Para mostrar una política de seguridad exitosa, la estrategia de comunicación tiene algunas características comunes en todo el país, e incluso en todo el mundo: problemas resueltos, la calle “controlada” y mucha presencia policial.
Como dice el periodista Agustín Valle, “intentan convencernos de que la calle es de la Policía, que nos la presta de a ratitos”. Sin embargo, el protagonismo de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires aparece casi como el único signo de gestión del Gobierno e, irónicamente, toma como centro los asuntos que más tensión generan en el territorio. Los carteles en las calles muestran distintos triunfos en relación a desalojos, protestas y vendedores ambulantes bajo consignas como: “La ciudad sin okupas. Con ley y orden”, “Ahora la ley se cumple y el orden se respeta”, “Sin manteros en Once, Chacarita, Flores, etc”.
El gobierno porteño plantea una imagen populista de “pueblo auténtico” al invocar la oposición entre “la gente de bien” y los supuestos enemigos que la amenazan. La búsqueda es clara: necesita el aval de la ciudadanía para seguir intensificando la política represiva y avanzar en temas específicos.
Una ciudad sin vendedores ambulantes
Una ciudad sin manteros es el sueño húmedo del PRO desde sus inicios, pero es Jorge Macri el que se adjudica haber terminado con el trabajo ambulante en las calles. Ese vaciamiento de plazas, parques y veredas se sostiene con guardias policiales que se pasean por esos espacios y la complicidad de agrupaciones civiles —como Buenos Vecinos, Vecinos en alerta, Vecinos en red, entre otras, que tienen comunicación directa con los oficiales y les avisan cada vez que se arma algún puesto.
De todos modos, lo más grave ocurre en la ejecución de la política que el jefe de Gobierno plantea erróneamente como concluida. Según un relevamiento hecho por el Mapa de la Policía y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la orden para los agentes de la Policía de la Ciudad no parece estar clara ni tener un protocolo a seguir, por lo que ocurren hechos de violencia física, razzias, coimas y robos de la mercancía.
Lo de los robos no es una forma de decir. El decomiso de la mercadería sucede en muchas ocasiones por parte de oficiales sin identificación, quienes a menudo no elaboran un acta de decomiso —la única herramienta que le permitiría a un vendedor recuperar su mercadería—. El Ministerio Público de la Defensa, al que se puede recurrir en estos casos, describió que la intención de volver a ver las cosas que te sacó un funcionario de la ciudad o un policía es “un vía crucis burocrático”. Simplemente usan su autoridad para quitarles sus cosas y se van. Los argumentos para estos actos suelen ser la violación de la ley de marcas, uso indebido del espacio público y hasta la persecución en materia de documentación de migrantes. El “control de la calle” es también otorgar a las fuerzas de seguridad la impunidad para complementar sus sueldos con el hurto legalizado.
A partir de esto, el MTE junto al Mapa de la Policía se organizó con los vendedores de Flores y Once para acompañarlos en los días y horarios que registraban mayor violencia. Las brigadas de acompañamiento lograron, hasta el momento, reconocer patrones de comportamiento, identificar agentes —que se presentan de civil— y disuadir la violencia que antes se ejercía a partir de la inhibición que les produce a los integrantes de las fuerzas ser filmados cometiendo actos de violencia. Se identificó, entonces, que no alcanzaba con la organización de quienes eran víctimas de la violencia policial, sino que era necesario el apoyo de otros ciudadanos para contrarrestar la represión. Esto surgió, además, de tomar como referencia el uso de silbatos entre los residentes en Estados Unidos para avisarles a los migrantes que estaban cerca los agentes del ICE. La modalidad comenzó tímidamente con el reparto de silbatos, pero aún busca su adaptación en un contexto diferente.
Los puntos neurálgicos del comercio en la Ciudad de Buenos Aires tienen las calles vacías, pero el silencio y el espacio son un secreto a voces: hay una tensión por el territorio que no solo no está terminada, sino que le demanda al Gobierno una insistencia en abundante propaganda.
