Tras el reclamo de los gobernadores, el Gobierno analiza cómo implementar la Ley de Emergencia Ígnea

En medio del avance del fuego en el sur del país, el gobierno analiza cómo implementar la Ley de Emergencia Ígnea que los gobernadores patagónicos impulsaron en conjunto al inicio de esta semana para intentar obtener una respuesta concreta frente a la catastrófica situación que atraviesan sus provincias. Con la intención de dar una respuesta al reclamo de los caciques provinciales que desde hace semanas le exigen colaboración al estado nacional para combatir los incendios, en Casa Rosada reconocen que se están evaluando las opciones que permitan brindar soluciones en el menor corto plazo posible.

El tema se puso sobre el tintero en el mediodía de este jueves, en una nueva cumbre de la mesa política de Javier Milei. Desde las 12, el despacho del jefe de gabinete, Manuel Adorni, fue el escenario del cónclave que reunió a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se conectó vía Zoom.

Ley ígnea: el reclamo de los gobernadores para declarar la emergencia

Durante más de dos horas, la mesa chica del oficialismo debatió cómo atender al conflicto que hermanó a los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); Rolando Figueroa (Neuquen) y Claudio Vidal (Santa Cruz), en medio de las negociaciones a contrarreloj que la Casa Rosada lleva con todos los mandatarios para lograr aprobar la reforma laboral a partir del próximo inicio de las sesiones extraordinarias el 11 de febrero.

Si bien dentro del gobierno advierten entender la emergencia del caso, lo cierto es que no se descarta que la concesión de esta ley por parte del Ejecutivo sea utilizada como herramienta de intercambio que le permita al oficialismo hacerse de los números necesarios para aprobar una nueva ley de trabajo que le permita iniciar el año con un contundente triunfo legislativo.

Según expuso ante este medio una fuente al tanto de estas discusiones, en el gobierno evalúan tres opciones para la implementación de la Ley Ígnea que reclamaron los patagónicos. Una de las opciones es hacerlo por decreto simple, habilitando la prórroga de la Ley de Emergencia Ígnea cuya última implementación se dio durante la gestión de Alberto Fernández en enero del 2023. También, se analiza la posibilidad de sumar la ley al temario de las sesiones extraordinarias, aunque no son pocos los funcionarios que entienden que esto podría retrasar el margen de acción que, en estas circunstancias, debe ser expeditivo.

La tercera opción, y la que contó con el visto bueno de la mayoría de los integrantes de la mesa chica, es la de sancionar la misma vía Decreto de Necesidad y Urgencia. De esta forma, el oficialismo se garantizaría la redistribución de partidas a discreción, al tiempo que estaría brindándole una respuesta rápida a los mandatarios provinciales. Pese a ser la alternativa con mayor consenso, todavía no está claro cuándo se publicará el decreto y los alcances que tendrá el mismo. Tampoco está claro si cumplirá a rajatabla la redacción del proyecto que presentaron los gobernadores.

El debate en el gobierno se dio tras la decisión del Ministerio de Seguridad de habilitar el desembolso de nuevas partidas para garantizar el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. La resolución, que lleva la firma de Alejandra Monteoliva, se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial y establece la entrega de $100.810.319.998 para el área.

El proyecto de ley que presentaron los gobernadores patagónicos busca declarar la catástrofe en las zonas afectadas, que ya sobrepasan las 40.000 hectáreas de tierras, para habilitar un presupuesto específico para combatir los desastres. Además, Torres pidió que se incluya dentro del Código penal la figura del ecocidio, para aumentar las penas y encarcelar a quienes provoquen un incendio de manera intencional, tal como se especula que ocurrió en este nuevo desastre.

El proyecto contó con el apoyo del ex presidente Mauricio Macri, quien se expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter) para solicitarle al gobierno nacional que avance con ímpetu en esta sanción. «En estos incendios ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural. La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965. Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”, sostuvo el ingeniero.

Pese a que dentro el Ejecutivo admiten que «entraron las balas» de los reclamos por la escasa colaboración y respuesta del gobierno frente a la catástrofe, lo cierto es que en la Casa Rosada miran con recelo la decisión del ex jefe de estado de pronunciarse al respecto. Para la mesa chica, la intromisión en el manejo de la agenda gubernamental por parte de los dialoguistas, y en particular del PRO, es un pecado que no están dispuestos a aceptar. Por eso, si bien insisten en remarcar que se ocuparán del tema, no dejarán que el crédito político de esta acción se lo lleve alguien más.

La resolución final se tomará en los próximos días y se espera que sea anunciada con un gran despliegue que le permita al gobierno seguir construyendo su propio relato. Posiblemente, una vez concretada la medida, el presidente Javier Milei podrá aprovechar la situación para pronunciarse por primera vez sobre el tema después de semanas de silencio.

Fuente Tiempo Argentino