No fue de un día para el otro. Así como al menos algunos de los audios del escándalo datarían de hace meses y una entrevista del conductor Alejandro Fantino al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, hacía referencia a hechos de corrupción desde el año pasado, hubo cambios al interior del organismo que también fueron preparando el terreno para que fuera más permeable al entramado que hoy sacude al Gobierno. Pese al discurso pro-auditorías, los despidos en la Agencia durante 2024 incluyeron un fuerte achique de la Unidad de Auditoría Interna. Menos controles, más negociados.
“En julio de 2024, Diego Spagnuolo descubrió que el área conocida como Pacbi (Plan de Alto Gasto y Baja Incidencia) era manejada por ‘Lule’ Menem y Karina Milei a través de Daniel Garbellini. Él no entendía nada de discapacidad ni tenía antecedentes en la materia. Llegó al cargo porque era un hombre de confianza del presidente Javier Milei. El Pacbi es el área en el que se maneja plata en serio, porque dos ampollas de un medicamento pueden valer 20 millones de pesos. Desde entonces, Spagnuolo, en estado de furia, le dijo lo mismo a un montón de gente y alguien lo grabó. En el Pacbi se licitaba poco y se hacían casi todas compras directas, lo que permitía las trampas. Las compras se direccionaban”, dijo a Página 12 un ex gerente de la ANDIS.
“Además, por presión de Federico Sturzenegger bajaron el personal y, en especial el de la Unidad de Auditoría Interna, que de una dotación normal de 16 personas pasó a 4. Nadie controlaba nada, lo que hizo posible un escandaloso aumento de las maniobras. Y, además, se extendió a otros lugares del estado, como Iosfa, la obra social que manejaban Luis Petri y Patricia Bullrich”, detalló.
El panorama que pinta esa descripción se relaciona con un nuevo audio atribuido a Spagnuolo que circuló en las últimas horas: “A mí Federico (Sturzenegger) me dijo que vos me venías a dar una mano. Es todo un desmadre: se meten en mi organismo, me intervienen sin estar intervenido”.
El afán de Sturzenegger por eliminar organismos de control es conocido. Fomentó el desmantelamiento –y lo celebró- de áreas abocadas a regulaciones sobre rutas, producciones industriales o importaciones. Menos Estado y menos controles en todos los ámbitos. Eso incluyó al sector de discapacidad, que al mismo tiempo fue blanco de una feroz campaña de estigmatización, desinformación y maltrato para llevar adelante el ajuste.
Descontrol en la ANDIS
En septiembre del año pasado, trabajadores y trabajadores de la Agencia decidieron visibilizar el desmantelamiento al que estaba siendo sometido el sector. Por entonces, de 1380 empleados, se había despedido a 350. Y se esperaban más notificaciones.
“Esto es muy grave porque muchas de las tareas que llevaban adelante esas personas no las hace nadie más. Hay servicios que han dejado de operar o que se ven severamente perjudicados”, advertían en ese momento, según reflejaba Anred.
Ese achique se dio también en la Unidad de Auditoría Interna, que depende de la Sindicatura General de la Nación, con una dotación en la ANDIS. Según reveló Página 12, de 16 integrantes se bajó a cinco, con uno de licencia permanente por salud. “Además, no hay trato con los directores ni sugerencias de verificaciones. Las únicas comunicaciones son por mail. A esto se suma que la Sigen, además de la auditoría interna, realiza una externa en base a un Comité de Control, que hace informes dos veces por año. Ese Comité no funcionó hasta ahora. O sea, se pasó a que no haya control alguno”, escribió el periodista Raúl Kollmann.
El Pacbi formaba parte de Incluir Salud, área de la Agencia controlada por Daniel Garbellini, funcionario que creció bajo el ala de Mauricio Macri y fue acusado como responsable de los negociados en los audios de Spagnuolo. El Plan de Alto Gasto apuntaba a compras de emergencia o drogas que no se podían tener en stock, por lo que para cada compra se pedía cotización solo a cuatro droguerías de peso. Entre ellas, por supuesto, la Suizo Argentina, involucrada en el escándalo.
Según el ex gerente que habló sobre las falencias internas de la Agencia, la actual gestión retomó un hábito que ya tenía Garbellini durante el macrismo: las compras directas sin licitación para servicios que nada tenían que ver con adquisiciones de emergencia, como seguridad o limpieza.
Manejos turbios
Desde que el fiscal federal Franco Picardi comenzó a analizar los expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos sobre la compra de medicamentos, se investiga no solo el entramado de corrupción que se desprende de los audios de Spagnuolo sino también la posibilidad de que se hayan adquirido remedios con sobreprecios.
Además, comienzan a salir a la luz otros manejos turbios de fondos por parte de la Agencia que quedó en el ojo de la tormenta. El diario Perfil reveló que un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$ 265 millones, se utilizó para financiar el pago de servicios que la ANDIS podría haber realizado por propia cuenta.
De acuerdo a esa información, Spagnuolo decidió ejecutar fondos de ese empréstito -obtenido durante el gobierno de Alberto Fernández- para la capacitación de personal de la Andis. Pero la Agencia cuenta con un área de accesibilidad que brinda asesoramiento, por lo que no habría sido necesario contratar un servicio externo.
Así y todo, se contrataron servicios de capacitaciones presenciales en San Luis, CABA y Tucumán por parte de la empresa Negitech, del ciudadano argentino-israelí Eric Necht, quien quedó en silla de ruedas a partir de un accidente automovilístico cuando tenía 27 años. Según reconstruyó el periodista Pablo Varela, el titular de esa compañía contó sus vivencias en esas capacitaciones. Un informe de la Agencia en enero de este año confirma esa “contratación directa de la firma consultora Negitech”, por lo que no hubo proceso licitatorio.
Repudio y denuncia
“Desde la Campaña Federal por la Declaración de la Emergencia en Discapacidad expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del Gobierno Nacional, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud”, expresaron este lunes en conferencia de prensa organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad.
«Es inadmisible que un organismo creado para garantizar derechos de las personas con discapacidad se haya transformado en un posible escenario de corrupción y enriquecimiento personal. Este escándalo se suma a un contexto de recortes brutales que han vulnerado derechos básicos: suspensión de prestaciones, freno en las pensiones, trabas en el otorgamiento del CUD y demoras en los pagos congelados a prestadores», enumeró el colectivo. En ese sentido, exigió una “investigación inmediata, transparente y pública” que garantice sanciones a todos los responsables políticos y administrativos; la conformación de una comisión investigadora en el Congreso que esclarezca los hechos; la suspensión de las auditorías en curso “hasta tanto se aseguren mecanismos de transparencia y accesibilidad reales” y la “restitución inmediata de las pensiones que fueron dadas de baja”.
“En un momento voces del Gobierno como Manuel Adorni –vocero presidencial- salieron a decir que nosotros éramos los que usábamos pensiones para despilfarrar. Cuando eran ellos los que hacían las coimas”, cuestionó Guadalupe Bargiela, miembro de esa campaña desde el colectivo Patria Diversa y una de las despedidas de la ANDIS durante esta gestión. “No solo fue una situación de desguace, sino también de poco o nulo control”, dijo sobre el impacto de los recortes sobre la Agencia.
“Que despidieran a 350 personas de la ANDIS no fue casual. Habla de un desmantelamiento político que se necesitaba para la fuga de capitales –sentenció en diálogo con Tiempo- Es una corrupción sistemática del gobierno de Javier Milei. Quiero que miremos más allá de esto, que es solo la punta del iceberg”.
Fuente Tiempo Argentino