Una ciudad sin okupas
A la K en los carteles sobre los supuestos ocupas no se le puede dedicar más de un par de líneas. Podría identificarse como un paralelismo entre lo que pasa acá y el Movimiento Okupa español —organización para la ocupación de espacios deshabitados—, pero ni existe una organización así en la Ciudad ni podemos ignorar que la K en Argentina tiene un significado específico. El cuco político no ha despertado en el brainstorming más que una alteración en una palabra. En Uspallata —la sede del Gobierno donde se juntan los equipos de comunicación para recibir las bajadas políticas— hay dos enemigos claros: el kirchnerismo y el conurbano —gobierno y habitantes—. Lo único destacable del error forzado es el corrimiento de los límites de la violencia: ni a ellos les da pudor ejercerla ni a sus destinatarios les parece un ataque digno de respuesta. Importa, pero menos. Porque en la calle lo peor es otra cosa.
El conflicto a partir del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos también es una referencia para el lado represor. La espectacularización de los operativos policiales en las redes sociales del jefe de Gobierno aparecen como nueva normalidad y, en otra manifestación del mismo modus operandi, refleja uno de los puntos más tensos: los desalojos.
Hace aproximadamente un mes, Jorge Macri celebró en entrevistas haber ejecutado 800 desalojos. Sin embargo, desde la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda expresan que el número es tramposo y los métodos tienen su complejidad. En primer lugar, los desalojos que se muestran en los videos con participación de la Policía tienen su recorrido judicial. Es decir, que el logro que se atribuye el funcionario es, en realidad, el de proveer los agentes para que se ejecute una resolución de otro poder. Y la Policía, tan presente en los carteles sobre los “ocupas” poco tiene que ver con la metodología que intensificó el gobierno para llevar a cabo los desalojos. Lo preocupante son los que se efectúan por vía administrativa: se trata de inspecciones oculares donde se presentan arquitectos e ingenieros enviados por la administración local, se identifican irregularidades y se evacúa a las familias sin darles una solución habitacional.
Lo que debería ser una excepcionalidad se convirtió en el último año en el modus operandi más viable para el gobierno, ya que hubo un aumento del 46% de desalojos por esta vía. A diferencia de los que se hacen judicialmente, en estos no existe un expediente para revisar ni la posibilidad de establecer una defensa para los damnificados, ni la chance de apelar la decisión de un juez. Gigi Krein, integrante de Consejerías de vivienda y la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda, comenta que los informes elaborados por los inspectores muchas veces “carecen de veracidad y no son concretos respecto a cuál es el peligro edilicio inminente”. Incluso, cuenta, que al momento de la inspección “la policía no deja pasar a técnicos de parte”. Es decir que los residentes no tienen cómo controlar si se está llevando adelante un operativo correcto.
A raíz de esto, el legislador porteño Pitu Salvatierra y la legisladora Victoria Freire presentaron un recurso de amparo en el Poder Judicial junto a ONGs y vecinas desalojadas. El juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario N°2 dispuso como medida cautelar “el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales”. El GCBA, por su parte, anunció la apelación a esta medida. “Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada”, publicó Jorge Macri en sus redes sociales.
“Una ciudad sin okupas” no parece ser el reflejo de una realidad acabada, sino otra forma de insistir en un cometido que no logra alcanzar. Y la violencia discursiva lo alinea con el gobierno nacional, con el que, como veremos, mantiene también otra tensión.
Una ciudad sin manifestantes
“Ley y orden en las calles” es el tercer eslógan con protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires y se refiere al “fin de las manifestaciones”. La desmovilización es evidente. Aunque persiste con convocatorias multitudinarias como la marcha feminista del 3 de junio, la marcha por las universidades públicas y el Día de la Memoria, grupos más reducidos asisten una y otra vez a la represión que se volvió habitual como la de los miércoles con los jubilados en el Congreso. La desarticulación de la presencia masiva militante en las calles es multicausal, pero quienes gobiernan transitan una época de bonanza autoritaria a base de la disciplina que impusieron con eventos violentos como la represión durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso al principio del gobierno libertario y las jornadas legislativas que terminaron en la aprobación de la Reforma Laboral.
