La reforma laboral en curso no es neutra. Tampoco es meramente técnica. Es, en términos concretos, una reconfiguración del mundo del trabajo que impacta de manera desigual, y particularmente regresiva, sobre las mujeres.
En los últimos años, el derecho laboral argentino había comenzado a transitar un cambio de paradigma. La incorporación del Convenio 190 de la OIT marcó un punto de inflexión: el trabajo dejó de pensarse sólo como un vínculo contractual para ser entendido como un espacio donde deben garantizarse derechos humanos básicos, entre ellos, el derecho a una vida laboral libre de violencia y acoso.
Este avance no fue solo declarativo. La jurisprudencia empezó a reconocer que la violencia laboral —especialmente la de género— no es un conflicto individual sino una expresión de desigualdades estructurales. Se invirtió la carga de la prueba, se incorporó la perspectiva de género como mandato y se amplió la responsabilidad de los empleadores, ya no solo como actores pasivos, sino como garantes activos de entornos de trabajo seguros.
Sin embargo, la reforma laboral actual va en sentido contrario. Bajo el argumento de la “modernización”, se impulsa una desarticulación de principios básicos del derecho del trabajo, desconociendo la asimetría estructural entre capital y trabajo. Se pretende instalar una idea de igualdad formal en el contrato laboral que, en la práctica, deja a las trabajadoras en una situación de mayor vulnerabilidad.
El impacto de esta regresión no es abstracto. Es concreto y tiene rostro. Las mujeres enfrentan trayectorias laborales más fragmentadas, mayores niveles de informalidad, brechas salariales persistentes y una sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas. En este contexto, cualquier flexibilización que debilite derechos colectivos, limite la negociación paritaria o precarice las condiciones de empleo profundiza esas desigualdades.
Además, la reforma se inscribe en un clima político que niega la violencia de género como problema de derechos humanos, desarticula políticas públicas específicas y cuestiona herramientas fundamentales de protección. Esto no es un dato menor: refuerza estereotipos, legitima prácticas discriminatorias y debilita los mecanismos de denuncia y reparación.
A su vez, la llamada “deslaboralización” impacta directamente sobre mujeres y diversidades, erosionando medidas de acción positiva y debilitando los espacios institucionales que garantizan su inclusión y protección en el mundo del trabajo.
En contextos de crisis económica, este escenario se agrava. El temor a perder el empleo reduce la capacidad de denunciar situaciones de violencia o discriminación, generando un efecto disciplinador que consolida prácticas abusivas.
Frente a esto, el camino no es retroceder, sino profundizar el paradigma que ya había comenzado a construirse: entender la violencia laboral como un riesgo sistémico, fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar la intervención activa del Estado y promover entornos laborales seguros, inclusivos y equitativos.
La discusión sobre la reforma laboral, entonces, no es solo económica. Es profundamente política. Y, sobre todo, es una discusión sobre qué tipo de sociedad queremos construir.
Porque cuando se debilitan los derechos laborales, no todos pierden por igual. Las mujeres pierden más.
Fuente Tiempo Argentino
