esa visita. Porque no está mal que personas que están dedicadas a la función pública tomen conocimiento de unidades penitenciarias a los fines de evaluar el sistema de encierro y dictar políticas, crear leyes o distintas medidas. Ahora, creo que es totalmente negativo y repudiable el propósito con el que fueron. Fue una visita con personas que están condenadas, en algunos casos, por más de 30 muertes. Observé que los genocidas no tenían puestos uniformes estigmatizantes como los tienen mis defendidos que, por una cuestión de política criminal, social y de clases, se los tiene de esa manera tan cruel. Los genocidas se encuentran en un régimen normal, pueden leer, escribir, y hasta redactar un proyecto de ley para pedir sus arrestos domiciliarios, no lo veo mal, porque también tienen derechos. Pero si a esto lo comparamos con la situación de los detenidos que están por delitos graves, que obviamente han causado daños a la población de una ciudad, los genocidas lo hicieron en todo el país. Con todas las herramientas y libertades que el SPF les da a los genocidas, si vamos a la cuestión de la seguridad, ellos podrían poner en crisis a todo el país en base a un partido político o ideología. Por lo cual notamos claramente, que hay una doble vara. Visitaron solo a los genocidas, no a otros detenidos considerados de alto perfil de riesgo. Entonces no lo hicieron para pensar nuevas políticas carcelarias. Lo repudio enérgicamente.
Fuente Tiempo Argentino