La hija de Luciana Corasaniti tiene una enfermedad autoinflamatoria rara. Tan rara, que solo hay dos casos en el Garrahan, donde encontró tratamiento y mejoras en la calidad de vida para su niña. Desde ese lugar defiende el hospital de alta complejidad cuyo personal lleva meses de reclamo y hoy se enfrenta a una nueva batalla por la Ley de Emergencia en Pediatría. Tras la sanción y el rechazo al veto de Javier Milei, el Ejecutivo promulgó este martes la normativa pero dejándola suspendida y condicionada al Presupuesto. Tal como hizo al mismo tiempo con la Ley de Financiamiento Educativo y antes con la de Emergencia en Discapacidad. Tres sectores que convergen en un reclamo único y cada vez más fuerte.
Mientras la movilización copa la Plaza de Mayo y se replica en distintos puntos del país, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital prepara una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra quienes firmaron el decreto que suspende la aplicación de la ley: Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Se efectivizará este miércoles a primera hora.
“Genera mucha impotencia lo que está haciendo el presidente. Se luchó mucho por lograr esta ley, estamos poniendo todo lo que tenemos de nuestra energía, nuestros conocimientos, nuestro tiempo que tendríamos que estar dedicando a trabajar, a cuidar a nuestros hijos con sus múltiples dificultades, y sin embargo elegimos estar codo a codo con los trabajadores, defendiendo este hospital”, dice Corasaniti a Tiempo desde Mar del Plata, donde se convocó a movilizar frente a la Municipalidad de General Pueyrredón, en paralelo a la marcha de los tres sectores en lucha a Plaza de Mayo.
“Vamos a seguir luchando por esta ley. No podemos darnos el lujo de que renuncien más profesionales. Son los trabajadores que atienden a nuestros hijos, que los estudian en profundidad, que saben manejar patologías poco frecuentes o complejas. Como mi hija, que tiene una enfermedad que solo tienen dos niños en todo el Garrahan. ¿Dónde puedo ir si no es allí para que la traten y mejoren su calidad de vida como lo está haciendo? Se agotarán todas las instancias legales, se movilizará todas las veces que sea necesario. Esta es una causa federal, que convoca a mamás y papás de todo el país”, insiste la mujer, integrante del colectivo Soy Garrahan.
“Es completamente inconstitucional»
Guadalupe Pérez es Jefa de Infectología del hospital, al que define como “un lugar único y de excelencia, que necesitamos que siga en funcionamiento y con el nivel que tiene”. Considera “completamente inconstitucional” la promulgación con suspensión de la Ley de Emergencia en Pediatría. Desde el equipo de salud, cuenta, están en contacto con legisladores para analizar “de qué manera se puede activar la judicialización de todo esto, lo mismo que está pasando con la Emergencia en Discapacidad”.
“Nos angustia mucho. Los tiempos del hospital siguen pasando, el personal está súper agotado. Cada día se van profesionales que no podemos reemplazar. Los pocos concursos que hay quedan vacantes, la gente no quiere venir por lo poco que pagan. Y el esfuerzo que esto significa, porque en lugares donde antes éramos diez personas trabajando ahora quedamos cuatro. Hay que hacer más del doble de trabajo, y no queremos que les falte nada a los chicos. Esto significa que nos quedamos más horas de las que deberíamos, que nos esforzamos más y la calidad de atención lamentablemente se deteriora. Estamos súper amargados, angustiados, preocupados por la falta de respeto a las instituciones, a la Constitución”, lamenta la especialista.
Y agrega: “Con mucha esperanza de que el pueblo entienda que la decisión que realmente puede cambiar este destino de desarmar la salud pública y desfinanciar un hospital de excelencia como el Garrahan está puesta en las elecciones del domingo. Hay que confirmar con el voto si uno quiere la salud pública, la educación y el respeto a la vida y a las instituciones”.
Toda la comunidad educativa movilizada
Así como el Garrahan amaneció de paro este martes, también en el ámbito universitario hay huelga en reclamo por la Ley de Financiamiento de las casas de altos estudios. La medida fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).
Lucía Ortega, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e integrante de la Asociación Gremial Docente (AGD), remarca que “estudiantes, docentes, toda la comunidad en general peleó mucho por esta ley que implica solamente una recomposición de los salarios perdidos al nivel de diciembre de 2023”.
La promulgación sin implementación “es claramente una ilegalidad, una burla a la sociedad en su conjunto. Sobre todo cuando uno ve que el Fondo Monetario Internacional les presta 14 millones de dólares, que el Gobierno dice que tiene superávit, que el Tesoro norteamericano está inyectando dólares para sostener el tipo de cambio. Toda esa plata no la vemos, se la están fugando. No viene a la universidad, a la salud, al Garrahan, discapacidad. No viene a la sociedad”.
Ortega destaca que al paro se sumaron trabajadores no docentes, que se convoca a otra medida de fuerza para este miércoles y que habrá un plan de lucha la semana próxima y “hasta que se garantice la aplicación efectiva de la ley, que es nuestro derecho. Desde el gremio vamos a llevar adelante las medidas de lucha que sean necesarias y también las medidas administrativas y judiciales que hagan falta, porque no es solo una burla sino un atropello al sistema institucional”.
Por el juicio político y el paro general
El personal del Garrahan comenzaba el paro, a las 7 de la mañana, cuando llegaba la confirmación de la publicación en el Boletín Oficial de la promulgación sin implementación. “La movilización y el paro ya estaban definidos, pero ahora tienen un valor doble. Entendemos que es el momento de convocar al conjunto de la población a salir a rechazar esta política del Gobierno, que no solo afecta a Emergencia Pediátrica sino también en Discapacidad y Financiamiento Universitario”, resume Gerardo Oroz, de ATE Garrahan.
Al mediodía, en el marco de una concurrida asamblea en el hospital, APyT convocó una mesa redonda con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para definir analizar alternativas y definir pasos a seguir. “Están muy cansados, muy agotados, hay un desazón generalizada por un lado y por otro afirman que van a continuar con esta lucha hasta el final, tratando de encontrar las herramientas jurídicas y legales que le den cause a esta lucha”, contó desde allí Macarena Sabin Paz, coordinadora de Salud del CELS.
“La Ley de Emergencia Pediátrica pone un piso distinto, no es como si no se hubiera recorrido nada, pero después de tanta lucha ver que esta fue la resolución por parte del Poder Ejecutivo es muy desilusionante”, describió. Sobre medidas a tomar, dijo que se analizan medidas en el fuero contencioso administrativo y que se trabaja también sobre el antecedente de Discapacidad, teniendo en cuenta que desde el plano judicial “hubo algunas respuestas positivas” como la restitución de pensiones.
“La promulgación sin los fondos para aplicar la ley cayó muy mal en el hospital. Es algo que ya veíamos que iba a suceder. Venimos de un caravana el sábado para reclamar la aplicación inmediata de las tres leyes, y el presidente decide de manera autocrática, como si esto fuera una monarquía, no aplicar las leyes del Congreso”, critica Pablo Gravina, jefe de Clínica del Laboratorio de Biología Molecular-Genética y referente de APyT. “Vamos a denunciar penalmente a los integrantes del Poder Ejecutivo y por otro lado vamos a proponer que el Congreso active el juicio político a Milei, Lugones y Caputo. Y vamos insistir para que la CGT convoque a un paro general”.
Fuente Tiempo Argentino
