El Ministerio de Seguridad informó que tomará “estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública”. También anunció medidas ante la posibilidad que hinchas de fútbol asistan a la movilización.
Mientras que la movilización de las y los jubilados reúne cada vez más apoyos -desde hinchadas de fútbol hasta potentes sindicatos-, el Gobierno nacional confirmó que aplicarán medidas que criminalizan la protesta social. El Ministerio de Seguridad Nacional ratificó que se aplicará el protocolo antipiquete, alegando el cumplimiento de “estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública”. Además, se anunció que se aplicará el denominado derecho de admisión a los estadios de fútbol.
“Ante la posible participación de hinchadas del fútbol argentino en la marcha prevista para el día miércoles 12 de marzo del corriente año, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional informa que se implementarán estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública”, comenzó el comunicado de la cartera que comanda Patricia Bullrich.
En ese marco, en el texto “se recuerda que cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o los bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida”. En ese sentido, se señaló que “se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país” La norma mencionada es el denominado derecho de admisión para los prevenir la violencia en el fútbol.
Luego, se afirmó que “el Gobierno Nacional “reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto por la ley y el orden público, garantizando el bienestar de toda la población”. En este sentido, se indicó que “no se tolerarán hechos de violencia en manifestaciones o eventos de cualquier índole y se aplicará estrictamente lo establecido en el artículo 194 del Código Penal” que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento 1 de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres 2 meses a dos año”
El 194 del Código Penal es en el que se ampara el denominado Protocolo Antipiquete, redactado por Bullrich desde que volvió al ministerio de Seguridad con la llegada al gobierno de Javier Milei, y mediante el cual se ordenaron las represiones a la protesta social en los más de un año de gobierno.
En los últimos días, Bullrich dio una entrevista en la que determinó que la movilización del miércoles pasado -en la que la Policía reprimió con gas pimienta y golpes- fue un “alerta” por lo cual preparan “medidas judiciales” y “cambios legislativos” para hacerle frente. “Ellos están buscando, como no tienen más la base que tenían de las personas que cobraban plan social, que eran los que siempre llevaban adelante, ahora está la izquierda, algunos kirchneristas y 50 jubilados. Esa es la realidad, todos los demás son militantes políticos y no los vamos a dejar pasar”. Además, afirmó que preparan una “medida especial” contra los barrasbravas. “Ya tenemos el derecho de admisión, les vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir”, amenazó.
