Los tiempos con los que se maneja el Poder Judicial pueden ser difíciles de comprender, más aún si se trata de decisiones como la que tomó a principios de semana la Corte Suprema, cuyo efecto fue la derogación de la Ley de Tierras. Es que los supremos se tomaron más de dos años en analizar un planteo respecto de un tema sensible para la sociedad, como quedó demostrado en los últimos meses, para rechazarlo en ocho carillas y por una cuestión de forma.
La queja del Estado nacional contra el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido la vigencia del artículo 154 del DNU 70/23, que derogaba los límites a la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros, llevó el caso a la Corte el 14 de mayo de 2024. Así como los supremos se tomaron 71 días para confirmar la condena que dejó inhabilitada de forma perpetua a Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos, tardaron 868 días en resolver que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) La Plata no estaba legitimado para promover una demanda en defensa de la Ley de Tierras.
Esa cantidad de días se torna aún más llamativa si se analiza la circulación que tuvo la causa entre las distintas vocalías de la Corte, que duró 359 días.
Esa parte del proceso arrancó el 25 de junio de 2025, poco más de un año después de la llegada de la causa. El primero en recibirla fue Carlos Rosenkrantz, que la tuvo nada más que 22 días y se la pasó a Horacio Rosatti, que la tuvo por primera vez entre el 11 y el 27 de agosto de 2025 (17 días); después la causa pasó 99 días en la Vocalía 1 de Ricardo Lorenzetti, para volver el 4 de diciembre de 2025 durante 12 días a Rosatti.
El presidente de la Corte volvió a pedir que la Secretaría Judicial le gire el expediente el 4 de febrero de 2026. En esa oportunidad lo tuvo en sus manos, según consta en el expediente al que accedió Tiempo, 209 días, hasta el 31 de agosto pasado. Casi un mes después llegó el fallo en el que alegaron la falta de legitimación del Cecim para demandar al Estado en defensa del territorio y esgrimieron que la soberanía no es un bien colectivo.
De yapa, después de resolver, la Corte tuvo que sacar un comunicado aclaratorio para explicar que la decisión obedeció a un “aspecto procesal” que “se ajusta estrictamente a todos los precedentes de la Corte”.
Sin dictamen ni plazos
Otro dato a tener en cuenta es que la Corte nunca giró la causa al procurador Eduardo Casal para que dictamine, como ocurre en buena parte de los casos que llegan al Máximo Tribunal.
Fuentes judiciales señalaron a Tiempo que no lo hicieron porque no hay obligación de que dictamine el procurador, sino que es algo que se pide ante una situación compleja o novedosa. En el caso del Cecim, agregaron, se trató de cuestiones que la Corte había abordado con anterioridad.
Vale recordar, por otra parte, que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no tenían plazos para fallar. La decisión de hacerlo llegó semanas después de una movilización social transversal que obligó a La Libertad Avanza a retirar del Congreso el capítulo de un proyecto que ampliaba los límites de posesión de tierra en manos de extranjeros.
No hay que soslayar tampoco que el fallo no habría tenido razón de ser si la Cámara de Diputados hubiese tratado y rechazado en su totalidad del DNU 70/23, algo que hizo el Senado en marzo de 2024 y que desde entonces está pendiente y, hasta el martes, estuvo fuera del debate público. Si algo hay que reconocerle a los cortesanos es que dejaron correr el tiempo y la política les allanó el camino. Después de todo, no se le pueden pedir peras al olmo.
El frente judicial
Por lo pronto, el panorama judicial en relación con la Ley de Tierras tiene varios frentes abiertos.
Tal como reveló Tiempo en la semana que termina, la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (Fipca) le pidió al juez federal de La Plata, Alberto Lugones, que reactive su demanda contra la derogación. Se trata de un expediente que se paralizó después de que el magistrado ordenó que se espere a lo que se determine en el caso Cecim. “La Corte solamente se expidió sobre la legitimación del Cecim, no sobre el fondo de la cuestión. Entonces nuestra causa puede seguir, porque lo de la falta de legitimación no se aplica a nosotros”, explicó el abogado Daniel Valmaggia, representante de la entidad.
A su vez, este medio también contó que la propia Corte tiene pendiente expedirse desde 2024 sobre un reclamo de la Asociación Civil Árbol de Pie, la comunidad mapuche Lafkenche y la lof Fvta Anecon contra la derogación. Tras el fallo del 29 de septiembre, la diputada rionegrina Magdalena Odarda le pidió al Tribunal que aclare si la decisión en el caso del Cecim tiene algún efecto sobre esas actuaciones. Del expediente surge que la causa todavía no fue vista por los cortesanos.
El viernes, en tanto, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot pidieron una cautelar para frenar la derogación.
Quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira, un juez que en 2024 le ordenó al gobierno que frene el recorte de recursos en políticas contra la violencia de género. Ese mismo año, el magistrado también rechazó un pedido del abogado Andrés Gil Domínguez que buscaba que se le ordene al Congreso el expreso e inmediato tratamiento del DNU 70/23. «
Fuente Tiempo Argentino
