Exintegrante de la Corte Suprema y jurista de reconocido prestigio en el ámbito internacional, Eugenio Raúl Zaffaroni analiza críticamente la actualidad de la Justicia en el contexto de una Argentina gobernada por la ultraderecha y tras décadas de deterioro institucional y político. “Lamentablemente, no tenemos Poder Judicial”, aseguró en un extenso diálogo con Tiempo Argentino, en el cual se animó a proponer una serie de reformas legales “sin tocar la Constitución” para mejorar el funcionamiento de la Justicia.
Zaffaroni se refirió a la evolución del lawfare en la región tras la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo caso, opinó, “debe tener una solución política” más allá de lo judicial.
-¿Cómo analiza la actualidad de la Justicia?
-Bueno, no tenemos un Poder Judicial y lamentablemente no lo tuvimos nunca. Hubo una sola persona que se dio cuenta en la historia argentina de que el país necesitaba una jurisprudencia constitucional obligatoria y una casación nacional y fue Arturo Sampay (ideólogo de la Constitución de 1949). Hay una judicatura, pero hoy no tenemos control constitucional ni un código único de casación. Es algo inédito en el mundo. Se los explico a los alemanes, a los españoles y a los brasileños y no lo entienden. Podemos tener 25 interpretaciones distintas sobre los códigos y no es necesario que los jueces digan barbaridades para hacer barbaridades. Una mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad afirma algo diferente y un juez emite un fallo. Busca un argumento y no dice una barbaridad. Hay una responsabilidad muy grande de la política y la academia en haber advertido sobre todo eso.
-¿Cómo se resuelve esta situación?
-En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que no podemos tener un triunvirato como Corte Suprema, ni tampoco una de cinco que emita 20 mil decisiones por año. Necesitamos un tribunal supremo de 25 o 30 jueces, y que esté dividida por salas. Lo digo porque estuve en la Corte y vi cómo se trabaja. En un momento pensé que se necesitaba un tribunal con 15, pero necesitamos diez jueces más. No crean que estoy exagerando con el número. Costa Rica tiene por ejemplo una Corte con 23 jueces. Deberíamos tener un tribunal superior, que sería la Corte Constitucional, y una casación nacional. Así funciona en los países europeos. Nosotros, en cambio, tenemos tres genios, que hacen todo y no hacen nada. ¿Cómo se corrige? Bueno, en principio con una ley, que en función del principio republicano de gobierno convierta la competencia por arbitrariedad que tiene la Corte en una casación nacional. La jurisprudencia de la Corte debe ser obligatoria para todos los jueces, como es en el sistema estadounidense, en el cual se basa nuestro sistema de justicia. En Estados Unidos, la Corte declara la inconstitucionalidad y todos los jueces le hacen la venia.
-¿Y qué pasa ahora con el control de constitucionalidad?
-Hoy se declara la inconstitucionalidad de una ley y eso se aplica para un solo caso. Cuando un tribunal declara la inconstitucionalidad, debe intervenir la Corte por intermedio de un per saltum. Se tarda cinco años en llegar al supremo tribunal. Esto puede cambiar, sin cambiar la Constitución nacional.
-¿Qué se hace con eso que se denomina como “la familia judicial?
-Muy sencillo. Concursos abiertos y obligatorios para quienes quieran ingresar al sistema de Justicia.
-¿Y el Consejo de la Magistratura?
-Creo que es grave que la Corte le haya devuelto vigencia a una ley derogada por el Congreso y le haya dado la presidencia del Consejo al presidente del triunvirato (el titular de la corte suprema, Horacio Rosatti). Eso no se puede hacer.
-¿Considera que es causal de juicio político?
-Lo que creo que es causal de juicio político es tomarle juramento a un juez que no tiene acuerdo del Senado. (Como sucedió con Manuel García Mansilla). Quien acepta eso, está usurpando funciones y quienes le tomaron juramento son partícipes de eso.
-En México, la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó con la elección de los jueces. ¿Ese sistema sería posible para Argentina?
-No lo creo. Fijémonos si no en cómo está integrada la Cámara de Diputados. ¿Qué pasaría si esos mismos fueran jueces? Se toma siempre el caso de Estados Unidos, pero allá se eligen por el voto jueces de primera instancia y fiscales de distrito, los jueces federales se designan con acuerdo del Senado a propuesta del presidente, cómo era acá antes de la reforma de 1994. Sí habría que asegurar algún grado de participación popular en el Consejo de la Magistratura, eso sería posible y deseable.
-¿Tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad estamos ante una nueva etapa del lawfare?
-Es un capítulo más de algo que sucede a nivel regional, no pasa sólo en Argentina. En Perú, tenemos preso al expresidente Pedro Castillo; en Ecuador, Rafael Correa tiene una condena en una causa por sobornos, donde también aparecieron cuadernos. En ese país, también asistimos al caso del exvicepresidente Jorge Glass, que fue secuestrado cuando estaba asilado en la Embajada de México y ha recibido amenazas de muerte en su lugar de detención. Antes tuvimos lo de Lula y Evo Morales, y ahora lo de Cristina. Son capítulos que se van sumando. Esto no es algo que surge por parte de Clarín, La Nación o el propio gobierno. Es algo de carácter regional.
-¿Cómo cree que se resuelve la situación de la expresidenta?
-Habrá que resolverlo de alguna manera. No me pidan argumentos jurídicos porque se trata de una sentencia que no tiene ni pies ni cabeza. La argumentación es demencial. Juntaron la documentación, citaron testigos y después empezaron a construir una versión con adverbios de modo, sin hacer una evaluación de las pruebas. En un Gobierno hay cerca de 2000 personas, algún corrupto puede haber, no se puede condenar a un presidente por eso.
–Usted integró hasta hace pocos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cree que esta condena se puede revertir en instancias internacionales?
–En el sistema interamericano no confío. Ni en este caso ni en los otros. Fijémonos lo que pasa con Pedro Castillo, ya no se sabe que se puede hacer para sacarlo de la cárcel. El sistema interamericano se demora entre seis y 10 años, la causa es tomada por el contencioso para que lo tome la Corte Interamericana. La última causa que tuvo que juzgar fue una sentencia que terminé de firmar en 2023, sobre el asesinato de todo un partido político, el M-19. Fue algo que sucedió en los años ’80. En relación a la condena de Cristina confío más en lo que pueda dictaminar el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es un organismo político. En el caso de Lula actuaron bien.
-¿Cómo analiza las últimas declaraciones del designado embajador de los Estados Unidos, Peter Lamela, sobre la coyuntura argentina?
-Es obvio que las declaraciones de este posible embajador implican una intromisión en la política nacional. Confío en que la diplomacia de los Estados Unidos se dará cuenta de la imprudencia de este señor. No somos ingenuos, siempre hubo injerencias, pero trataban de disimularse, encubrirse. Esto es un sinceramiento que no creo que sea patrocinado por la Secretaría de Estado. La Presencia de este señor en Argentina va a generar una polarización tremenda que no le conviene a los Estados Unidos. Es una imprudencia que no se veía en Argentina desde la época de Braden o Perón. «
Fuente Tiempo Argentino
