Tras la insistencia de la oposición, finalmente este martes comenzó el debate sobre la visita de seis diputados libertarios a represores presos en el penal de Ezeiza en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside la diputada del Pro Silvia Lospennato. En el marco de una reunión de carácter informativo, donde se escucharon a tres autores de los tres proyectos presentados en la comisión, el kirchnerismo denunció un plan estratégico del oficialismo para liberar represores.
Desde el oficialismo, legisladoras que integraron la comitiva insistieron en fue una «visita humanitaria para conocer las condiciones del penal» y que nunca se les informó cuáles eran las identidades de las personas que visitaron ni las condenas.
La primera en exponer fue la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley, que junto a su compañero de bancada Martín Soria presentaron una iniciativa para “solicitar las investigaciones correspondientes”. La legisladora manifestó que la visita “fue parte de un plan estratégico» a fines de que el gobierno presente un proyecto de ley en el Congreso o un decreto firmado por el presidente Javier Milei para otorgar la libertad a estos genocidas.
Siley contó el entramado del viaje de los legisladores a Ezeiza y en ese sentido indicó que todo comenzó en el mes de febrero: “El primer grupo de WhatsApp lo creó el obispo Javier Olivera Ravasi. En el grupo denominado ´comida informal con padre Javier por milit´ estaba integrado por este sacerdote, 13 legisladores, un ex camarista federal y dos abogados de los represores”.
“Ese grupo se usó para armar una reunión, que fue el 14 de marzo, en la que se determinó el objetivo, según lo extraído de los chats, que eran de promulgación por parte del presidente de un decreto que reglamente el famoso pacto de San José de Costa Rica donde, sin necesidad de mencionar a militares, plantee lo que nuestra misma Corte Suprema viene aplicando acerca del plazo legal para ser condenado en última instancia en Argentina o la promulgación de una ley. El beneficio de este plazo razonable no sería sólo para militares sino también para legisladores, políticos, empresarios que en el último año se han visto envuelto en actividades non sancta”.
En la misma línea, el presidente del bloque de UxP Germán Martínez señaló: “Estamos ante un hecho gravísimo que arranca en los posicionamientos políticos en la Cámara de Diputados con la vivista del 11 de julio a los genocidas, pero que estamos en presencia de una constelación de hechos concatenados con una finalidad especifica. Y la gravedad de lo que estamos intentando investigar, pero lo que puede pasar es que no tenga una respuesta institucional de la misma jerarquía”.
En ese punto, Martínez afirmó que “las personas que fueron a Ezeiza le digan a esta comisión lo que saben. Intentar meter tierra de bajo de la alfombra o recurrir a interpretaciones reglamentarias para evitar investigar la responsabilidad que cada uno ha teniendo es evitar tener la posibilidad de sanciona (a los legisladores implicados).
Una libertaria apuntó contra Martín Menem
Acto seguido, la libertaria Lourdes Arrieta, protagonista de la polémica visita, pidió «perdón a aquellos que se sintieron molestos» y apuntó a la institucionalidad de la Cámara de Diputados.
Impulsora de uno de los proyectos que propone crear una comisión para investigar lo sucedido, sostuvo: “Creo que si quiere pedir explicaciones deberían comenzar con quienes organizaron, quienes brindaron las herramientas para que esta visita se diera acabo o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado” al tiempo que apuntó contra Martín Menem y Beltrán Benedit.
“Nosotros no nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin aval político, soy una persona que respeta la institucionalidad”, agregó al tiempo que comentó: “Recién trate de pedir una combi para 10 personas, solamente es hasta 4 pasajeros, por lo que es evidente que alguien autoriza el transporte para hacer visitas».
En tanto desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López señaló: “El debate es político, jurídico y constitucional, es de cuanto tiene que tolerar la democracia en relación a las ideas, representaciones que esgrimen de algunos dirigentes políticos, en este caso son diputados”.
“Estamos en los límites de lo que tenemos que tolerar. A mí me violenta esta discusión, no hay dudas de que el pacto democrático está vigente y hay que cuidarlo, pero mi posición es que no tenemos poder para evaluar las visitas de los diputados en tanto y en cuanto estén visitando en lugares públicos a personas que estén purgando penas graves en el marco del estado de derecho, pero por más que sean imprescriptibles, por más que nos den asco o ninguno de nosotros los fuera a visitar”, concluyó.
En vereda contraria, desde el radicalismo, Carla Carrizo afirmó que “no alcanza con el repudio, es un tema que hay que discutir políticamente y no moralmente, ni siquiera penalmente, ya que ese es el articulo 66 de la constitución nacional. Obvio ese es el debate porque quienes fueron representan la institución en democracia y no fue una visita privada”.
La discusión sobre constituir una comisión especial para investigar los hechos denunciados continuará el viernes en una reunión de asesores. Sin embargo, al cierre del encuentro, Lospennato dejó en claro que el encuadre que corresponde a la capacidad de establecer sanciones a los miembros de la Cámara Baja, establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional es competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “En esta comisión podemos juzgar títulos antes de que asuman los diputados, pero todo lo que tiene que ver con lo que sea sobreviniente a su asunción corresponde a otra comisión”, aclaró.
Fuente Tiempo Argentino
