Los dichos de Mauricio Macri contra la decisión del gobierno de presentar el acuerdo con el FMI vía decreto no cayeron en gracia en Casa Rosada. La decisión del ex presidente de cuestionar los modos de La Libertad Avanza empieza a quebrar la paciencia de un sector del oficialismo que, lejos de plegarse a la idea de unir fuerzas, está dispuesto a trabajar para dejar fuera de la cancha política al bostero.
Durante su paso estelar por Expoagro, el ex presidente fue consultado por el nuevo acuerdo con el FMI y, pese a haber celebrado la decisión del gobierno de volver a contraer deuda, afirmó que “hay que darle la mayor institucionalidad posible” al acuerdo y volvió a insistir con la necesidad de discutir el Presupuesto. Fue la decisión del gobierno de no modificar ni un ápice de aquel proyecto, que intentó tratarse antes del fin de las sesiones ordinarias del 2024, lo que rebalsó el vaso de una relación que nació laberíntica.
En esta misma línea, y abrazado a un republicanismo que ya no le sienta, Macri criticó la decisión del Ejecutivo de enviar el nuevo acuerdo con el organismo internacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. “Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”, dijo sin ponerse ni un poco colorado. El ex presidente también se encargó de advertir al gobierno la necesidad de poner en marcha la obra pública para mejorar los déficits de infraestructura que azotan al país.
El encargado de responderle al ex presidente fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien esta mañana participó junto al padre del PRO del acto de apertura de la exposición rural en Santa Fe. «No sé qué es lo que piensa Macri o cuáles son las obras públicas a las que se está refiriendo. Lo que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros asumimos el gobierno el país estaba destrozado económica y financieramente. En esa situación no se puede hablar de obra pública, porque como dijo el Presidente el día uno, no hay plata», dijo con decoro el jefe de los ministros. En la Capital, mientras tanto, aullaban de cólera contra el ex presidente, quien también le pidió a Javier Milei que se reúna con Axel Kicillof para encontrar en conjunto una solución a la trágica inundación en Bahía Blanca.
“La situación en Bahía Blanca se dio por un proceso de desatención que se extiende desde hace años”, dijo una fuente de gobierno para quitarle responsabilidad a la gestión libertaria por el recorte de obra pública. Notablemente molesto por la intervención del calabrés, la misma voz afirmó que las diferencias entre la gestión de Macri y Milei son abismales y cuestionó los métodos del ex presidente a la hora de ejecutar las cuestionadas obras público-privadas que impulsó durante su gobierno. “Que se junte él con Axel”, se lo escuchó decir ofuscado a un habitué del presidente.
Macri y Milei, del amor al odio en una sola declaración
Decididos a confrontar con el ex presidente, en Balcarce 50 dejaron trascender que Macri “no entiende los procesos jurídicos en Argentina”. Si bien el comentario rumea un encono que parece transpolarse al terreno personal, el dardo acierta en demasía al momento de describir la relación que el bostero mantiene con la justicia nacional, que desde hace años viene esquivando la posibilidad de sentarlo en el banquillo para cuestionarlo por las decenas de causas que tiene abiertas incluso desde antes de acceder al Sillón de Rivadavia en 2015.
Respecto al proceso jurídico de los decretos, la misma fuente afirmó que “un DNU aprobado en una cámara es exactamente lo mismo que una ley”, contradiciendo todo lo expuesto por el ex presidente horas antes durante su primera aparición en la vía pública luego de que su primo Jorge decidiera desdoblar las elecciones en la Ciudad y un sector minoritario del PRO iniciara un raquítico operativo clamor para pedirle al calabrés que se arremangue y juegue. “Macri habla de cosas que no entiende”, sintetizaron.
Pese a masticar bronca, en el gobierno aprendieron a separar la paja del trigo. Para un colaborador del oficialismo, los dichos de Macri no representan a todo el PRO y, por el contrario, las ideas del ex presidente sólo se limitan a representar un sector intransigente del espacio amarillo. Por eso confían en que, dentro del recinto, el bloque comandado por Cristian Ritondo -uno de los dirigentes que oficia como interlocutor entre Macri y Santiago Caputo– hará oídos sordos al reclamo del ex presidente y se plegará a apoyar al gobierno sin mayores condicionamientos. “No vamos a detonar la relación con el PRO porque Mauricio no sabe de derecho”, lanzó chicanero un miembro de la mesa chica libertaria.
En concreto, para el gobierno el apoyo -blindaje- de una sóla de las cámaras del Congreso al DNU será suficiente para poder salvarlo, por lo que no darán marcha atrás con su idea de impulsar una nueva toma de deuda por decreto. Además, creen que la justicia tampoco interferirá en sus planes, puesto que, razonan, ningún juez querrá ponerle la firma a un nuevo desbarajuste financiero. Con viento a favor, dentro del círculo del presidente creen que juntarán los votos necesarios para sostener este DNU, un escenario en el que los gobernadores tendrán un rol clave.
Pese a no decirlo a viva voz, en Balcarce 50 entienden que los mandatarios provinciales apoyarán este nuevo acuerdo para sanear la deuda que el Tesoro contrajo a través de Letras con el Banco Central. Si bien en lo práctico este nuevo préstamo aumentará la deuda pública -visión no acompañada por el gobierno, que insiste en advertir lo contrario-, los encargados de mantener aceitada la relación con las provincias afirman que para los caciques provinciales es una buena noticia la inyección de dólares que prometen controlar el sector financiero, al menos por un tiempo.
“A los gobernadores les conviene que baje el riesgo país y que la calificación de la deuda mejore, porque también los beneficia en sus propias negociaciones con acreedores”, razonó ante Tiempo otra fuente al tanto de las conversaciones con los actores involucrados. Con esta premisa, en Casa Rosada se ilusionan con la posibilidad de reeditar el frente parlamentario que se configuró para blindar el veto jubilatorio y universitario meses atrás, uniendo a mandatarios de diferentes estepas en un “bien común” entre provincias y Nación.
Fuente Tiempo Argentino
