En medio del brutal ajuste a las áreas de derechos humanos por parte del gobierno nacional, el Ministerio de Justicia de la Nación cedió un edificio de la ex ESMA para que sea utilizado por los fiscales federales de Comodoro Py.
«El Ministerio de Justicia informa que, en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», señaló el ministro Mariano Cúneo Libarona en un comunicado y sostuvo que “los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad”.
A pesar de los dichos del ministro, ese edificio, donde funcionó el casino de aspirantes y la cantina de la ESMA, está abandonado desde hace varios años. Durante el macrismo, el entonces ministro Germán Garavano lo refaccionó y nombró “Edificio Raúl Alfonsín” para instalar allí la cartera de Justicia, lo que finalmente no ocurrió tras la derrota electoral de 2019.
El destino de este y los restantes edificios del predio de 17 hectáreas ubicado en el barrio de Nuñez depende del Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos, un órgano tripartito integrado por el Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos.
Es por eso que en una reunión del órgano Ejecutivo del Ente realizada este miércoles en la que participaron el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños y representantes del directorio de organismos, el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños pidió aval para que se instalen allí oficinas de la Procuración. La condición de los organismos fue que no se utilice para alojar o trasladar a personas privadas de su libertad y que se informe el destino específico así como la cantidad de personas y los cuidados que tendrán sobre la seguridad y conservación. Del encuentro no participó la representación de la Ciudad, por lo que aún restan pasos formales para su efectivización, que solo se concretará cuando se cumplan todos los pasos administrativos.
De esta manera, el ministro Cúneo Libarona intenta apaciguar un poco el rechazo que generó entre los fiscales la implementación que quiere hacer el gobierno del sistema acusatorio en Comodoro Py. En una nota enviada al procurador interino Eduardo Casal semanas atrás, los fiscales federales cuestionaron al ministro por avanzar “sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente” y señalaron que “el panorama actual dista de ser auspicioso”.
Vaciamiento y entrega del predio de la ex ESMA
La decisión se produce en medio de un brutal ajuste a todas las áreas de derechos humanos, incluido el predio de la ex ESMA, donde, con la excusa de una auditoría, dejó de pagar en tiempo y forma el sueldo de los trabajadores y puso en suspenso todas sus actividades.
La semana pasada, el gobierno degradó a subsecretaría a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se movieron el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria de la ESMA hacia el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos (CIPDH). Esto implicó no sólo una desjerarquización de ambas instituciones, sino también la derogación de su estructura, dejándolas acéfalas, como señaló la directora del Museo, Maki Gorosito, en diálogo con Tiempo.
Esas modificaciones, a las que se sumó la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), fueron anunciadas como parte del compromiso de achicar el Estado y sumarían además el despido de 30% de los ya pocos trabajadores que quedan allí.
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, ya fueron echadas de la Secretaría más de 400 personas, alrededor del 50% de la planta. Esto implicó que se desarmaron áreas completas, como prensa y difusión, la de querellas en juicios de lesa humanidad, en la que sólo quedó un abogado para las causas que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires y en la jurisdicción de San Martín; el programa Verdad y Justicia; el Museo Sitio, donde desde noviembre fue despedido más del 40 por ciento del personal y el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
En rechazo al ajuste del sector, este viernes a las 17 hs trabajadores y trabajadoras de la cartera, acompañados por sindicatos y organismos de derechos humanos, se movilizan bajo la consigna «Los derechos humanos no se degradan por decreto».
Fuente Tiempo Argentino
