Tras las modificaciones que hizo el gobierno de Javier Milei al Manual de Aplicación de la Ley de Etiquetado Frontal, la oposición en el Senado reflota la idea de crear una empresa estatal de alimentos para proteger a la ciudadanía de los intereses de los grandes grupos alimenticios. Entre los cambios, que se publicaron la semana pasada en el Boletín Oficial se incluyen ajustes en los cálculos de nutrientes críticos y restricciones en la publicidad.
Se trata de una vieja iniciativa del peronismo, que incluso llegó a anunciarse en momentos donde la inflación aceleraba el aumento de precio de los alimentos, durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la propuesta no tuvo ningún avance.
El proyecto planteaba la creación de una Sociedad Anónima con participación mayoritaria del Estado (SAPEM), estableciendo un control del 51% en manos del Estado Nacional y un 2% restante para cada una de las 23 provincias. En el Senado de la Nación, el rionegrino Martín Doñate también había presentado un proyecto de ley que tiene estado parlamentario y que busca crear un modelo estatal que garantice calidad, precios justos y salud pública en cada rincón del país.
“Enmarca no solo la importancia de abastecer el mercado interno, sino que también será un motor para la exportación de alimentos con valor agregado. Porque si somos capaces de alimentar al mundo, debemos ser capaces de garantizar alimentos dignos y accesibles para nuestro propio pueblo”, explicó el rionegrino.
Doñate, reflotó el tema tras la medida de los libertarios advirtiendo el etiquetado frontal está bajo amenaza: “Federico Sturzenegger, de la mano del presidente Javier Milei, impulsa su eliminación, priorizando los intereses de las grandes alimenticias por encima de la salud pública”, denunció.
“Las empresas alimenticias, junto con las energéticas y el sector financiero, han sido los grandes ganadores de este modelo. Estas empresas han acumulado ganancias multimillonarias mientras caía el poder adquisitivo y aumentaba la pobreza alimentaria de nuestra gente”, resaltó.
El Senador recordó que «los octógonos de advertencia en alimentos no son un lujo, son un derecho». «Pero no basta con defenderlos: debemos avanzar hacia una normativa aún más rigurosa, que frene el lucro desmedido de las empresas que especulan con el hambre y la salud de los argentinos”, dijo y agregó: “Y es que el histórico cuestionamiento por el precio de los alimentos hace muchos años gira en torno a que las grandes cadenas de supermercados concentran actualmente el poder de regular precios y la mayor parte de las ventas de todo el sector supermercadista del país. Entre ellas se encuentran Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea), Coto, Wal Mart (incluye Chango Más), La Anónima y Día”.
Experiencias en el país
La búsqueda por alcanzar la Soberanía Alimentaria se concretó en distintos lugares del país que entienden que es el derecho que tiene todo ser humano a acceder no solo a alimentos nutritivos, saludables y accesibles con precios justos, sino también a producirlos en armonía con el medio ambiente.
Una experiencia reciente en la Patagonia es la empresa impulsada por el gobernador santacruceño Claudio Vidal. Durante 2024, la Legislatura provincial creó por ley la Sociedad Anónima Unipersonal que se conoce bajo el nombre de “SANTA CRUZ PUEDE S.A.U”. La titularidad de las acciones está representada en un 100% por Estado provincial. Con intervención en el mercado de alimentos y precios.
Otro caso, se da en Tierra del Fuego, el municipio de Río Grande puso en funcionamiento desde hace unos años una empresa del Estado que se especializa en la producción de alimentos frescos locales que se especializa en hortalizas y pollos.
En diálogo con Tiempo, Juan Pablo Deluca, presidente de Rio Grande Activa Sociedad del Estado municipal comentó que “actualmente es la única empresa de la Patagonia que produce pollos frescos. “Para nosotros no solamente implica un pasito más en lo que es la soberanía alimentaria, sino que hace a formar precios accesibles pero competitivos, se incrementa el valor agregado local y junto con eso la dinámica en la economía”, agregó.
Asimismo, indicó que para el caso de Río Grande que se encuentra la producción de alimentos local “también reduce un impacto ambiental que tiene que ver con el traslado de los alimentos desde otras partes del país y en este caso nosotros estamos reduciendo esa huella de carbono produciéndolos desde el kilómetro cero”, añadió.
En tanto la Empresa Pública de Alimentos (EPA) en Rosario, provincia de Santa Fe, fue diseñada en el marco de la Fundación Ciudad Sin Miedo. Su primera planta de fraccionamiento ofrece alimentos hasta 40% más baratos. La alianza estratégica realizada con la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), agrupa más de 60 cooperativas de toda la Argentina, y ofrece alimentos como porotos, garbanzos, arvejas, lentejas, polenta, arroz y yerba.
Fuente Tiempo Argentino
