Tras la decisión del gobierno nacional de no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a que el Parlamento derogó el veto presidencial, Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, analizó la situación crítica que atraviesan las personas con discapacidad, planteó los desafíos legislativos pendientes y la necesidad de una nueva ley marco en la materia.
En diálogo con Tiempo Argentino, el legislador describió la angustia social que atraviesa el sector y advirtió que el oficialismo prioriza hablarle a los mercados antes que atender derechos básicos.
–-El Congreso derogó el veto presidencial y la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue vigente. ¿Qué implica que el gobierno aún no la aplique?
–Rechazamos el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad con más de dos tercios en Diputados y Senadores. El gobierno promulgó la ley y, automáticamente, la suspendió. Eso nunca pasó en la historia: es absurdo y es inconstitucional. Promulgar una ley y no ponerla en marcha es grave, es una línea que no se puede cruzar. Una ley no es un consejo, es una obligación.
–¿Cuáles son los efectos más urgentes de este incumplimiento, teniendo en cuenta el impacto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad?
–Esta situación aumenta la angustia y la desesperación de las familias, porque el sistema está totalmente colapsado y no acceden a servicios básicos como medicamentos, transporte, terapias o acompañantes. Hay tres caminos: el primero es que el gobierno ponga en marcha la Ley. El segundo es el de la Justicia, que ya le ordenó al Estado aplicarla. Y el tercero es el del Congreso, donde pedimos la interpelación del jefe de Gabinete Guillermo Francos. Varios bloques acompañamos la moción de censura porque no cumplió con la norma y, en los próximos días, se definirá la fecha de la sesión para interpelarlo.
–¿Cuáles son los principales derechos vulnerados de las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con aquellos que pertenecen a los sectores más postergados?
–Entre todos los sectores afectados por el ajuste (jubilados, universidades, y trabajadores) los más golpeados, incluso en sectores humildes, son las personas con discapacidad y sus familias. Están cerrando hogares y centros de día, lo que implica que muchas personas se quedan sin su almuerzo. Pero además se interrumpen sus terapias y el acceso a medicación. Cuando presenté la ley, en febrero, era de emergencia; hoy es de colapso. Nunca vi un nivel de angustia tan alto. Hoy la gente me para en la calle, me abraza y llora porque no entiende cómo el Estado los maltrata así. Ya lo comenté en otras ocasiones, pero el procedimiento con el que el gobierno dio de baja las pensiones fue deliberadamente mal hecho. Primero sacaron las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y obligaron a las personas a trasladarse cientos de kilómetros para hacer una auditoría. Fueron obligadas a hacer hasta diez horas de fila para ser atendidas. Le pidieron a personas con ceguera de nacimiento que repitieran todos los estudios. El 40% de los telegramas nunca llegó a destino porque usaron bases de datos viejas. Se dieron de baja 110 mil pensiones, 90 mil de ellas por simples errores de domicilio. Estas personas nunca se enteraron hasta que dejaron de cobrar. Se buscó recortar el 30% a cualquier costo.
–Desde el tratamiento del proyecto hasta la sanción de la ley, ¿qué fue lo que más le impactó?
–El valor de las madres. Una familia que tiene en su seno a una persona con discapacidad ve transformada su vida. Las madres son, en general, quienes asumen las tareas de cuidado. Todos los días me encuentro con madres que me dicen que ya no pueden más, pero aún así, tienen la fortaleza de pelear con el Estado, con las obras sociales, con quien sea, y a la vez sostienen a sus hijos con ternura. Son las que evitan que todo se derrumbe.
–En su entorno familiar, ¿hay alguna persona con discapacidad?
–Sí, mi mamá. Ella tiene 85 años, vive aún y padece poliomielitis. En la Argentina hubo una epidemia de polio y muchas personas (hoy mayores como mi mamá) quedaron con serias restricciones en su motricidad. Ella no tiene ningún grado de movilidad y necesita de acompañamiento constante.
–¿Cómo compara la gestión anterior con la actual en materia de discapacidad?
–La gestión anterior, con muchas dificultades y problemas, buscaba incluir, incorporar a las personas al sistema de salud y ampliar el acceso a las pensiones por discapacidad. Tenía una mirada más humana y un espacio donde interactuar. Hoy solo hay recorte y todo se volvió un trámite burocrático sin contacto humano. Y peor aún, se institucionalizó el maltrato.
–¿Qué modelo de política pública en discapacidad cree necesario para garantizar un sistema transparente y sostenible en el tiempo?
–Hay tres puntos centrales. Primero, garantizar prestaciones básicas como los hogares, las terapias, los medicamentos, los acompañamientos, el transporte, y la posibilidad de que la persona con discapacidad trabaje en talleres protegidos. Todo ello debe estar incluido en un nomenclador que contempla además el sistema de salud, Pami, obras sociales y prepagas. Segundo, contar con un esquema de pensión de apoyo para la persona con discapacidad. Una familia con un integrante en esta situación afronta un 30% más de gastos extras. Tercero, establecer como regla de la democracia que todo funcionario del área de discapacidad debe tener empatía, humanidad y respeto por la persona con discapacidad.
–Guillermo Francos dijo que no hay fondos y que, si se aplica la Ley de Emergencia, el Estado se queda sin recursos para costear su funcionamiento común. Usted planteó que el costo fiscal de la ley es mínimo. ¿Por qué cree que el Ejecutivo insiste en no aplicarla?
–El costo fiscal de reordenar todas las prestaciones es 0,03%, no tiene impacto real. Además es deuda acumulada, porque el nomenclador no se actualiza, y eso condena a transportistas, terapistas y hogares a trabajar con valores irrisorios.Una persona con discapacidad, que trabaja en un taller protegido cuatro horas por días, toda la semana, cobra 28 mil pesos por mes. Un acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos la hora y un transportista recibe 541 pesos el kilómetro. ¿Por qué hace el gobierno esto? La única explicación que encuentro es que el gobierno decidió hablarle sólo a los mercados y no moverse ni un milímetro del plan, aunque eso implique más dolor para las familias.
–¿Cuáles son los próximos desafíos que deben abordar desde la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados?
–En paralelo a avanzar con la moción de censura, tenemos dos grandes desafíos, por un lado, la ley marco que regula el sistema de discapacidad en el país es de 1981. No solo es de la dictadura, sino que además necesita una actualización urgente. Por el otro, debemos aprovechar esta visibilidad social que tomó la problemática para transformar el reclamo en mejores acciones en provincias y municipios. «
Fuente Tiempo Argentino
