Ramón Omar Vélez tiene 54 años y es oriundo de Mendoza. Está detenido en la Unidad Penal 35 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), acusado de haber cometido el homicidio del martillero Antonio Eduardo Bustos, de 55 años, ocurrido a principio de año en la ciudad de Azul.
La víctima fue ejecutada de un balazo calibre 22 que recibió en la cabeza, sucedió en el interior de su vivienda. El imputado fue detenido el pasado 4 de febrero en el barrio porteño de Villa Lugano, el crimen ocurrió durante las primeras horas del sábado 18 de enero, Bustos había invitado a cenar a una persona a su casa.
Vélez junto a su abogado defensor había apelado a su detención, porque insiste con su inocencia. Sin embargo, el Juzgado de Garantías le dictó la prisión preventiva y el pasado mes de abril, la Cámara de Apelaciones resolvió confirmarla.
«Fui brutalmente torturado»
Lo acusan de ser el presunto autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por lo que tendrá que enfrentar un juicio oral y público: «No pienso firmarles un juicio abreviado porque eso implicaría hacerme cardo del crimen, y yo soy inocente, además fui brutalmente torturado por miembros de la Policía Bonaerense cuando me trasladaron», denunció Vélez, en diálogo con Tiempo.
El delito que le imputan a Vélez estipula una pena que va desde los diez años y ocho meses a veinticinco años de prisión. La acusación en su contra está construida sobre diferentes indicios que fueron recolectados durante la instrucción de la investigación realizada por la Fiscalía 13 de Azul.
Los investigadores aducen que los viajes hechos por Vélez a esa ciudad los hizo porque conocía al martillero y que así iba planeando el crimen. Sin embargo, el imputado aseguró que los viajes fueron por trabajo de seguridad de camiones y tampoco fueron a Azul.
Denuncia de la víctima
«Pedí ayuda la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ellos denunciaron las torturas ante -señaló el detenido- la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional de esa ciudad y están investigando».
Vélez aseguró: «Yo fui aprendido por la Policía Federal Argentina, que me hicieron un acta médica, ellos no me tocaron, pero cuando me agarraron los bonaerenses me torturaron y me interrogaron. Me pedían información sobre el homicidio de un hombre que era martillero y vivía en Azul».
Además, en la causas que investiga a los policías por las torturas e interrogatorio que sufrió la víctima, también interviene la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que dio inició al expediente N° 176641.
Vélez reclamó: «No tengo nada que ver con el asesinato del martillero, no encontraron huellas mías por ningún lado, el ADN que hallaron no es compatible con el mío, no tienen nada en mi conta, pero eso si, a mi me torturaron y me tienen preso«.
Además, «no existen comunicaciones telefónicas mías con la víctima, yo no lo conocía como dicen los investigadores y algunos medios de comunicación, ni tenía contacto con él y los celulares de ambas parte no muestran causales ni indicios«, remarcó.
Presión mediática por el homicidio
El asesinato del martillero Bustos generó un escandalo en la ciudad de Azul, fue mediático. Guillermo Mareco representa legalmente a Vélez en la causa por el homicidio: «Los mismos vecinos de esa ciudad consideraron que mi defendido es un ‘perejil’ que está engarronado. Porque ellos conocían bien a la víctima y señalaron que andaba en cosas raras», sostuvo.
Y aclaró. «Obviamente que esto no lo digo con intenciones de justificar el asesinato del hombre, pero si para que los investigadores puedan barajar otras hipótesis. Porque lo que hicieron con Vélez es algo que se cae de maduro, lo metieron preso porque necesitaban un detenido por la presión mediática del caso».
«Por eso todos se lavan las manos, como lo hizo la el Juzgado de Garantías en dictarle la prisión preventiva y Cámara de Apelaciones que la confirmó el pasado mes de abril. De este modo, se tendrá que resolver en un juicio oral y lo que no tiene sustento se cae. Mientras tanto, Vélez está preso y fue torturado», enfatizó Mareco.
Por eso, cuando la justicia -argumentó el letrado- se ve acorralada: «Siempre decide hacer el famoso juicio abreviado donde el imputado firma un arreglo haciéndose cargo del delito que le imputan y así queda todo en la nada. Lo engarronaron porque vieron que tiene un antecedente por una tentativa de robo agravado«.
Sobre los viajes
Vélez siguió relatando. «Los investigadores tienen la idea fija de que fui yo, calculo que es porque fui muchas veces para esos lados, pasaba por Azul de ida y de vuelta. Pero no iba concretamente a esa ciudad, yo hacia custodia de camiones y eso figura en el expediente».
«Los investigadores señalan que esa noche estuve en Azul, pero no hay fotos mías ni de mi auto, ni filmaciones ni capturas de pantallas, nada. Las imágenes que hay son de un auto con la trompa negra, mi auto -remarcó el detenido- es gris plata, pero según ellos coincide la patente, pero esa foto fue tomada en otra ciudad. Tampoco estuvo mi teléfono en el lugar y eso es fácil de chequear, por las geolocalizaciones».
