Piden multar al gobernador con $5 millones diarios por desobediencia judicial

Zdero persigue a los trabajadores y la multa la va a pagar el pueblo del  Chaco, encima de inútil pelotudo, que “cambio” que votaste surubí!!!

Lo solicitó el abogado Sebastián Ferreyra Negri. Señaló que el gobierno provincial incumple la orden de trasladar a su defendido, Daniel Bittel, a otra área de la Administración Pública a pesar de que el Superior Tribunal de Justicia así lo ordenó, en el marco de una medida cautelar por violencia laboral en el Instituto del Deporte. Sostuvo que sería injusto que la multa la pague el Estado “cuando los incumplimientos son perpetrados por funcionarios públicos que administran fondos del pueblo”.

Un nuevo caso de desobediencia judicial se produce por capricho del gobierno del Chaco, con la novedad de que, en esta oportunidad, la billetera que se tocará para pagar las multas correspondientes no serán las estatales sino la del mismísimo gobernador, Leandro Zdero.

El abogado Sebastián Ferreyra Negri presentó un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia denunciando el incumplimiento de la medida cautelar dictada el pasado 9 de septiembre, en la causa por violencia laboral que involucra al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez.

El letrado indicó que el Poder Ejecutivo provincial no cumplió con la orden de trasladar provisoriamente a su defendido, Daniel Bittel a otra dependencia, a pesar de haber sido notificado. Por ello, solicitó la aplicación de astreintes —multas diarias por desobediencia judicial— de 5 millones de pesos imputadas directamente al gobernador hasta que se cumpla la medida.

Ferreyra Negri fundamentó la solicitud en la gravedad del incumplimiento y la necesidad de que la responsabilidad recaiga sobre el funcionario, y no sobre el Estado. “Resulta injusto que en caso de ordenarse la aplicación de astreintes sea el Estado quien deba abonar dicho incumplimiento cuando los incumplimientos son perpetrados por funcionarios públicos que administran fondos del pueblo”, remarcó.

También anticipó que su defendido ejercerá el derecho de retención de tareas, amparado en el artículo 1.031 del Código Civil y Comercial, señalando que la suspensión de su trabajo se justifica mientras persista el incumplimiento judicial. Además, pidió que la medida se haga efectiva incluso en días y horas inhábiles, reforzando la urgencia del caso.

Tensión y conflicto

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco, por mayoría, ordenó el traslado provisorio de Bittel, empleado estatal que denunció violencia laboral por parte de Fabio Vázquez, presidente del Instituto del Deporte. La medida, sostuvo el Máximo Tribunal de la provincia, se mantendrá vigente hasta que se resuelva el amparo.

En su presentación inicial, Bittel denunció un verdadero “calvario” dentro del organismo y solicitó su traslado inmediato al bloque del justicialismo en la Cámara de Diputados del Chaco, la prohibición de acercamiento de tres kilómetros para Vázquez y la remoción del funcionario.

Los jueces Víctor del Río, Iride Grillo y Emilia Valle consideraron que el traslado provisional era suficiente y que la prohibición de acercamiento no era necesaria, ya que la separación física en el ámbito laboral estaba garantizada. Señalaron que la decisión sobre el lugar de destino del empleado es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. No se expidieron sobre el pedido de remoción solicitado.

El tribunal fundamentó la cautelar en la “verosimilitud del derecho” de Bittel, respaldada por grabaciones de audio y certificados médicos que evidencian un contexto de “tensión” y “conflicto” con la máxima autoridad del organismo, lo que podría constituir violencia laboral, según la Ley Provincial N.º 2023-A.

Por su parte, los jueces Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi votaron en disidencia y propusieron rechazar la acción de amparo. Argumentaron que las peticiones de Bittel exceden el marco de un amparo, ya que buscan sustituir decisiones que son competencia exclusiva de otros poderes del Estado, como el traslado de personal o la separación de funcionarios de alta jerarquía.

“Yo soy Estado”

Bittel, militante peronista e hijo de Raúl Bittel, expresidente del Instituto del Deporte, denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral que incluyó el bloqueo de accesos al sistema de auditoría, denegatoria de traslados, vaciamiento funcional de su área y manipulación irregular de su legajo personal.

La denuncia, incorporada a la acción de amparo, se apoya en un informe pericial que confirma, con un 99,97 % de probabilidad, que una voz en una grabación de WhatsApp pertenece al presidente del Instituto, Fabio Vázquez. La evidencia fue certificada mediante acta de escribana pública.

En el audio, grabado por el propio Bittel el 21 de mayo, se escucha a Vázquez utilizando expresiones humillantes y agresivas. En el intercambio, Vázquez se jacta de su poder circunstancial y afirma que puede “cambiar la cuestión judicial” porque desde el gobierno provincial “no hacen nada sin consultar a fiscales y jueces”.

Evocando la célebre frase atribuida al rey Luis XIV (“L’État, c’est moi”), aseguró que “siendo Estado, porque yo soy Estado hoy”, no le otorgará el traslado solicitado al bloque legislativo del Partido Justicialista, en tanto persista con su pedido de promoción. De manera reiterada lo obliga a elegir entre una cosa u otra, vulnerando derechos laborales.

Ante este panorama, Bittel señaló que como funcionario responsable del área deberá entonces brindarle una explicación a los legisladores respecto de la denegatoria a la afectación solicitada. La respuesta de Vázquez fue muy concreta: “Que me chupen la pija, los diputados. Así deciles, que yo dije. Y si querés grabar, grabame”.

“Misógino, machirulo y atrevido”

Estas declaraciones generaron el repudio de la oposición en la Legislatura chaqueña y el silencio del oficialismo. “Cuando insulta a los legisladores no solo agrede a quienes representamos al pueblo del Chaco: degrada la política, corroe la institucionalidad y exhibe el modelo de gobierno que hoy tenemos en la provincia”, expresó el legislador del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel.

En el mismo sentido se pronunció su compañera de bancada, Mariela Quirós: “Un funcionario que, desde la soberbia más burda, plantea ‘Yo soy el Estado’ no solo es ridículo y chabacano: es peligroso. El Estado debe representarnos a todos; no puede ser el funcionario de turno que se sienta dueño del poder. Este autoritarismo de pacotilla desnuda lo que estamos enfrentando”.

Por su parte, la diputada del Frente Grande, Tere Cubells, consideró que las expresiones de Vázquez son “calumniosas e injuriosas” contra la Cámara de Diputados, más aún viniendo de un funcionario que debe rendir cuentas. “Fue absolutamente misógino, machirulo y atrevido”, expresó.

La legisladora pidió una cuestión de privilegio —herramienta parlamentaria que protege las prerrogativas de los legisladores y el decoro institucional— y solicitó que intervenga la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el marco de la Ley 524-E, para evaluar la responsabilidad institucional de Vázquez. “¿Cómo es posible tener funcionarios que se expresan con términos soeces y patriarcales hacia quienes integramos la Cámara de Diputados?”, cuestionó

Mientras Zdero y su pandilla siguen haCI3NDO CAGADAS, fijate.

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