La violencia estatal suele quedar reducida a una cuestión de orden público. Las 1.369 personas heridas y las 165 detenciones arbitrarias documentadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto con los registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), terminan convertidas en una estadística deshumanizada. Se cuentan cuerpos con la misma indiferencia con que se cuenta el déficit fiscal.
Los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, publicados en 2026, revelan la instalación sistemática de una lógica de castigo. Esa lógica se expresa en las calles de Buenos Aires, con un pico documentado el 12 de marzo de 2025 y otro aún mayor el 6 de agosto de 2026, cuando la CPM contabilizó más de 1.500 heridos frente al Congreso: la violencia estatal funciona ya como tecnología de gobierno.
La corporalidad como territorio de marcación
El dato más lacerante de los relevamientos recientes es la selectividad anatómica y etaria del daño: 184 trabajadores de prensa y al menos 155 personas mayores heridas.
El cuerpo del jubilado y el cuerpo del periodista son territorios centrales de esa violencia. Son los nudos donde se juega la subsistencia de lo social. El jubilado encarna la improductividad sistémica en el altar del ajuste fiscal; el periodista, la posibilidad de la mirada soberana, el registro capaz de quebrar el relato oficial.
Atacar con gases, balas de goma y proyectiles químicos a quienes ya portan la vulnerabilidad estructural de la vejez o ejercen la tarea de documentar la violencia excede la lógica de la disuasión: es una pedagogía del terror. El Estado opera sobre la carne viva para enviar un mensaje de disciplinamiento biopolítico. Se destruye la materialidad de la vida precaria para disciplinar al conjunto del tejido social.
La curva que no se revierte
El tercer informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, que releva 139 movilizaciones entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, ubica el punto de inflexión con precisión: la represión pasó del 28% al 43% de las movilizaciones monitoreadas entre 2024 y 2025. Las personas heridas crecieron un 13%, de 1.216 a 1.369; las detenciones arbitrarias, un 77%, de 93 a 165. El 12 de marzo de 2025 concentra por sí solo 672 heridos y 114 detenciones que la Justicia ordenó liberar.
Amnistía Internacional confirma el orden de magnitud —1.341 personas heridas presuntamente por agentes estatales entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025— y agrega un dato que la CPM también documenta: 184 trabajadores de prensa y 155 personas mayores entre los heridos. Human Rights Watch, con una metodología distinta, coincide en el diagnóstico de fondo y menciona el caso del fotoperiodista Pablo Grillo como ejemplo del uso indiscriminado de proyectiles. CORREPI, que trabaja con un archivo nacional, ubica al actual gobierno como el más represivo desde 1983.
La escalada de agosto
El patrón se profundizó el 6 de agosto de 2026, durante la sesión en la que el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: la CPM contabilizó más de 1.500 personas heridas y 28 detenidas en el operativo frente al Congreso, veinte de ellas trabajadores de prensa, entre quienes se destacó el caso de una fotorreportera con fractura de cráneo. El organismo, que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, radicó una denuncia penal por el uso desproporcionado de la fuerza, mientras la defensa de los manifestantes detenidos quedó a cargo de abogados de CORREPI.
El blindaje del modelo
Mirada desde el sur global, la profundización represiva en la Argentina actual responde a una matriz geopolítica precisa: la necesidad de blindar un modelo económico de transferencia regresiva de ingresos mediante el monopolio absoluto de la coerción.
La militarización de la protesta y el control de los territorios estratégicos blindan un modelo económico de transferencia regresiva de ingresos, por encima de cualquier justificación de seguridad pública. Esto se materializa en instrumentos como el blindaje contractual a treinta años que otorga el RIGI, con sometimiento a la jurisdicción de tribunales arbitrales internacionales. Ese esquema sustrae los recursos y los territorios nacionales de cualquier soberanía popular o control democrático local.
El protocolo como excepción
El llamado «protocolo antipiquetes» y la coordinación multi-fuerza (federales y porteñas operando en un tándem de asfixia urbana) operan como un estado de excepción permanente de baja intensidad.
La criminalización de la protesta —evidenciada en el salto del 77% en detenciones arbitrarias que señala la CPM— busca disolver la potencia destituyente o contestataria de la calle. Cuando la política económica no encuentra legitimidad en el consenso distributivo, el Estado recurre a una arquitectura de seguridad nacional reconvertida en seguridad interior. La protesta social deja de ser leída como expresión legítima del conflicto social y pasa a ser catalogada como una «amenaza a la gobernabilidad».
Jujuy, el antecedente
Los informes anuales de CORREPI recuerdan que la represión en las protestas es apenas la superficie visible de un iceberg institucional que incluye el gatillo fácil y las muertes bajo custodia. La coincidencia entre los datos de la CPM, Amnistía y los organismos locales evidencia una peligrosa banalización de la violencia estatal en la democracia argentina.
La lógica punitiva y el disciplinamiento social profundizan un dispositivo de control estatal ya ensayado antes de la actual administración nacional. Un antecedente directo se registró en Jujuy en 2023, durante la represión de las protestas contra la reforma constitucional: 170 personas heridas y 99 detenidas, seguidas por la impunidad y la inacción judicial. El episodio demuestra que el uso del aparato estatal para neutralizar la resistencia social precede al actual gobierno y atraviesa distintos niveles jurisdiccionales como política de Estado.
Quién decide
La conclusión es ineludible. La vida y los cuerpos sobre los que se ejerce la violencia estatal están atravesados por dispositivos de dominación transnacional y local. Allí se juega qué vidas se protegen, qué cuerpos se exponen y qué intereses organizan esa distribución desigual de la vulnerabilidad.
La represión en aumento constituye una herramienta estructural del Estado. Para ordenar las cuentas, el poder desordena, fractura y silencia los cuerpos de quienes habitan la base de la pirámide social.
Frente a esto, cada gas, cada perdigón y cada valla son piezas de una misma maquinaria que intenta, sistemáticamente, domesticar la soberanía popular a fuerza de dolor. Pero la soberanía popular no se extingue con la represión: persiste en quienes resisten, en quienes vuelven a ocupar las calles y en la decisión colectiva de no aceptar el miedo como forma de gobierno.
Fuente Tiempo Argentino