Vélez denunció que los miembros de la Policía Federal Argentina que realizaron el allanamiento en el barrio porteño de Villa Lugano, le robaron el dinero que cobra su hijo que es discapacitado. Entre otras pertenencias del menor y su madre.
Sobre los dichos de que en esa vivienda -donde realizaron el operativo- encontraron un reloj que era de la víctima, dice que se pusieron os investigadores. «Además es un reloj berreta, en qué cabeza cabe que yo voy a viajas cientos de kilómetros para robar un objeto de fantasía que me involucre en un homicidio», apuntó.
«La madre de mi hijo y dueña del departamento donde hicieron el allanamiento denunció en Comodoro Py el robo del subsidio de mi hijo que es discapacitado y de otros faltantes en la vivienda. Esta denuncia tramita en la Fiscalía 7 y el Juzgado Federal 9», reclamó Vélez.
Torturas e interrogatorio
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la denuncia por totoras e interrogatorio que sufrió el detenido: «Vélez denunció torturas que fueron cometidas por agentes de la DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante su traslado desde CABA a Azul», aseguró Rodrigo Pomares, director del Programa Monitoreo Territorial de la Violencia Policial de este organismo. .
El director continuó detallando. «Por este motivo nosotros presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de Azul, que la derivó a la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional de esta misma ciudad (Nº IPP 01-00-001872-25)».
«La causa se encuentra en pleno trámite. También se presentó la denuncia ante la Auditoría General de Asuntos Internos, quien dio inicio a una investigación sumarial que también se encuentra en pleno desarrollo», cerró Pomares.
Sobre los torturadores
En esta causa por torturas e interrogatorio, Vélez es representado por el abogado Gustavo Mamani: «Las torturas que sufrió fueron protagonizadas por policías de la DDI de la Policía Bonaerense, que estuvieron a cargo de trasladarlo desde la Ciudad de Buenos Aires a Azul, la comisión se encontraba a cargo del comisario Reales», repasó el letrado.
También reconstruyó que fue torturado desde por primera vez desde el Obelisco al peaje del Mercado Central, recibió golpes de puños y amenazas: «La más grave de las agresiones ocurrió en la rotonda de General Alvear, los oficiales lo golpearon en la nuca con las culatas de las pistolas y lo volvieron a amenazar para que les brinde información sobre el crimen del martillero», denunció Mamani.
Cuando fue detenido en el allanamiento, los federales le hicieron un precario médico y lo fotografiaron para tener prueban de que el estado físico del detenido estaba intacto cuando ellos lo entregaron a los bonaerense. «Mi defendido firmó ese acta médica, esto fue a las 21:30 horas del pasado 4 de febrero», explicó el letrado.
Y continuó relatando. «Luego fue entregado a los policías de la DDI de Azul, que fueron quienes lo torturaron y amenazaron, además sufrió otros hechos abusivos por parte de los efectivos investigados».
En el expediente hay distintas actas médicas que se contradicen entre si, con pocas horas de diferencias. A las 04:50 horas del pasado 5 de febrero, apenas arribado Vélez a la DDI de Azul, fue revisado y el profesional constató que tenia inflamación en el pómulo izquierdo y equimosis. Y también señaló que las lesiones podrían evolucionar aún más en 24 horas.
Posterior a ello, a las 19:50 horas del mismo día, en la localidad de Tapalqué se realizó otro informe médico que indica que no presenta lesiones. «Desde mi punto de vista hay muchas irregularidades en el procedimiento, por lo cual, si se hace una minuciosa investigación debería quedar en evidencia el pésimo accionar de los oficiales que participaron en estos delitos», recomendó Mamani.
Y terminó: «Como también de aquellos que sin participar en forma directa en estos actos de torturas físicas y psicológicas, intentaron ocultar pruebas de lo sucedido a través de la manipulación de informes de dudosa procedencia».
La versión oficial de los hechos
El grupo de investigadores asegura que el pasado viernes 17 de enero por la noche Vélez llegó en su Chevrolet Corsa a Azul. También, que estacionó el auto en la parte trasera del Barrio Empleados de Comercio y, que desde allí, caminó hasta la casa de Bustos, donde habría cenado con el martillero.
Y que a las primeras horas del sábado 18 de enero lo habría asesinado de un disparo en la cabeza y que luego huyó en la camioneta de la víctima, llevándose diferentes elementos con la intención de «limpiar» la escena del crimen.
Sostienen que posteriormente el asesino dejó abandonado el vehículo de Bustos en Olavarría casi llegando a Alberdi. Y que desde allí, caminó hasta el lugar donde estaba su auto para irse de la ciudad por la Ruta 51, según los investigadores, pudo comprobarse en registros de cámaras de seguridad de Azul, Tapalqué y Saladillo.
Aducen que Vélez tenía contacto con Bustos, porque había hecho varios viajes anteriores con destino a distintas ciudades y localidades cercanas a Azul. La justicia no lo escárcelo porque el imputado «registra un antecedente condenatorio»; una pena de cuatro años de prisión que purgó en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por ser cómplice de un «robo agravado en grado de tentativa».
Fuente Tiempo Argentino
