Las 1800 denuncias las documentó un extenso informe de la Procuración Penitenciaria que depende del Poder Legislativo. Involucra a las fuerzas federales, Policía, Gendarmería, PSA y Prefectura, además de lo ocurrido en las cárceles, que pasaron de Justicia a la órbita de Patricia Bullrich.
Fuente Ambito
