Después de más de tres horas de exposiciones, en un hecho inédito, la oposición logró imponer su mayoría e insistió con la ley que declara la emergencia en el sector de discapacidad pese al veto del presidente Javier Milei. Con 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones, ahora el veto tiene que pasar por el Senado de la Nación.
Los diputados opositores apuntaron contra la propuesta de solución para la discapacidad que hizo a último momento el vocero presidencial Manuel Adorni. Además, criticaron el comportamiento de Milei en redes contra Ian Moche, un niño activista de 12 años con autismo.
Desde la Libertad Avanza, apuntaron al kirchnerismo por poner primero en la lista “a un vacunado vip”, en relación a Jorge Taiana y la gestión de Alberto Fernández en la pandemia.
La sesión convocada para las doce del mediodía, comenzó con 136 diputados presentes, la oposición en el Congreso consiguió avanzar en el tratamiento de la norma que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22 % y 0,42 % del PBI.
En un intento de pinchar el debate, durante la reunión de labor parlamentaria, el presidente del cuerpo, Martín Menem, exigió que los vetos se traten sobre tablas, teniendo en cuenta que no tienen dictamen de comisión. Pese a que había temor por demoras en los vuelos, el número del quorum fue aportado por los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Frente de Izquierda. Además, se sumaron los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
Luego de varias cuestiones de privilegio, cerca de las 13, los diputados lograron tener los dos tercios para comenzar a tratar la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei el pasado 2 de agosto. De 241 diputados presentes, 166 votaron de manera afirmativa lo que propició que se abra la discusión para revertir la decisión del jefe de Estado.
En ese marco, la primera en exponer fue la diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda, quien celebró: “Qué alegría que hayamos podido habilitar… que nadie se mueva porque después de eso depende que lo podamos votar y los familiares están esperándonos para que hagamos realidad esa necesidad”.
Luego habló Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien consideró que “el sistema de protección por discapacidad está atrapado en una red de normas confusas y una burocracia paralizante con organismos superpuestos”.
“Han pasado cosas gravísimas, como haber pasado de 76.000 beneficiarios a más de 1.000.000; en algunas provincias lo cobra el 8 % de la población y en algunas localidades llega al 40 %, sin que guerras ni epidemias lo justifiquen. Esto alimenta la sospecha de un uso clientelar y de un nivel significativo de corrupción, que erosiona la confianza pública en el sistema”, apuntó el legislador. Y señaló que la norma en discusión que declara la emergencia en discapacidad “es una muy mala propuesta, pero también es muy mala la actitud del Poder Ejecutivo de no proceder a la corrección de los valores de los aranceles para la asistencia”.
Desde Democracia para Siempre, el presidente del bloque Pablo Juliano manifestó: “Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican es un 0,03 % del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6 por ciento!”.
Desde Democracia para Siempre, el presidente del bloque Pablo Juliano manifestó: “Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican es un 0,03 % del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6 por ciento!”.
“La verdadera realidad de un padre que tiene un hijo con discapacidad es tremenda. Pocas veces vamos a tener la posibilidad de aprobar en este Congreso una ley tan noble. Eso no nos convierte en degenerados fiscales ni golpistas. Queremos desemascarar a los que dicen que quieren terminar la corrupción, pero tienen audios donde el titular de la ANDIS pide coimas”, agregó.
También a favor de insistir con la norma aprobada en junio en la Cámara Baja, la diputada Margarita Stolbizer explicó que, en el fondo, la imposibilidad del gobierno nacional de solventar los costos que implicaría la ley obedece a una mala gestión.
“No son capaces de encontrar una partida con la cuál resolver el problema gravísimo de las personas que tienen discapacidad, son unos inútiles. Reconozcamos esto”, aseguró Stolbizer. Y añadió: “El fallo del juez federal de Campana confirma que el impacto fiscal de la medida es insignificante, no puede ser que no encuentren las partidas. Confirma que es ínfimo, declara inválido y el decreto, y que los argumentos del veto son arbitrarios. Además, reafirma el derecho a la salud, a la rehabilitación”.
“No es un debate cualquiera para mí, incluso me han denunciado penalmente. Tengo orgullo de hablar en defensa del colectivo de personas con discapacidad. Ojalá podamos llegar un acuerdo y resolver antes de que llegue al Senado, que el gobierno entienda y resuelva”, completó.
Al cierre del debate, desde Unión por la Patria Eduardo Valdes expuso: “No hay nada más transversal que la ley que consagra los derechos y las prestaciones de las personas con discapacidad. A la salud, a la educación”.
“Nos tenemos que humanizar, son nuestros seres humanos, con los que convivimos. No los descartemos. Gabriela Michetti cuando fue vicepresidenta hizo un censo, que dijo que el 12 % de la población argentina tiene alguna discapacidad. Cinco millones y medio de personas, y solamente un millón doscientos mil accedió a las prestaciones. ¿Alguien puede pensar que los cuatro millones de personas que faltan quieren una prebenda? ¿Cómo puede ser?“, expresó.
Defensores del veto
Defendiendo el veto, el diputado del PRO, Martín Maquieyra cuestionó a la oposición peronista recordando que el retraso en el sistema se acentuó en el gobierno de Alberto Fernández. “Fruto de la inflación y el descalabro que se dejó en 2023 se llega a esta situación. Es un reclamo que lo consideramos razonable, viene de varios años. Por eso es llamativo que los que parece que no gobernaron nunca y no tienen responsabilidad en el descalabro hoy vengan a plantear la solución. Específicamente el kirchnerismo”, afirmó el pampeano.
“El retraso del nomenclador en 2023 fue del 26 %. En 2021 con inflación de 50 % se ajustó 34 %. En 2022 con 94 % el descalce fue del 21 %. En 2023 con una inflación de 211 % se comieron el 100 % de actualización. Hoy vienen a dar cátedra. Háganse cargo del desastre. Nunca les importó la discapacidad. Por eso su hipocresía”, advirtió.
Fuente Tiempo Argentino
