El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denuncia -mediante informe- que las Fuerzas de Seguridad Federales (FFSS) realizaron 590 operativos y que en ellos participaron 2000 policías que ejecutaron la violencia institucional contra la población migrante pobre. También hubo 379 expulsiones del país, los datos corresponden al primer semestre de 2026. Una política impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Desde el organismo hicieron dos pedidos de acceso a la información pública. Uno de ellos fue enviado al Ministerio de Seguridad Nacional (MSN) pidiendo explicaciones sobre los operativos de control migratorio que despliega la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) junto a las FFSS.
Y el otro fue dirigido directamente a la DNM, en la que solicitaron información sobre las expulsiones dictadas. Ambos pedidos fueron presentados el 21 y 25 de mayo pasado y ahora el organismo comunica las respuestas que obtuvo.
«Argentina no tiene un problema de migración»
En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Victoria Darraidou, coordinadora del Equipo de Violencia Institucional del CELS: «Argentina no tiene un problema de migración, no hay un diagnóstico, datos, tampoco información que justifiquen este tipo de intervenciones ni el cambio en el enfoque de la política«, aseguró.
Y completó. «Es definitivamente es una decisión política y esta decisión interpreta a la cuestión migratoria como un problema de seguridad«.
Victoria señaló que todo esto -sin lugar a dudas- hace eco con la doctrina que plantea Donald Trump en Estados Unidos contra la población migrante. Señaló que en este contexto, las poblaciones migrantes -que además tienen empleos de subsistencia- son consideradas por el gobierno como una amenaza que hay que expulsar del país.
Racismo y xenofobia
La coordinadora explicó que este tipo de intervenciones son repetidas en contexto de crisis, que en este caso también encuentran a la población migrante como un chivo expiatorio para explicar los problemas económicos que ellos mismo general. Y que así, una vez más se promueve el racismo y la xenofobia contra sectores de la población más empobrecida.
Denunció que los operativos y el despliegue de las fuerzas federales, son totalmente desproporcionados. El análisis realizado indica, que además buscan un tipo de espectacularización mediática de esas intervenciones que hacen. Sin embargo, los datos muestran que efectivamente, no existe un problema.
Victoria concluyó: «Así dejan en evidencia cuáles son los problemas de seguridad para este gobierno. En este caso, es desplegar a miles de efectivos de las fuerzas de seguridad federales para realizar el control de documentación en ferias y zonas comerciales, entre otros lugares».
Sobre los operativos policiales
El informe detalla que durante el primer semestre de 2026 se realizaron 851 operativos desplegados por la Dirección Nacional de Migraciones en conjunto con las Fuerzas de Seguridad Federales en todo el país.
De los cuales, 261 fueron en predios rurales y 590 fueron en la vía pública, incluyen terminales de pasajeros, ferias, zonas comerciales y controles de rutas. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación sólo informó detalles de estos 590 operativos.
En los 590 operativos sobre los que el Ministerio informó detalles fueron registradas un total de 7.261 personas. De ellas, el 93,6% (6.802) eran extranjeras con su condición migratoria regular y sólo el 2,2% (161) estaba en condición de irregularidad migratoria. El resto, 298 personas (4,1%), eran argentinas.
Los números muestran -en forma clara y precisa- que casi la totalidad de las personas controladas no tenía ninguna irregularidad. Sólo una minoría tenía que regularizar su documentación por vía administrativa.
En los casos de irregularidad, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales solo tienen la facultad de comunicar la situación para que la persona migrante pueda resolver sus trámites.
Sobre las expulsiones
Desde mayo de 2025 entró en vigencia el Decreto 366/25, el Gobierno luego duplicó el promedio mensual de expulsiones. No informó los motivos, sólo fecha, nacionalidad y género. Pasó de un promedio de 98 por mes durante el 2025 a 202 por mes en el primer semestre de 2026, con un pico de 379 en junio de 2026.
Cabe destacar que el Decreto exigió acreditar «medios económicos suficientes» para acceder a la residencia permanente. Lo hizo sin fijar criterios para evaluarlos. Entonces consultaron cuántas solicitudes fueron rechazadas o suspendidas por este motivo, la Dirección Nacional de Migraciones respondió que aún no puede determinar esa cifra.
Un año después de la entrada en vigencia de esta norma, tampoco existen criterios definidos: el organismo informó al Centro de Estudios Legales y Sociales, que el documento que debería fijarlos todavía está siendo «estudiado por las autoridades superiores».
Fuente Tiempo Argentino