Habrán notado, en especial quienes siguen desde hace años las políticas de gestión del gobierno porteño que se publican en este medio, que en los últimos dos años prácticamente no hubo denuncias sobre la aparición de ratas y escorpiones en las escuelas públicas de la Ciudad.
La primera impresión es que el gobierno de Jorge Macri logró controlar las plagas instaladas desde hace años en el distrito, pero referentes educativos e integrantes de cooperadoras escolares aseguran que, desde el desembarco del ex intendente de Vicente López en la Ciudad, hubo fuertes presiones en las autoridades escolares para que estos temas no salgan a la luz.
Pero las plagas en la Ciudad no ocurren solo en escuelas y en edificios, es un tema generalizado producto de la excesiva construcción edilicia, el descontrol de los residuos y la enorme cantidad de polos gastronómicos. Sin el control y prevención del gobierno, las plagas se vuelven incontrolables.
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires refuerza esta idea ya que revela serias deficiencias en la Dirección General de Limpieza: falta de planificación, controles insuficientes sobre contratistas y un presupuesto que creció un 436% sin respaldo técnico claro, lo que pone en duda la eficacia del servicio y el uso de los recursos públicos.
El relevamiento aprobado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (N° 12.25.09 “Control de Plagas”1) es contundente: el Gobierno de la Ciudad no está llevando adelante una gestión efectiva ni eficiente en esta política de prevención.
Del informe surge un problema de base: no hay una planificación integral que ordene el programa. Falta un plan anual con cronogramas claros, frecuencias definidas y responsables asignados. Esa ausencia se traduce en información dispersa y en un seguimiento muy limitado.
Parte de las intervenciones de las cuadrillas propias no surge de una estrategia anticipada, sino de reclamos vecinales o pedidos puntuales. Esta lógica tiene consecuencias concretas. Sin criterios homogéneos ni una mirada integradora, resulta prácticamente imposible medir la cobertura real del servicio.
Tampoco se puede evaluar la efectividad del programa, corregir desvíos a tiempo ni proyectar mejoras con sustento. A esto se suma otro punto crítico: no existen registros consolidados de planificación futura, lo que deja al programa expuesto a repetir errores año tras año. En otras palabras, se ejecuta un presupuesto millonario sin una hoja de ruta clara, con impacto directo en la eficiencia del gasto público.
No funciona, pese a aumentar el presupuesto
El presupuesto vigente del programa muestra un incremento del 436% respecto del monto aprobado originalmente. La auditoría concluye que, lo previsto en la ley de presupuesto no reflejó la necesidad real del programa, lo que derivó en pedidos de partidas adicionales para cubrir una demanda que no estuvo correctamente dimensionada.
En esa misma línea, se detectó el uso de mecanismos de excepción (Decreto 433/16) para contratar de manera mensual a la empresa Plagas Urbanas S.R.L. en zonas como Los Piletones y Villa Soldati, a pesar de existir una licitación pública vigente (N° 7162-0099-LPU22) con otra empresa adjudicataria para esas mismas áreas. Esto evidencia problemas de coordinación y planificación.
Falta de control sobre empresas contratadas
El sistema de geolocalización —exigido en los pliegos— está inoperativo, con información inexistente o incompleta, lo que impide el seguimiento en tiempo real de las tareas que realizan las empresas contratadas por el GCBA.
Cuenta con un Sistema de Geolocalización que esta Inoperativo: Pese a estar exigido en los pliegos de licitación, se constató como no operativo en la práctica. Al verificar su funcionamiento, el equipo de auditoría comprobó que la información «no existe y/o se encuentra incompleta», impidiendo un control en tiempo real.
Baja Cobertura de Control: La fiscalización realizada por la Gerencia Operativa de Saneamiento (GOS) sobre las tareas de las empresas contratistas fue baja, llegando a un máximo del 33% en julio y cayendo a un 6% en diciembre.
Los formularios de «Control Representativo» que utilizan los inspectores para fiscalizar a las empresas presentan serias deficiencias: no tienen numeración correlativa, carecen de un campo para asociar el número de orden de provisión (lo que dificulta la trazabilidad), y la información sobre la calidad del servicio se consigna de forma inconsistente, con «gran disparidad/heterogeneidad».
Inconsistencia en los Registros: Se detectó una falta de «integridad y coherencia en la información» sobre la cantidad de fumigaciones realizadas.
Imposibilidad de verificar el cumplimiento de los plazos de cumplimiento de los reclamos efectuados por los vecinos imputados a las empresas contratistas, por carecer por ejemplo de fecha de ingreso del reclamo en los registros.
Fuente Tiempo Argentino