La falta de urbanización es un padecer cotidiano en los barrios populares. Hay días más difíciles que otros, como los días de tormenta, sobre todo para quienes deben salir con un familiar con discapacidad para llevarlo a un tratamiento. Es el caso de una vecina del barrio Cumba de la localidad bonaerense de Pehuajó. Tiene que llevar en brazos a su hijo de 13 años por cinco largas cuadras en medio del barro intransitable de las calles sin asfalto. Pero la mayor impotencia que siente es que en realidad podrían estar ya arregladas.
La total paralización de más de 30 mil obras públicas que eran financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) impide el acceso a los servicios básicos de unas 330 mil familias del sector más vulnerable de la sociedad.
Con esta preocupación, la Mesa Nacional de Barrios Populares se acercó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Con su acompañamiento, inició un amparo que durante los primeros días de octubre fue inscripto como colectivo y permitió que se sumaran más afectados. Hasta el momento, los barrios que demandan al Estado por la desfinanciación del FISU son 37 en diferentes provincias.
El fin de la obra pública y el impacto en barrios populares
“El disparador fue el Decreto 193/24 que desfinanció la política que venía llevando la Secretaría de Integración Social Urbana. La gestión de (Javier) Milei además de paralizar toda la obra pública desfinanció específicamente esta política al reducir del 9% al 0,3% lo que se destinaba del Impuesto País para financiar las obras de integración socio urbana”, contó a Tiempo Luna Miguens, directora del área de Tierra y Vivienda del CELS.
Al barrio Cumba le siguieron como demandantes vecinos de Moreno y Mercedes, y luego otras localidades del conurbano, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut. El amparo apunta a que se garantice el financiamiento de la política y que se reactiven las obras. Fue planteado «desde el punto de vista de la representación colectiva de toda la población que habita en los diferentes barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares y eso permitió que después el juzgado de Pehuajó lo inscribiera como un caso colectivo y llame a todos los interesados a sumarse”, explicó Leonel Bazán, abogado del CELS.
Sin fondos
La paralización de las obras públicas profundiza las condiciones adversas de un barrio, como sucede en Moreno donde se dejó una zanja abierta con escombros acumulados en la mitad de una calle donde iba a pasar un pluvial. “La mayoría de las obras que estaban previstas y quedaron suspendidas tenían que ver con asfaltos, veredas que hacen a la dificultad del ingreso y egreso a las viviendas, pero también de ambulancias o patrulleros por temas de seguridad, camiones de residuos”, apuntó Bazán. Algunos barrios que iban a ser relocalizados por las condiciones ambientales de grave vulnerabilidad que registran, no fueron trasladados.
Es el caso de un barrio en Mercedes ubicado a la vera de un canal que recibe afluentes del río Luján.
Por eso enfatizan que la desfinanciación de esta política ataca no sólo el derecho a la vivienda. Según Miguens, las vulneraciones abarcan incluso a la posibilidad de trabajar, educarse, a la salud, al agua potable, “todos los derechos asociados a tener un lugar dónde dormir, dónde desarrollar tu vida están afectados”.
La centralidad del FISU
“Esta política que se inició a partir del relevamiento nacional de barrios populares y que tiene al fondo fiduciario como instrumento de financiamiento viene a abordar un problema que se venía desconociendo”, aseveró Miguens. Por su intermedio se logró saber con exactitud cuál es la escala del problema «y contabilizar cuántos barrios populares hay sin las condiciones adecuadas en términos de servicios y habitabilidad».
La especialista remarca que el FISU fue un salto que se sancionó por ley con unanimidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas en el Congreso. Comenzó a funcionar durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó en la gestión de Alberto Fernández.
“Hay cinco millones de personas que viven en malas condiciones habitacionales –remarcó la integrante del CELS–, el FISU vino a resolver un problema de derechos gravísimo, histórico, que afecta sobre todo mujeres, niños y niñas”. «
El ataque a Fernanda Miño
En la noche del pasado 8 de octubre se viralizó una noticia: ingresaron de manera violenta en el domicilio de Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana. La militante social fue increpada por fuerzas policiales con capuchas y armas largas en el barrio popular de La Cava, en San Isidro, a segundos de entrar junto a su marido al hogar familiar, en el que se encontraban también dos de sus hijas. “Violencia desmedida, entraron a mi casa a los golpes y empujándonos al piso a dos de mis hijas y a mí. Buscaban una moto robada pasadas las 10 de la noche.
Los vecinos nos dicen que estaban esperando escondidos a que lleguemos con mi esposo”, contó Miño a Tiempo. Según trascendió, la orden de allanamiento surgió de un supuesto robo de una moto en el que se habría utilizado una camioneta vendida por el matrimonio, que aún no había sido debidamente transferida.
El hecho fue repudiado por el dirigente Juan Grabois, que se dirigió en ese momento al lugar. “Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”, manifestó. A su vez, Argentina Humana, espacio político de Miño, emitió un comunicado: “es un vuelto por las denuncias que hizo sobre el avance del narco en los barrios populares. Tampoco lo podemos separar de las falsas denuncias que sufrió por haber sido Secretaria de Integración Socio Urbana y haber impulsado una política pública en favor de los más pobres”.
Fuente Tiempo Argentino
