Hasta poco antes de que el camión hidrante de Gendarmería apuntara contra las y los manifestantes, el clima en las inmediaciones del Congreso era de cántico mundialista combinado con efervescencia patriótica y repudio al Gobierno. Todo bajo una calma embarrada tras el diluvio de las primeras horas del día, que amenazaba con volver en la tarde de otro jueves álgido en el barrio de Balvanera.
La respuesta represiva no alejó a la multitud concentrada para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad Privada impulsado por Federico Sturzenegger y Javier Milei. Porque no habrá (por ahora) un aumento en el porcentaje de extranjerización de tierras, pero continúa firme en la inicitiva oficial el aval para que las tierras incenciadas puedan destinarse a fines inmobiliarias y que los inquilinos sufran desalojos exprés.
Las expresiones de la plaza embarrada
Además de una abundante mayoría de remeras albicelestes, tuvo fuerte protagonismo entre las banderas la que replicó al ya célebre trapo que enarboló la Selección tras el partido contra Inglaterra (hace menos de un mes, como para tomar dimensión temporal de lo fugaz que resulta todo en esta Argentina distópica).
Con esa misma tipografía, el cartel de «Las Malvinas son Argentinas» se convirtió en símbolo de la lucha contra el avance de la ley de extranjerización de tierras y así se sintió también durante la marcha, mientras dentro del recinto avanzaba la sesión. Además de los mensajes sobre las islas, los había en defensa de la Patagonia, del agua y de las tierras de todo el mapa.
Romina, pastelera de zona oeste, usa su bandera argentina a modo de capa y exhibe su pancarta a dos frentes: de un lado, el mensaje “No nacimos para ver la Patria en liquidación”; del otro, “no somos inquilinos en nuestra Patria”. Sabe que se quitó el capítulo más conflictivo de la ley, pero señala que igual urge rechazarla. Entre otras cosas, por lo que implica para “el destino de las tierras quemadas”.
“A veces parece que a estas personas que nos presiden y sus secuaces se les olvida que nuestra Patria es nuestra y no está bajo el mandato de nadie de afuera, ni se vende, ni se regala, ni se alquila ni nada. Es nuestra”, enfatiza la mujer, de 37 años, quien se acercó al Congreso de forma autoconvocada, igual que otros tantos que se mezclaron con las columnas de sindicatos, agrupaciones estudiantiles, asambleas y más.
Romper para vender
Eduardo, de 58 años, sostiene uno de los lados de la bandera celeste de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Por allí pasó para estudiar Ciencias Biológicas. Marcha con su familia, además de sus pares, porque considera que “este proyecto es destructivo para todo el mundo menos para los que ya tienen mucho poder”.
En un cruce de causas que es en realidad una misma lucha, sostiene que el cientificidio del gobierno de Milei “tiene todo que ver” con el proyecto que se vota en el Senado: “Para comprar un país barato lo tenés que romper, tenés que romper a la gente. Tenés que hacer que no valga mucho. Y qué mejor que ir en contra de la soberanía por ejemplo científico tecnológica. Un país que no puede hacer máquinas, que no puede entenderse ni medirse de forma transparente, que no puede desarrollar sus propios medicamentos, está completamente a merced de quien sea se lo brinde como un servicio, por supuesto a cambio de un módico precio”.
De fondo, el repertorio de temas incluye “la Patria no se vende”, “Patria sí, colonia no”; y por supuesto, las estrofas del Himno Nacional Argentino. La entonación sube el volumen con “sean eternos los laureles que supimos conseguir” y combina a la perfección con “unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”, que suena con segundos de diferencia.
En medio del canto agita su bandera Susana, jubilada de 66 años, autoconvocada desde Parque Patricios. Le insistió a su hijo para que le pintara la silueta de las Malvinas sobre un trapo blanco. Como jubilada en tiempos de Milei, son sus hijos quienes le permiten el sustento. “No se puede permitir este vaciamiento de nuestra Argentina”, pide.
A unos metros, un cartel apunta contra otro de los aspectos más rechazados del proyecto, el que facilita los desalojos. La pancarta reza: “Desalojo exprés de Milei de la Casa Rosada”.
La tierra y la lechuga
Gigliola Sempertegui viene desde La Plata como miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bajo un gazebo que protege de la llovizna, ofrece plantines de lechuga agroecológica a quienes se acerquen a poner la mano.¡: “Es una forma de visibilizar la situación que estamos viviendo: estamos regalando plantines en el tamaño justo para trasplante. Todo en función del repudio a esta ley que quiere quitarnos la tierra a quienes producimos, cuando deberían darnos formas más seguras y estables de poder producir, ya que normalmente quien produce el campo no es dueño de la tierra y se ve expuesto a explotación y chantajes por los dueños”.
“Creemos que la tierra es para el que la trabaja. Y si se venden las tierras nos quedamos sin producción”, lamenta. Su reclamo va en línea con el mensaje que difunde el Observatorio de Tierras, que mapeó la extranjerización actual y advirtió sobre los riesgos de correr los límites de la venta permitida por ley.
En Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), la extranjerización supera el 50%. “Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%”, explicaron desde el Observatorio.
Y agregaron: “El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”.
“Una vez que se abrió el debate a escala social, y como vemos que penetró a nivel nacional, entendemos que es un momento para frenar el proyecto del gobierno y al mismo tiempo abrir una nueva discusión para ver qué hacemos con casos como los de Joe Lewis (y su Lago Escondido) y los 36 departamentos que infringen la ley actual. Y discutir si el 15% permitido (para capitales extranjeros) no es demasiado generoso”, dijo días atrás a este diario el historiador Pablo Volkind, director del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y coordinador del Observatorio, junto a Matías Oberlin y Julieta Caggiano. “Apostamos por un proyecto donde haya una mejor distribución de la población en el territorio y para eso se necesita disponer de la tierra”.