Las provincias patagónicas subordinadas al régimen libertario del presidente Javier Milei, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, atraviesan duros conflictos sindicales con los gremios estatales por recomposición salarial, deudas impagas y condiciones laborales. Algunos gobernadores, como el rionegrino Alberto Weretilneck y el chubutense Ignacio Torres, respondieron con represión a las protestas docentes. Con similares reclamos, aunque menor tensión, transitan las negociaciones paritarias en Tierra del Fuego, mientras que la abundancia petrolera de Neuquén permitió resolver la discusión salarial en marzo.
Una característica en común de los reclamos protagonizados por sindicatos de la salud, docentes, judiciales y de la administración central fue la coordinación y cierta unidad de acción observada en todas las provincias, salvo en Chubut donde la unidad docente se quebró en los últimos días, con cuatro de los cinco gremios que aceptaron una propuesta oficial considerada insuficiente por el mayor de ellos, ATECH, que convocó a un paro de 48 para esta semana.
Aquí las cúpulas dialoguistas fueron desbordadas de hecho por asambleas de base que mantuvieron sus reclamos y, pese a la represión ordenada por Ignacio Torres, se movilizaron bajo el paraguas difuso de “autoconvocados” que en realidad responde a la conducción política de la izquierda troskista del PTS, MST y PO. Este bloque y el mayoritario ATECH continuarán las medidas de fuerza por un básico de 1.200.000 pesos más adicionales.
Cubierto por una conciliación obligatoria dictada por sí mismo, Torres desactivó el viernes el conflicto en Salud con una propuesta del 8% de aumento en tres tramos, pero enfrentará esta semana cuatro días de huelga convocados por ATE en toda la Administración. La canasta básica alimentaria de Chubut oscila entre 900 mil y un millón de pesos, y el alquiler promedio de una casa de 60 metros supera los 700 mil pesos. El salario promedio no alcanza al millón de pesos.
En Río Negro, Weretilneck reprimió esta semana con tropas de la Prefectura Naval en el puente Cipolletti-Neuquén una marcha docente que reclamaba contra el ajuste salarial, mejoras laborales e inversión en infraestructura. Liderada por el gremio mayoritario Unter, pidieron un básico de dos millones de pesos ante una oferta oficial de 1.247.350. Para sustentar su propuesta, el Gobierno provincial dice que los salarios aumentaron un 250% desde 2024, pero oculta que la inflación fue del 280%, que es la tercera provincia más cara del país y que sólo la electricidad se incrementó un 320% en igual período.
El gobernador de Río Negro también mantiene un frente abierto con los trabajadores y trabajadoras agrupados mayoritariamente en el gremio Asspur, que esta semana se declaró en Alerta y Asamblea Permanente mientras discute salarios, a la vez que denuncia una sistemática persecución que el Ministerio aplica contra dirigentes y delgados de base, con decenas de sumariados por participar en asambleas y medidas de fuerza.
Más dialoguistas en esta provincia, los estatales de ATE cerraron su paritaria en febrero pero ahora amenazan con medidas de fuerza para reabrir las negociaciones ante la nueva escalada inflacionaria no prevista a principios del año. Donde también tiene Weretilneck un frente delicado es en la Policía provincial, que en los últimos años ya concretó varios actos de protesta por los bajos salarios.
En Santa Cruz, al exsindicalista gobernador Claudio Vidal se le dificulta gobernar la tormenta de reclamos salariales de los gremios del sector público, que ya han pasado a la toma de edificios por la falta de soluciones satisfactorias. En medio de un conflicto cada día más trabado, Vidal despidió esta semana a su ministro de Trabajo, Juan Mata, con un extraño argumento que no explicó: “No voy a defender lo indefendible”.
Pero mientras ajusticia culpables de su propia política, este exdirigente del gremio petrolero santacruceño enfrenta campamentos de trabajadores judiciales y legislativos frente al Congreso provincial para impedir la sanción de una “Emergencia Económica” que implica el congelamiento salarial de los estatales. Mientras estos gremios rodean la legislatura, decenas de militantes, delegados y dirigentes de ATE ocuparon esta semana durante 24 horas el Ministerio de Salud.
Los docentes de Adosac iniciarán este lunes una huelga de 72 horas por un básico de 1.276.000 más adicionales, mientras que los judiciales irán al paro por igual lapso para cobrar aumentos pactados en 2025 pero aun adeudados. En Vialidad Provincial iniciarán una huelga de toda la semana porque Vidal les debe los viáticos de 2025 y lo que va del 2026.
Estos tres gobernadores, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres y Claudio Vidal, que se abrazaron al proyecto libertario y votaron todas las leyes de destrucción del Estado, entrega de los bienes naturales y desprotección social, fueron arrasados en las elecciones legislativas de octubre pasado y quedaron, cómodos, en tercer lugar. Peor aun, Torres y Vidal gozan del inexplicable mérito de haber llevado al borde de la quiebra a dos de las principales provinciales petroleras de la Argentina.
En Tierra del Fuego, gobernador kirchnerista Gustavo Melella enfrentará esta semana una huelga por 48 horas de los trabajadores estatales y de sanidad, ATE y ATSA, que rechazan su insuficiente oferta de una recomposición del 2% acumulativo a trimestre vencido, mientras que los docentes del Sutef, quienes ya venían escalando medidas de fuerza desde abril, se sumarán oficialmente a la marcha universitaria del martes 12, con cese de tareas.
Aunque la situación con el sector público es tensa, el gobierno fueguino enfrenta igualmente su mayor desafío en el sector privado con las suspensiones y despidos de trabajadores metalúrgicos por la crisis de la maquila de electrónicos y acondicionadores de aire ocasionada por las políticas cambiarias y recesivas antindustriales de la Casa Rosada.
Fuente Tiempo Argentino
