Era de esperar. Y sucedió. El Gobierno nacional vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, con el justificativo de que esos 200.000 millones de pesos de los que habla la norma supuestamente ya fueron destinados a socorrer la emergencia. Aunque los propios datos oficiales marcan que 4000 personas aún no recibieron su subsidio y que a otras 1500 se los rechazaron.
En el principal distrito del sudoeste bonaerense, donde Javier Milei sacó más del 60% en las últimas elecciones, las marcas de la inundación aún persisten como heridas abiertas, pero la presencia del Gobierno nacional ya es cosa del pasado. Mediante Boletín Oficial, el Decreto 424/2025 vetó por completo la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y el partido vecino de Coronel Rosales por 180 días y disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la trágica inundación del 7 de marzo.
Según argumentan, las medidas contenidas en la ley “ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/25”, que estableció el SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (SUR), con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad.
Sin fondos para obras
El proyecto vetado había sido impulsado por senadores bonaerenses y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.
Según el decreto presidencial, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos. Unos 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4% fue rechazado. Sumando ambos casos (los que están siendo «estudiados» y los rechazados), superan los 5500: casi un 15% del total de los que lo solicitaron.
Además, el Ejecutivo afirmó que no existe partida presupuestaria específica para implementar la ley sancionada, lo que «incumple las leyes de administración financiera». Aunque los Gobiernos cuentan con fondos interministeriales precisamente para catástrofes y emergencias. Curioso o paradójico resulta que lo destinado a Bahía Blanca iba a ser menor a lo gastado en 2025 por compras en el exterior gracias al dólar subsidiado del Gobierno, o poco más que lo gastado en pauta oficial por YPF y BNA, y mucho menos que lo destinado a subsidiar a las fintech como Mercado Libre.
Otro punto que omite el Ejecutivo en su decreto de veto es que la Emergencia no incluía solo los subsidios. Gran parte de los fondos iban a ser para obras, un punto clave para reconstruir la ciudad. No solo para la comunidad sino incluso para el aparato productivo, por ejemplo con las vías destruidas por las inundaciones, que conectan con el norte y el oeste, el caso paradigmático es la conexión Vaca Muerta-Bahía Blanca.
Desde el Gobierno también rechazaron incluir a Coronel Rosales en el plan de asistencia, asegurando que “no fue considerada entre las zonas más afectadas” por informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos.
Reclamo social y una ciudad postergada
Los datos de las 5500 personas que aún no recibieron la ayuda prometida de Nación surgen en un contexto de fuertes críticas desde sectores sociales y políticos, que denuncian demoras en la asistencia. De hecho, esta situación ya motivó protestas y acampes en Ingeniero White y otros barrios afectados.
A pesar de la implementación del programa, el Gobierno rechazó avanzar con la nueva ley aprobada por el Congreso, argumentando que ya se destinaron $ 200.000 millones para este fin y que no existe una nueva fuente de financiamiento.
Bahía Blanca ya había sido afectada por otra decisión del Ejecutivo, cuando de manera inconsulta decidió mudar la locación de la planta de GNL que iban a hacer YPF y Petronas de Bahía Blanca a Punta Colorada (Río Negro), que finalmente concluyó en que la empresa de Malasia desistiera de seguir con el proyecto, lo que derivó en la pérdida de miles de puestos de trabajo que se iban a crear y decenas de miles de dólares que se iban a generar en los próximos años.
Fuente Tiempo Argentino
