El jueves de la semana pasada Jorge Macri anunció la licitación de los medios públicos porteños: el Canal de la Ciudad y las radios AM y FM. Un hecho que ocurre por primera vez en casi cien años de historia que tiene la AM 1110 y más de un cuarto de siglo de La 2×4. Esta iniciativa se enmarca en el pacto firmado por LLA y el PRO para conformar la alianza política de gobierno que establece un fuerte achique del Estado.
Las empresas privadas que se queden con todos los medios públicos tendrán en sus manos la gestión técnica, operativa y comercial y deberán contar con infraestructura propia y asegurar el cumplimiento de requisitos culturales y tecnológicos.
Si bien el hecho quedó soslayado por las últimas novedades de la criptoestafa Libra que pone en jaque al Gobierno Nacional, los rechazos a la inminente privatización de los medios públicos porteños se hicieron sentir. Los trabajadores y trabajadoras del Canal de la Ciudad y las radios, hicieron circular un comunicado donde repudian la decisión del Jefe de Gobierno porteño bajo la consigna “lo público no se vende”.
Discución en la Legislatura
Por su parte, la legisladora de Fuerza Patria, Graciana Peñafort, señaló que la licitación de los medios públicos “resulta ILEGAL y contrario a lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad y por el artículo 44 de la Ley 26.522”, argumento en sus redes.
Cabe destacar que el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad garantiza la existencia de medios de comunicación propios de la Ciudad destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación.
Peñafort es abogada especializada en derecho constitucional, administrativo y litigios complejos de alto perfil político, recordada por su rol en el diseño de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires NO le pertenecen al Jefe de Gobierno de turno, sino a todas y todos los vecinos de la Ciudad”, agregó la diputada.
La carta magna porteña establece: “También participan en el canal de radio y televisión de la Ciudad personas de diferentes partidos políticos que trabajan en la Legislatura de la Ciudad y personas pertenecientes a sectores de la cultura y de la comunicación social, en la forma que la ley indique. La Ciudad debe facilitar la participación de la comunidad con ideas en los programas de radio y televisión de la Ciudad.”
Por su parte, la diputada porteña de Izquierda, Vanina Biasi señaló en sus redes que “hay que enfrentar esta nueva entrega de Jorge Macri. La licitación de los medios públicos y la liquidación de puestos de trabajo al servicio del negocio de algunos amigos de Macri, Angelici y Milei es ilegal (viola la Constitución de la Ciudad) e ilegítima. Por otra parte están entregando un patrimonio de años que ninguna licitación puede compensar. Es pura entrega”, sentenció.
Viola la Ley de Medios
El artículo 44 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece el principio de indelegabilidad de la explotación de los servicios de comunicación audiovisual, disponiendo que será considerada delegación de explotación —y configurará falta grave—:
El anuncio de Jorge Macri de concesionar los medios públicos es ilegal, va contra la Constitución de la Ciudad y la normativa vigente. Los medios de la Ciudad no son del gobierno de turno: son de las y los porteños. Presenté un pedido de informes para que el Jefe de Gobierno de… pic.twitter.com/A83o5Y4SOV
— Graciana Peñafort (@gracepenafort) March 16, 2026
“Ceder, a cualquier título, o vender espacios de programación de la emisora a terceros, en forma total o parcial; Celebrar contratos de exclusividad con empresas comercializadoras de publicidad; celebrar contratos de exclusividad con organizaciones productoras de contenidos; otorgar mandatos o poderes a terceros, o realizar negocios jurídicos que posibiliten sustituir total o parcialmente a los titulares en la explotación de las emisoras; y el inciso derogado por el Decreto 267/2015”.
Peñafort remata y asegura: “en consecuencia, si se concesionaran los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, no solo se estaría violentando la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que, además la autoridad de aplicación de la Ley 26.522 podría revocar la autorización de los medios audiovisuales de la ciudad.”
Fuente Tiempo Argentino
