El sector yerbatero de Misiones, responsable del 90% de la producción de yerba mate que se consume en el país, enfrenta una de sus crisis más severas marcadas por el colapso en los precios, la competencia desleal de las grandes empresas y el abandono de los pequeños productores por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Hacía 18 años que los trabajadores misioneros no paraban la zafriña de verano como forma de protesta para dar a conocer el conflicto que actualmente sufren unos 13.000 pequeños y medianos productores y 15.000 tareferos. El pedido para que se actualicen los precios de la hoja verde y la canchada no tuvo respuesta por parte del gobierno nacional y el conflicto continúa sin horizonte de solución.
Luego de varias semanas de protestas y cortes de rutas en diferentes partes de la provincia, productores yerbateros autoconvocados firmaron, junto al ministro del Agro y Producción de Misiones, Facundo López Sartori, un acuerdo que incluyó “un precio justo sugerido del kilo de hoja verde a 450 pesos por kilo” y la “inclusión de productores como miembros de la Mesa Permanente Asesora de Yerba Mate”. Tras la reunión, los productores finalizaron la protesta en las rutas, pero mantienen el paro de la cosecha hasta confirmar el cumplimiento de los puntos negociados. También anunciaron que retomarán las medidas de fuerza el 6 de enero si no se alcanza el precio acordado.
En diálogo con Tiempo Rural, Carlos Biechteler, presidente de la Cooperativa Agropecuaria El Colono, explicó que “esta crisis expone profundas desigualdades estructurales y falta de apoyo en el sector”. La zafra yerbatera, que típicamente se extiende de marzo a septiembre, comenzó este año con un precio inicial de 400 pesos por kilo de hoja verde para productores que trabajan con la cooperativa. Sin embargo, grandes empresas aprovecharon su capacidad financiera para importar yerba más barata desde Paraguay y Brasil, lo que llevó a una drástica caída en los precios locales. «Empezaron pagando 350 pesos y terminaron en 150, mientras nosotros sosteníamos el precio en 400», señaló Biechteler.
Quienes decidieron mantener los precios más altos buscando garantizar una remuneración justa, recibieron mayor cantidad de producción que años anteriores. “Nosotros secábamos 300 mil kilos y en esta zafra gruesa fueron más de un millón, por eso ahora tenemos lleno el depósito”, indicó Biechteler. Este volumen adicional resultó en un sobreabastecimiento y generó la imposibilidad de comprar lo que saldría de la zafriña.
«La competencia no es justa», enfatizó Biechteler. Mientras los costos de la cooperativa ascienden a $2800 por kilo de yerba elaborada, las grandes empresas están vendiendo al público a $2000 el kilo. Estas compañías, al abaratar costos a expensas de los productores y trabajadores rurales, presionan a las cooperativas pequeñas a límites insostenibles. “Cómo competir con una de estas empresas, siendo que nosotros acá tenemos un precio de salida de molino de $3200”, explicó.
Para producir un kilo de yerba seca, se necesitan tres kilos de hoja verde, un proceso arduo que depende de la mano de obra intensa. Sin embargo, los precios que reciben productores y trabajadores no reflejan el esfuerzo ni los costos involucrados. Actualmente, los productores apenas perciben entre 5% y 7% del precio final de un paquete de yerba, que en los supermercados supera los $4500 por kilo. Además, los pagos se realizan con demoras de hasta 120 días, una situación que asfixia la economía de las familias rurales.
“Hoy, el poder de negociación de los productores es nulo. Nos enfrentamos a cinco empresas que concentran la mayor parte del mercado”, lamenta el presidente de la cooperativa El Colono. La crisis afecta a unas 45.000 familias, entre trabajadores, productores y empleados de secaderos. Sin el respaldo de un Estado regulador, las desigualdades parecen insalvables.
Esta no es la primera vez que la yerba mate atraviesa una crisis. En los años 90, la desregulación del sector tras la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate dejó a productores y trabajadores expuestos a la concentración de poder en pocas empresas. La situación comenzó a revertirse en 2002 con la creación del INYM, organismo responsable de regular la producción y comercialización del sector, que establecía precios mínimos y promovía el cultivo. Sin embargo, el DNU 70/2023 del Gobierno Nacional, le sacó la posibilidad de fijar el precio mínimo de la hoja verde.
El INYM es blanco de fuertes críticas por parte de los pequeños productores. Según ellos, el Instituto continúa recaudando grandes cantidades de dinero a través de estampillas y la corresponsabilidad gremial, pero no ofrece soluciones reales para el sector. “Depositamos $5 millones el mes pasado solo en aportes al INYM, pero no vemos que hagan nada por exportar o apoyar a los pequeños productores”, denunció Biechteler. Las demandas del sector incluyen subsidios para fomentar las exportaciones y una regulación estricta para evitar las prácticas desleales de las grandes empresas.
La decisión de no realizar la tradicional zafriña de diciembre, debido a la inviabilidad económica de cosechar a los actuales precios, ha tenido un impacto devastador en el eslabón más vulnerable de la cadena yerbatera: los tareferos. Estas familias, que dependen de la cosecha para sus ingresos, enfrentarán las festividades sin recursos, agravando la crisis social en la región.
«No es solo el pequeño productor; el tarefero necesita esos pesos para fin de año. Pero es injusto seguir vendiendo la yerba por debajo del costo», expresó el representante de la cooperativa.
«El Gobierno Nacional debe exigir transparencia al INYM. Queremos saber dónde están los fondos y cómo se invierten en beneficio del sector», reclamó Biechteler. La falta de medidas inmediatas para proteger a los pequeños productores podría derivar en un paro masivo el próximo año, intensificando aún más la crisis.
Por ahora, el paro iniciado en diciembre continuará por tiempo indeterminado y los productores están a la espera de medidas que aseguren un cambio estructural en el sector yerbatero. Mientras tanto, la incertidumbre reina y el horizonte se vislumbra sombrío para miles de familias dependientes de este producto clave para la economía de Misiones y del país.
Fuente Tiempo Argentino
