El análisis forense del dispositivo de Mauricio Novelli, uno de los principales imputados en la causa $LIBRA, arrojó pruebas que, como se esperaba, comprometen directamente al presidente Javier Milei. Entre los archivos recuperados por los peritos se destaca un contrato millonario firmado entre el libertario y el empresario estadounidense Hayden Davis, que confirma que el líder libertario no fue un simple divulgador, sino un partícipe necesario en el entramado que dio vida a la nefasta criptomoneda antes de su estrepitoso colapso.
La negativa a presentarse en el Congreso de la Nación marca la estrategia de blindaje en Casa Rosada tras las últimas novedades judiciales. En los pasillos del poder ejecutivo minimizan el impacto de las pruebas, calificando la pesquisa como un armado sin rigor legal. «La cadena de custodia está rota, es todo inválido», sostienen cerca del mandatario, apuntando sus dardos contra la filtración de información reservada en lugar de abordar el contenido de los chats vinculados a la causa $LIBRA.
Milei, el Congreso y las pruebas en la causa $LIBRA
El círculo rojo libertario refuerza la teoría de la persecución mediática, insinuando que el expediente debería archivarse por inexistencia de delito. Con ironía, desestiman al titular de la comisión investigadora en Diputados que insiste en interrogar al Presidente: «Que disfrute sus 15 minutos de fama», ironizan al ser consultados sobre el citado Maximiliano Ferraro.
Mientras la oposición reclama explicaciones, el oficialismo redobla la apuesta y exige que la Procuración investigue a los responsables de las filtraciones. El debate público se desplaza así del contenido del escándalo financiero a una supuesta violación de secreto de sumario, en un intento por deslegitimar el material que compromete al primer mandatario.
A pesar de la gravedad del material que lo vincula directamente con los organizadores de la estafa $LIBRA, en Balcarce 50 insisten en que no existe delito y que el caso solo se sostiene por su impacto mediático, mientras intentan que la controversia se desplace hacia el origen de las filtraciones judiciales.
Fuente Tiempo Argentino
