En la previa a la audiencia que se llevará a cabo en el Senado para la nominación de Ariel Lijo para ocupar una poltrona en la Corte Suprema, varias provincias que mantienen litigios activos en la secretaría de juicios originarios hicieron ingresar, en las últimas 48 horas, pedidos de reunión de los gobernadores con los miembros del máximo Tribunal.
La señal de largada para los mandatarios provinciales –que según pudo saber Ámbito corresponden al menos a cinco distritos de centro y Mesopotamia que circularon, anoche, por sus respectivas Fiscalías de Estado- fue la convocatoria a la audiencia que se llevará a cabo este jueves entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para resolver el destino del caso por los fondos coparticipables. Allí están convocados Luis Caputo por Economía y el jefe de Gobierno Jorge Macri.
La temática que esgrimieron en las solicitudes fue por asuntos de fondos adeudados y también previsionales, como tópicos dominantes para solicitar los encuentros individuales que, según se informó en medios locales, es en carácter de urgente. Actualmente, hay 18 provincias que están enlistadas en originarios con diversas demandas, por lo que no se descarta que los pedidos de audiencia con la Corte sumen más adhesiones y atiborren la mesa de entradas del Palacio de Tribunales.
Si este escenario se concreta, mandatarios como Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Gustavo Valdés, Claudio Poggi, Leandro Zdero, Hugo Passalaqua, entre todos los que abrieron litigios por fondos, busquen su “dia en la Corte” para explicar sus posiciones y reclamos a la Casa Rosada.
Garcia Mansilla con techo bajo
Todo este movimiento se da en el marco de las audiencias públicas fijadas en el Senado para Lijo y Manuel García Mansilla, con una semana de diferencia. La primera es la que más revuelo provocó fracturando transversalmente los bloques. Sobre García Mansilla, las expectativas son bajas a partir de un propio relevamiento que hizo la propia Universidad Austral que peinó la cantidad de voluntades a favor y se chocó con un tope de 24 votos, lo que le pone techo a sus chances.
Las 24 horas previas siempre fueron frenéticas cuando se trata de los hitos en el proceso de cobertura de vacantes del máximo Tribunal. Siempre funcionó con ese nivel de tensión con el Congreso como plateau, que agregó ingredientes como la conformación de autoridades para la comisión bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia que delineó acuerdos de bancadas entre el kirchnerismo y los radicales que depositaron a Martín Lousteau a la cabeza, secundado por Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli, laderos de Cristina Kirchner. Se recortó en ese escenario la figura de Emiliano Yacobitti como el gestor de ese acuerdo que desairó el diseño que el asesor presidencial Santiago Caputo había imaginado para el control de la flamante SIDE y sus fondos reservados.
Esto se leyó –de cara al poroteo de votos definitivo por los avales- como un reacomodamiento de piezas motorizado en torno a la propia propuesta de Javier Milei para completar la Corte. Mientras los gobernadores apuran reuniones, los senadores tienen juego propio: ingresa en el toma y daca para juez de la Corte el resto de los cargos en juego que el gobierno de LLA no cubrió desde el inicio de su gestión. Tal como informó Ámbito, a las 50 ternas retiradas del último tramo de Alberto Fernández, se les sumaron las 55 elevadas por el Consejo de la Magistratura en el primer semestre. Pero a eso se adicionan una treintena de cargos para el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, respectivamente.
Tironeos en el Senado
De los 24 senadores que deben renovar banca en 2025, el 80% es consciente de que podría quedar afuera de una nueva lista por lo que, en la realpolitik, quedarse con la manga de un defensor oficial puede ser de mucha utilidad. Mucho más, haber negociado el ingreso de un fiscal apuntando al valor del cargo dentro de un sistema acusatorio, lo que implica en la praxis de negociación la equivalencia con un juez.
En toda esa secuencia no pasó desapercibida la visita de la vicepresidente Victoria Villarruel al Colegio de Abogados de la calle Montevideo en una jugada a dos bandas: profundizar la diferenciación en la interna con Javier Milei y fustigar como candidato a Ariel Lijo en la sede de una de las entidades que enarboló el rechazo a su candidatura. En ese almuerzo circuló como dato que, pese a ser una nominación de estricto peso político, el rol de Lijo como juez de instrucción en el fuero penal, genera que por la propia reglamentación quede excluido de intervenir en casos que escalen a la Corte que puede luego integrar.
Eso le quita aliciente a la idea de un pacto en ciernes que tenga efecto futuro en los expedientes. Y explica por qué Mauricio Macri salió fuerte al cruce de la nominación con la certeza de efecto nulo tanto en la causa Correo como la reciente denuncia de Mariano Macri contra su familia, sorteada en el juzgado de Lijo. El argumento de que el juez federal llega para “defender” a la política encuentra allí un obstáculo de la mentada excusación. Eso no quita que la jornada en la audiencia esté plagada de cruces que evidencien el estado de fragmentación entre los bloques que el pliego generó. Si las alianzas pueden tender puentes el camino hacia un dictamen puede estar más allanado, aunque esa firma también está atada a la suerte final del pliego en el pleno.
Fuente Ambito
