Actualmente la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 20 defensorías zonales: una en cada comuna como lo establece la legislación vigente. Estos espacios descentralizados son fundamentales para ejecutar las políticas públicas específicas, y proteger los derechos de las niñeces en los diferentes barrios de todo el distrito porteño.
Las defensorías zonales están estipuladas en el capítulo segundo de la Ley 114 que dio creación al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el año 1998. Sus trabajadoras y trabajadoras denuncian que atraviesan un momento muy crítico en el marco de una fuerte precarización laboral, con salarios de miseria y violencia laboral.
“Las defensorías zonales atraviesan una situación de emergencia. Con profesionales muy precarizados que tienen que atender situaciones de vulnerabilidad social creciente, y equipos técnicos diezmados. En este momento estamos con un 30% de equipos técnicos incompletos”, explicó a Tiempo Paula Ortiz, delegada de ATE y trabajadora de una defensoría zonal dependiente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad.
Hay equipos que cuentan con un solo profesional para tratar varios temas complejos. Faltan abogados, psicólogos y trabajadoras sociales, para atender un promedio de 500 situaciones de vulneración de derechos.
“Esto ocasiona que en estos últimos tiempos haya un alto grado de renuncias, y hay una decisión política de la gestión de no reemplazar a los profesionales que se van. La emergencia también está dada, por otro lado, por el abandono de las funciones que le corresponden a las defensorías, que es promover derechos en lo territorial y articular el sistema de protección integral, funciones que son dejadas de lado por decisión de esta gestión”, agregó la delegada de ATE.
A nivel territorial en los barrios y comunas, las Defensorías tienen como funciones articular, coordinar, difundir y promocionar los derechos de las niñeces, y planificar y ejecutar esas políticas en toda la Ciudad.
“A todas estas situaciones de vaciamiento y precarización, se suma una situación inédita de autoritarismo y violencia laboral que estamos padeciendo también en las Defensorías, con un avasallamiento de la autonomía profesional y técnica de los equipos y los profesionales, con una gestión que está decidida a arrodillar al Consejo de Derechos y a las Defensorías frente al Poder Judicial, sobrecargando además a los equipos con tareas administrativas en desmedro de la atención a las familias, con una falta absoluta de recursos de política pública”, suma Ortiz
Denuncian que quien ejerce violencia laboral contra el conjunto de los profesionales de las defensorías, es Ezequiel Bottini, Director General de Programas Descentralizados. Bottini fue designado por el propio Jorge Macri mediante la Resolución Nº355-GCABA-CDNNyA/25.
“Toda esta situación de violencia laboral agrava nuestro trabajo. Y más allá del profesionalismo y la vocación de los profesionales que seguimos laburando en las Defensorías, hay muy pocas herramientas de políticas públicas que ofrecerle a las familias para solucionar las problemáticas con las que acuden”, termina.
Falta de criterio unificado
Un informe elaborado por ATE Capital, afirma que la debilidad y falta de posicionamiento del organismo frente al poder judicial permite la extralimitación de sus funciones. Y que que no existe un criterio unificado de los distintos Juzgados y Defensorías de Menores e Incapaces, algunos encuadran su accionar en un control de legalidad y otros actúan como si continuara vigente el viejo modelo de Patronato de Menores.
“Los Juzgados Civiles de Familia y los Defensores de Menores e Incapaces, en el cumplimiento del Control de Legalidad de las Medidas Excepcionales, muchas veces sobrepasan las funciones del organismo de control, colocan a las Defensorías como su auxiliar”, explica el documento.
Esto quiere decir que les exigen realizar acciones como informes socioambientales, y hasta solicitan información de la estrategia, invadiendo potestades que son propias del poder ejecutivo y excediendo los límites de un Control de Legalidad.
“Esta situación se encuentra legitimada por la sumisión de las autoridades del Consejo frente al poder judicial, que se montan en sus exigencias aumentando las sobrecargas de los equipos técnicos y en desmedro de la autonomía en el diseño de las estrategias” apunta el informe y termina: “Los Equipos Técnicos muchas veces nos encontramos teniendo que responder a los juzgados ante este avasallamiento del poder judicial, informando acerca de las funciones y competencias que establece la normativa para cada organismo”.
Fuente Tiempo Argentino
