1. La invalidez, medida en pesos
El Gobierno envió al Congreso, el 16 de septiembre, un Presupuesto que en términos reales gasta 26,7% menos. Ese número no está escondido: el gobierno lo exhibe como prueba de orden. La letra chica dice otra cosa.
El proyecto original destinaba unos $7,3 billones a las principales políticas de discapacidad. La cifra sonaba robusta hasta que se miraba el programa que sostiene a cientos de miles de personas: las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral caían 25,3% en términos reales. Ese programa, además, perdía la actualización automática que tenía y quedaba atado al 70% de la jubilación mínima. El artículo 37 establecía una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el trabajo formal o la inscripción tributaria, incluido el monotributo: la persona que conseguía un empleo registrado, aunque fuera por unas horas, perdía la pensión. El Certificado Único de Discapacidad, que hoy habilita el trámite, dejaba de ser garantía: la letra final quedaba en manos del Poder Ejecutivo, no del Congreso.
A las universidades les va parecido. El proyecto asigna $7,349 billones; los rectores habían calculado que hacían falta $11 billones para sostener el sistema en 2027. Esa diferencia es la que separa el enunciado del funcionamiento real de la vida universitaria.
Frente al rechazo de sus propios aliados, el gobierno retrocedió a medias. El proyecto original eliminaba la actualización automática del nomenclador de prestaciones básicas, es decir, de los aranceles que cobran los prestadores y los centros de rehabilitación, y la reemplazaba por una actualización trimestral por vía administrativa. En las comisiones de Diputados, el oficialismo acordó mantener la actualización mensual por inflación y restituir la compatibilidad entre la pensión y un empleo registrado; el acuerdo todavía aguardaba el sello final de la Casa Rosada. Lo que no retrocede es la intención de fondo: según fuentes oficiales, el nuevo texto endurecerá los requisitos de acceso, y el Certificado Único de Discapacidad ya no alcanzará para cobrar la pensión. El Gobierno devuelve una parte de lo que quitó, mientras estrecha la puerta de entrada. Al cierre de esta nota, nada de eso tenía forma de ley. En las universidades, no anunció cambios.
2. La inflación que el relato no explica
«Estamos ganándole a la inflación», repite el Gobierno. El propio INDEC lo desmintió el mismo mes: los precios mayoristas subieron 2,1% en agosto, la aceleración más fuerte del año, después de dos meses de freno.
Los salarios corren detrás de esa suba como quien persigue un colectivo que ya arrancó: llegan, pero tarde. Las escasas mejoras mensuales nunca alcanzaron a compensar la inercia inflacionaria, y el poder de compra volvió a caer.
Un día después, el INDEC confirmó, a través de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2026, que la informalidad laboral llegó a 45% —la marca más alta de toda la serie—, mientras la desocupación trepó a 7,9%. La motosierra que ordena las cuentas públicas no logró ordenar el salario ni el empleo: los ordena para otro lado. Es el cuadro exacto de la estanflación: precios que no ceden, una economía que se contrae y un ajuste que carga su peso sobre los más vulnerables.
3. La Defensa que cambia de enemigo
La ley de 1988 fue una cicatriz vuelta norma. El proyecto que el gobierno mandó al Congreso el 17 de septiembre, un día después del Presupuesto, empieza a reabrirla.
Gobiernos anteriores ya habían recurrido a decretos y protocolos de excepción para sumar apoyo militar puntual en la seguridad interior —el combate al narcotráfico en zonas de frontera, por ejemplo—. Pero esta iniciativa va más lejos que cualquiera de esos antecedentes: es la primera vez que se intenta modificar por ley, y no por decreto, la frontera que separa a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior. Desde 1988, esa ley reservó a los militares para la agresión de otro Estado; el delito interno, narcotráfico incluido, quedó para la policía. El nuevo proyecto redefine el límite: habla de amenazas «de carácter estatal o no estatal» y habilita a los militares a intervenir en el espacio aéreo, marítimo y fluvial, con protocolos de interceptación y un régimen de derribo. La distancia entre repeler un ataque externo y reprimir un conflicto interno, que costó cuarenta años de consenso democrático construir, queda rota en un solo artículo.
El proyecto crea, además, un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el propio Milei e integrado por el Jefe de Gabinete, el Canciller, los ministros de Defensa y Economía, el jefe de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica: siete funcionarios, todos del propio Poder Ejecutivo, sin un solo actor ajeno a la Casa Rosada. Ese Consejo queda habilitado para bloquear activos, restringir el sistema financiero o suspender contratos ante lo que él mismo defina como una amenaza grave, con control judicial posterior. La ley dice quién revisa la medida después. No dice quién decide, primero, qué constituye una amenaza.
A eso se suma un capítulo sobre injerencia extranjera que castiga con penas de 5 a 12 años a quien, financiado desde el exterior, participe de «campañas coordinadas de desinformación masiva» o intente alterar un proceso electoral. La frontera entre perseguir el espionaje y perseguir la protesta, el periodismo o la militancia social, cualquier actividad que alguna vez reciba un peso de afuera, queda en manos de la misma cúpula que define qué es una amenaza.
La Argentina ya conoce este trazado, y lo pagó caro. La Doctrina de Seguridad Nacional, que enseñó la Escuela de las Américas y aplicaron las dictaduras del continente, se sostenía sobre la misma idea: el enemigo ya no viene de afuera, vive adentro, y para combatirlo hacen falta las armas de la guerra. La ley de 1988 fue la respuesta a ese horror: separar al ejército del vecino, al cuartel de la comisaría. El proyecto que Milei mandó al Congreso, envuelto en la bandera de Malvinas, vuelve a mezclarlos.
El mapa que dibuja el ajuste
Todo presupuesto es, también, un poema del poder: dice, en la forma de sus números, a quién cuida y a quién sacrifica. Con un gasto total de $202,1 billones para 2027 —26,7% menos, en términos reales, que en 2023—, el Estado que dibuja este Gobierno ya no persigue al vecino que no declaró un ingreso. Desde enero, la Ley de Inocencia Fiscal elevó el piso de la evasión punible de $1,5 a $100 millones, y este mes el Senado amplió ese régimen: eliminó los topes de ingresos y patrimonio que limitaban quién podía acogerse. La indulgencia fiscal se ensancha el mismo mes en que la pensión por discapacidad se discute renglón por renglón. Ese mismo Estado no encuentra, en cambio, un renglón para que una pensión por discapacidad valga más que el 70% de una jubilación mínima. Encuentra margen para un régimen de derribo en el Atlántico Sur, pero no lo encuentra para sostener el salario de un docente universitario. La motosierra, en la letra chica, nunca corta parejo.
Milei llega a las elecciones de 2027 con ese Presupuesto, una inflación mayorista que le desmintió el relato en agosto, salarios que no terminan de alcanzar, un mercado laboral donde casi la mitad de los trabajadores no tiene ninguna cobertura, y un proyecto de ley que le da a su propio gabinete la potestad de definir, sin pasar primero por un juez, quién es el supuesto enemigo. Cada uno de esos datos, por separado, podría leerse como una medida técnica. Juntos, describen algo más preciso: un Estado que ajusta puertas adentro y se blinda puertas afuera, en el mismo semestre, con la misma firma.
El Presupuesto 2027 desnuda esa asimetría fundamental: hay una economía de escasez para los márgenes de la sociedad y una generosidad punitiva para el control de la política. El resultado es un Estado que repliega su red de protección y multiplica sus fronteras de excepción.
Fuente Tiempo Argentino