El PRO porteño vio cómo otros corrieron sus límites y los números de La Libertad Avanza arrasaron en las elecciones legislativas nacionales del año pasado en CABA. A partir de ese momento se terminó de desplegar lo que se insinuaba desde el principio: un alineamiento a las prácticas decididas desde el ministerio de Seguridad nacional y una triste copia de las decisiones discursivas en la comunicación. En estas semanas, la cuenta oficial del PRO Ciudad publicó un video con la siguiente leyenda: “Imaginate ser kuka y no valorar a las Fuerzas de Seguridad”.
Imaginate ser kuka y no valorar a las Fuerzas de Seguridad. pic.twitter.com/UgY4Iujasy
— PRO Ciudad (@ProCiudadBsAs) June 22, 2026
Pero lo interesante sucedió durante una de las jornadas de “Te Cuento Buenos Aires”, donde Jorge Macri asistió para disertar sobre “el orden público”. Mientras a sus espaldas aparecía la leyenda “Si gana el desorden pierde la gente de bien”, el jefe de Gobierno destacó al comienzo: “A veces discutimos de quién es el crédito y yo siempre digo que lo bueno es que lo hayamos hecho y nada más”, pero inmediatamente agregó que “casi el 90% de los piquetes o un poquito más los hemos evitado solo con la Policía de la Ciudad. Porque en realidad donde participan las fuerzas federales son esos piquetes muy grandes y cuando van al Congreso o a la Casa Rosada, pero todo el resto de la ciudad lo aseguramos nosotros”. La disputa por los laureles se explicitó en la charla mientras se reflejó en los carteles en la ciudad, en los colectivos, en las propagandas en YouTube y hasta en los mails de los residentes.
Las cosas no están en control para el GCBA y tampoco para quienes sufren la violencia institucional. Además de los tres puntos desarrollados que conllevan sus complejidades, la presencia policial en la vida cotidiana es concreta y va en consonancia con la hostilidad que proponen los representantes. Desde hace meses que el Mapa de la Policía recibe reportes de operativos de pedidos de DNI en transportes públicos y zonas cercanas a centros de espectáculos. Hay cada vez más casos de secuestros de vehículos por parte de la Policía de la Ciudad —que se devuelven a sus dueños con partes cambiadas—, verdugueo de todo tipo en los barrios populares y las villas —con su clímax en los operativos llamados Tormenta Negra— y una situación crítica en materia de Derechos Humanos en los espacios de encierro.
La gestión de Jorge Macri recibe tantas críticas desde distintos sectores que le permite a Horacio Rodríguez Larreta reaparecer como una retroutopía, aunque en materia de seguridad haya terminado su mandato con la muerte de Facundo Molares, quien sufrió un infarto como consecuencia de una represión de la Policía de la Ciudad el 10 de agosto de 2023. La presencia de las fuerzas de seguridad aparece como símbolo y como realidad en cada esquina y, aunque el uniforme esté a cargo del ministerio de Seguridad, al ser consultados por la versión oficial sobre el contenido de esta campaña se desprenden: “nosotros no hacemos campañas, son todas realizadas desde el área de comunicación del Gobierno de la Ciudad”.
La bajada política para los agentes parece ser no prestar la calle y la propaganda anuncia los siguientes pasos. Habrá mayores controles en las fronteras que dividen la Ciudad del Conurbano —con lo que llamaron “muro contra la delincuencia”— y los espacios públicos serán usados solo por quienes administran el gobierno. A menos, claro, que sus ciudadanos no lo permitan.
Esta nota fue publicada en nuestro medio aliado Latfem
Fuente Tiempo Argentino