El presidente Javier Milei visitó Chaco el fin de semana pasado por primera vez. Pero no fue a reunirse con industriales, empresarios, productores y comerciantes para escuchar opiniones y planificar medidas para reactivar la actividad, sólo visitó un templo evangélico que cobraba entrada para verlo y escucharlo decir que el Estado es el maligno y la justicia social una violación de los derechos de propiedad.
Ese territorio nacional, como la mayoría de las provincias, está pasando un mal momento, económico, productivo y social, entre otras cosas porque el primer mandatario decidió, gracias a manejarse sin Presupuesto Nacional y al Decreto 70/2023, detraer una parte de la coparticipación de impuestos destinada a las 24 jurisdicciones federales y hacer un uso discrecional y extorsivo de fondos estatales para las administraciones subnacionales.
El presidente ama que lo escuchen, pero odia atender visiones divergentes u opiniones diferentes a la suya, peor se pone e insulta cuando le presentan reclamos desde cualquier sector sobre el impacto de sus medidas económicas y financieras para el país. No le importan los productores, pero tampoco los industriales, más aún si son pymes dedicadas al mercado interno. Impulsa que la actividad se enfríe, se paralicen las ventas, se reduzca el personal y disminuya el consumo masivo.
En esa provincia del norte, que no sabe qué hacer con la cosecha de algodón que la industria textil no demanda porque redujo su nivel de actividad al mínimo, habló de Jesucristo, pero no dijo nada de estos temas. Bueno hubiera sido que escuchara al presidente de la Unión Industrial de Chaco, Aldo Kastón, que por estos días hizo declaraciones a los medios locales también con tono religioso, pero en otro sentido.
“Hoy la política nos tiene que sacar de esto, no es una cuestión de fe, de esperanza, es una cuestión de números, de economía. Tenemos un tipo que te dice ‘andá a comprar dólares que están baratos, total fulanito que tiene que pagar el alquiler vende los dólares’”, dijo en referencia a los dichos del ministro Caputo en el encuentro de la Universidad Austral.
Precisamente esa casa de estudios privada elabora el Ag Barometer Austral, que mide el índice de confianza de los productores agropecuarios de todo el país y que cayó de 137 a 130 puntos entre mayo y junio. Esa baja del 5% es menor que la del 19% (132 a 107 puntos) en igual periodo, con respecto a la situación del sector en los próximos 12 meses. Otro dato relevante de la encuesta: el 63% de los productores considera que este no es un buen momento para invertir.
La maquinaria agrícola, uno de los rubros más sensibles a la confianza, es uno de los más afectados. Carlos Steiger, director del relevamiento, lo resume en una frase: «El productor necesita rentabilidad, pero también reglas claras por al menos cinco años para decidir inversiones de largo plazo. Hoy ese escenario no está».
La cadena primaria y fabril nacional está paralizada
En la misma línea el empresario del rubro embalajes y dirigente industrial chaqueño señaló que no hay visión de país, y no hay ni siquiera un pensamiento que diga “bánquensela porque a partir del año que viene el trabajo va a explotar”. También remarcó que los dólares que se tomaron como deuda no están destinados a pagar las importaciones adeudadas y que “están chupándose toda la guita del país para pagar deuda o intereses que sólo van a servir para un par de meses más”.
Kastón, como otros industriales de varias provincias, y la mayoría de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de alimentos del país, coinciden en que con la caída del consumo local, el alza de costos, la poca financiación, y el actual tipo de cambio que favorece el ingreso de productos más que la exportación, toda la cadena primaria y fabril nacional está paralizada y con altas chances de tener que cerrar.
La oleada de concursos preventivos, quiebras, retiros, despidos y suspensiones de turnos en decenas de empresas, industrias y comercios en estos meses marcan la tendencia. Las grandes compañías y marcas que dejan el país, y el cierre de plantas y la cesación de pagos de muchas grandes empresas son noticia, lo que pasa en las economías regionales y las pymes casi no tiene visibilidad, pero está ocurriendo al mismo ritmo.
La excesiva carga fiscal y la persistencia de las retenciones al agro no son los únicos reclamos. A medida que la motosierra presidencial cercena instituciones y personal de organismos fundamentales como el INTA, SENASA; INTI, Conicet, INASE, Vialidad, la falta de presupuesto y recursos públicos empiezan a afectar los planteos y rendimientos de las actividades agropecuarias privadas. Más en las de menor escala y peor en las que están alejadas de los centros urbanos o los puertos de salida al exterior. Lo público y lo privado están prácticamente disociados. Nadie se salva.
Fuente Tiempo Argentino
