“Clic”, escucharon algunos testigos. “Clac”, recordaron otros. Así fue el sonido frío y metálico que emanó de la pistola Bersa que gatilló la noche del 1° de septiembre de 2022 Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner. A cuatro años de ese día, el Poder Judicial sigue sin dar respuestas acordes a uno de los atentados más graves desde la vuelta de la Democracia.
En primer lugar, la Cámara Federal de Casación aún tiene pendiente la revisión de las condenas de Sabag Montiel y de Brenda Uliarte. Ambos fueron condenados en octubre de 2025: el primero a 10 años de prisión por ser considerado autor del intento de homicidio y la segunda a 8 años, como partícipe necesaria. Como tenían condenas anteriores, todo se unificó en 14 años para el tirador y 8 años y dos meses para su acompañante.
Las condenas fueron fijadas por el Tribunal Oral Federal 6, a cargo de la jueza Sabrina Namer y los jueces Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Fue tras 15 meses de un juicio oral y público que arrancó con la declaración del atacante, que admitió el hecho y se pasó unos cuantos minutos dando los motivos que lo llevaron a perpetrar el ataque.
Al fijar la condena, el tribunal descartó los agravantes de alevosía y violencia de género que había postulado la fiscal Gabriela Baigún junto a la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta. Eso motivó un recurso de Casación que fue presentado por el Ministerio Público Fiscal el 30 de diciembre pasado, con un pedido para elevar las penas a 15 y 14 años respectivamente.
Al descartar la alevosía como agravante, la jueza Namer -que lideró el voto- sostuvo que se corroboró que Cristina Kirchner no estaba en una “especial situación de indefensión” ya que estaba rodeada de su custodia. Por otro lado, la magistrada señaló que tampoco se podía aplicar la figura de violencia de género, ya que los elementos reunidos en el caso no alcanzan para sostener la figura con las exigencias jurídicas que tiene la legislación. En ese aspecto, la magistrada sostuvo que se trató de un atentado con “complejidades multicausales”.
Al presentar la queja ante Casación, las representantes fiscales sostuvieron que más allá de que Cristina Kirchner tenía custodia al momento del hecho, “no había defensa posible para un ataque como el que ejecutó Sabag Montiel”. Ello porque “no era previsible que alguien que era un simpatizante, no hostil, que se acercaba a saludar a la exmandataria, pudiera estar armado y acometer”.
Al defender el agravante de género, Baigún y Labozzetta sostuvieron que el tribunal redujo la interpretación de la violencia de género a ámbitos íntimos y no la tomaron como una modalidad de violencia política. Para ellas se trató de una violencia de género política.
La queja fue presentada en Casación a fines de diciembre del año pasado, y todavía está pendiente de resolución. Son los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci junto a la jueza Ángela Ledesma, de la Sala II, quienes deben definir si hacen lugar a la incorporación pretendida por la acusación pública.
Situaciones llamativas
El juicio y las condenas a los autores materiales se logró a pesar de que se perdió una de las pruebas principales de la causa. Se trata del celular Samsung A50 que tenía Sabag Montiel al momento de ser detenido después de apuntarle a la cara de la entonces vicepresidenta.
Ese aparato fue secuestrado de inmediato y fue llevado a Comodoro Py a las pocas horas para ser analizado en el Juzgado de María Eugenia Capuchetti, la magistrada que quedó a cargo de la investigación por estar de turno aquel 1° de septiembre.
Esa madrugada hubo un intento por abrirlo con un software llamado UFED, pero no lograron hacerlo porque la pantalla arrojó un mensaje de error. El capítulo en torno al teléfono celular es uno de los más llamativos porque no tardaron en surgir señalamientos sobre las condiciones en las que fue manipulado el dispositivo, que distaban de las adecuadas. Entre ellas, porque las oficinas del Juzgado no habrían tenido las condiciones para llevar a cabo el intento de apertura y luego porque se rompió la cadena de custodia.
Esa madrugada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advirtió que tenía una tecnología superior que podría probarse para intentar acceder al celular de Sabag Montiel. Debido a eso, el dispositivo fue enviado desde el Juzgado hacia dependencias de esa fuerza ubicadas en Ezeiza. Allí fue llevado por una efectivo de la Policía Federal que oficiaba de custodia personal de la propia jueza. Ese traslado también estuvo en el eje de los cuestionamientos de la querella. Peor aún: cuando llegó al destino advirtieron que el sobre en el que estaba el teléfono estaba abierto y el teléfono reseteado.
Al día de hoy no se pudo acceder a la información del teléfono celular.
La pista Milman
A esa circunstancia hay que sumarle que la llamada “pista Milman” cayó en saco roto. Se trata de una serie de indicios coincidentes entre sí, que abrieron la puerta a la sospecha de que el atentado podría haber tenido un impulso político, y que la jueza Capuchetti descartó.
Todo comenzó cuando días después del hecho un ex asesor legislativo del peronismo llamado Jorge Abello contó que había estado unos días antes del atentado en el bar Casablanca, ubicado frente al Congreso Nacional, y que había coincidido con el ex diputado nacional del PRO, Gerardo Milman. Bajo juramento de decir verdad, declaró en la causa que lo había escuchado pronunciar la frase: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.
No solo se comprobó que Milman había estado en momento y lugar, sino que también que por aquel entonces viajó a Pinamar. A su vez, dos semanas antes redactó un extraño pedido de informes al Ejecutivo para pedir información sobre la custodia de Cristina Kirchner. Extraño porque planteó: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarse, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y recrear un nuevo 17 de octubre”. Incluyó el remate: “Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina”.
Cuando declaró dijo que lo presentó porque consideraba que la exvicepresidenta tenía cuatro veces más custodios que antecesores como Gabriela Michetti o Julio Cobos.
No menos importante es que Milman le entregó a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 pro max que salió a la venta seis días después del atentado del 1° de septiembre, es decir, era recién comprado; que sus dos secretarias que fueron vistas por Abello primero negaron haber estado en el bar Casablanca pero tuvieron que recordarlo cuando les mostraron que aparecían en los registros de las cámaras de seguridad. Ni que una de ellas declaró, tiempo después, que sus celulares habían sido “borrados” en oficinas ubicadas en la Avenida de Mayo al 900, donde funcionaba el Instituto de Estudios Estratégicos (IEES) de Patricia Bullrich. Quien ejecutó ese procedimiento fue un técnico que en 2024 fue designado transitoriamente funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Javier Milei.
“De ninguna manera puse a un perito para borrarle el teléfono. Si lo borró fue por motu propio”, dijo Milman al declarar ante Capuchetti en mayo de 2025.
Pese a ese cúmulo de circunstancias, el Poder Judicial no dio una respuesta que permita despejar las sospechas que existen respecto del aparente impulso político del ataque. En abril del año pasado, la jueza Capuchetti redefinió el objeto de la causa, corrió a Milman del eje del expediente y puso el foco sobre la actuación de la Policía Federal, que se había investigado. En octubre, archivó la pista política.
Fuente Tiempo Argentino