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Inteligencia sobre periodistas: un fallo a medida

9 septiembre, 2026
in Politica
Inteligencia sobre periodistas: un fallo a medida
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi justificó tareas de inteligencia que se le realizaron a periodistas en 2017 y 2018 y absolvió a la cúpula de la AFI, actual SIDE. El fallo que se conoció días atrás es muy preocupante, más aún en momentos en que el gobierno nacional aplica una política de ataque sistemático a la libertad de expresión y de prensa en Argentina.

La historia de espionaje a 403 trabajadores de prensa se conoció en 2020 cuando la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que en una caja fuerte de la Dirección de Contrainteligencia encontraron fichas con información sobre periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que se habían inscripto para cubrir las cumbres de la OMC y el G20 en Buenos Aires.

Inteligencia sobre periodistas: un fallo a medida
El juez federal Martínez de Giorgi.

“Manifiesta una postura cercana al oficialismo”. “Es bastante moderada en sus menciones al gobierno”. “Solo le pone me gusta a la página de Laura Alonso”. “Tiene una foto con Estela de Carlotto”. “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista». Esas frases eran parte de las fichas que fueron confeccionadas por personal de inteligencia y que estaban clasificadas en rojo, amarillo o verde según la alineación política con el gobierno de Mauricio Macri. Aunque se les parecen bastante a algunos informes y listas elaboradas en dictadura, las fichas fueron hechas en plena democracia, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad y Macri era presidente. Allí se recopiló información, se la clasificó y se perfiló a periodistas, todas tareas de inteligencia ilegal que están prohibidas por el artículo 4 de la ley 25.520. Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi consideró que estuvieron justificadas: que había razones de seguridad vinculadas con la realización de las cumbres. Y que, por eso, los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el exdirector de Eventos Especiales Carlos Tonelli Banfi debían ser absueltos.

Apenas se hizo pública la información, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) nos presentamos como querellante en la causa junto al CELS y a un grupo de trabajadoras y trabajadores de prensa que figuraban en esas fichas. Porque si un periodista es o no opositor del gobierno de turno, se sacó una foto con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo o está a favor o en contra del aborto legal seguro y gratuito no tiene nada que ver con las condiciones de seguridad que el Estado debe brindar en un evento internacional. Nada de esto puede ser justificación para relevar y sistematizar información sobre sus opiniones o actividades políticas y sociales.

El contexto en el que llega este fallo no puede ser peor: periodistas, cronistas, fotógrafos, camarógrafos son blanco de las fuerzas de seguridad en cada protesta. Ir a trabajar con casco y máscara se volvió cotidiano porque te pueden volar la cabeza de un disparo de gas lacrimógeno. Si investigás corrupción o escribís una nota que al Presidente no le gusta, te mete una denuncia penal, que busca ser un mensaje disciplinador para el resto. Desde diciembre de 2023, las noticias locales se silencian sin el servicio periodístico de la agencia federal Télam, y otras coberturas se censuran en el canal público y la radio nacional. El gobierno busca eliminar el Estatuto del Periodista para dejarnos sin protección ante las poderosas empresas de medios, porque un periodista precarizado es silenciable.

Inteligencia sobre periodistas: un fallo a medida
Acción contra los ataques a periodistas y fotógrafos en Plaza de Mayo.

Ni fallos como estos, que terminan utilizando el discurso de la seguridad nacional para correr los límites de la democracia, ni las amenazas presidenciales van a evitar que sigamos denunciando y peleando por los derechos laborales y profesionales de las y los trabajadores de prensa. Tampoco dejaremos de defender la comunicación como un derecho social frente a un gobierno que ataca a quienes ejercemos el periodismo. Por eso, vamos a apelar esa decisión judicial. Nada de lo que conseguimos hasta aquí fue fácil, todo lo conseguimos igual: debatiendo en diferentes ámbitos institucionales o peleando en la calle. O ambas cosas a la vez.

Fuente Tiempo Argentino

Tags: politicaReporte 24
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