Mientras el Gobierno busca obtener rédito político con una postura más confrontativa respecto a las Malvinas (cuando en dos años y medio el presidente Javier Milei mantuvo la valoración de Margaret Thatcher y de la autodeterminación de los habitantes de las islas), ex combatientes intimaron al canciller Pablo Quirno para que actúe en el anuncio de Chile relacionado a la apertura de una ruta comercial con Puerto Argentino.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata envió una carta documento al ministro de Relaciones Exteriores argentino. En ella se lo intima a que “en el plazo de SETENTA Y DOS (72) HORAS de recibida la presente, ejerza las competencias que la ley pone hoy en sus manos frente al anuncio de apertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas, República de Chile, y Puerto Argentino, Islas Malvinas. Los hechos son públicos y Ud. los conoce”.
El 3 de septiembre se dio a conocer el acuerdo entre el Municipio de Punta Arenas, la naviera chilena Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation. Una delegación isleña visitará Punta Arenas los días 28 y 29 de septiembre. El primer viaje está previsto para noviembre de este año.
El alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich aclaró que el buque llevará “otra bandera”. Para el CECIM «la maniobra no disimula el propósito, lo confiesa. Y el objeto de esa ruta no se agota en alimentos, vinos y repuestos. Se trata del cordón umbilical logístico del proyecto ‘Sea Lion/León Marino’, esto es, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina».
La carta documento a Quirno
Los ex combatientes le exigen a Quirno que dé cumplimiento al Decreto 868/2026 que el Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2026: “El propio Poder Ejecutivo designó autoridad de aplicación de ese régimen a la Cancillería que Ud. conduce, con plazos perentorios de cinco días hábiles para el reporte de los organismos públicos y de diez días hábiles para el descargo y la resolución. Dicho sin eufemismos: el instrumento fue puesto sobre su escritorio hace cuatro días”.
En otro párrafo de la Carta Documento se lo intima a que “dentro del plazo conferido, disponga y acredite la instrucción a la Embajada de la República Argentina en Santiago de Chile para formular protesta formal y por escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile…”.
Y la CD culmina diciendo: “La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia. Ud. ha jurado por la Constitución Nacional y por las leyes de la Nación, de modo que su deber no se agota en conocer la normativa, sino en aplicarla, y esa aplicación no es una facultad discrecional sino una competencia irrenunciable de ejercicio obligatorio”.
La palabra del embajador de Chile
La novedad del lado chileno ocurrió días después de que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sugirió en una entrevista que el sector de Magallanes y el Pasaje de Drake eran de soberanía argentina para mantener presencia en una llave bioceánica. Lo que motivó la reacción diplomática trasandina-
En las últimas horas el embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, ratificó el respaldo de su país al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y planteó la necesidad de que ambos países hagan propias las prioridades estratégicas del otro para avanzar en un proceso de mayor integración.
“Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”, afirmó el diplomático durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, en la que puso como contrapartida la importancia que tiene para Chile el reconocimiento argentino de su soberanía sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.
“Sabemos que para Argentina es muy importante. Si para Argentina es recíproco, esperamos lo mismo, como es con el Estrecho”, sostuvo Uriarte. Y llamó a “no exacerbar nacionalismos”.
La causa judicial contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum
Mientras tanto, los ex combatientes llevan adelante una denuncia judicial contra las empresas petroleras extranjeras que trabajan en Malvinas. Y que en las últimas horas tuvo avances. El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción promovida por el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto hidrocarburífero “León Marino” sobre la plataforma continental argentina en la zona de Malvinas. La decisión constituye un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado.
Al hacer propios, en lo sustancial, los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado sostuvo que existen razones concurrentes por la materia, el territorio y la jurisdicción internacional que justifican la intervención de la Justicia Federal. «La resolución parte de una realidad física que el derecho no puede ignorar: el Atlántico Sur constituye un sistema ambiental conectado por corrientes, dinámicas oceanográficas y ecosistemas que atraviesan jurisdicciones. Una afectación producida allí puede proyectarse sobre recursos ambientales interjurisdiccionales del Mar Argentino y de las Islas del Atlántico Sur. La participación de la AAdeAA como copresentante de la acción expresa precisamente esa dimensión ambiental del conflicto y la necesidad de una tutela preventiva frente a un proyecto capaz de producir impactos que exceden cualquier frontera administrativa», remarcaron.
El segundo fundamento es territorial y «resulta especialmente significativo». El Tribunal consideró que la infraestructura cuestionada —pozos submarinos, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y risers— se proyecta materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a jurisdicción marítima argentina. «El espacio marítimo deja de ser una abstracción dibujada sobre un mapa: es territorio, patrimonio natural y ámbito de ejercicio de soberanía», afirmaron.
!Pero la resolución avanza todavía más!, añadieron. El Juzgado señala expresamente que detrás de la controversia ambiental subyace la defensa de la soberanía nacional, concebida como un bien colectivo indivisible que posee interés federal por autonomía. Este reconocimiento resulta central para el CECIM y para la AAdeAA, que concurren en esta acción desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados.
«La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos. Desde hace décadas sostenemos que Malvinas debe ser pensada desde todas sus dimensiones: territorio, memoria, derechos humanos, ambiente, recursos naturales y futuro. La ocupación colonial también produce consecuencias materiales cuando permite avanzar unilateralmente sobre bienes que pertenecen al pueblo argentino. Cada pozo proyectado sobre nuestra plataforma continental interpela, al mismo tiempo, al derecho ambiental y al principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales», completaron en relación a la acción conjunta del CECIM y la AAdeAA.
Fuente Tiempo Argentino