El fallo de la Corte Suprema de Justicia que este viernes suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras fue recibido con optimismo pero también con cautela y algunas críticas por los autores del Recurso de Amparo del que se valió el máximo tribunal para revertir su propia sentencia contraria, hace exactamente diez días.
Todos residentes en la provincia de Río Negro, los “amparistas” se habían presentado el 28 de diciembre de 2023 ante el juzgado federal de Bariloche para reclamar la inconstitucionalidad y la anulación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, emitido una semana antes, que justamente derogaba la Ley de Tierras que limitaba la extranjerización del territorio nacional.
El amparo llegó a la Corte en agosto de 2024 remitido por la Cámara de Apelaciones de la Plata, en un mismo expediente con otro similar impulsado por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM), que el martes 29 fue rechazado por la Corte Suprema.
La presentación llevaba las firmas de Lucía Wieman, de la Asociación Civil Árbol de Pie; Cristina Marín, de la comunidad mapuche Lafkenche; Matías Prafil, de la Lof Fvta Anecon, la legisladora provincial Magdalena Odarda y un amplio abanico de referentes de organizaciones sociales, rurales, sindicales y comunitarias con el patrocinio de los abogados Martín Palumbo y Ernesto Montecino.
“Estamos muy contentos porque consideramos un gran avance haber podido salvar la Ley de Tierras, aunque sea por ahora de manera temporaria. También es importante que se haya podido lograr la unidad de las diferentes organizaciones sociales, sindicales, rurales, indígenas y políticas de Río Negro para presentar esta demanda”, reflexionó Magdalena Odarda.
La legisladora adelantó que para el trámite del recurso, que volverá al juzgado federal de Bariloche, “pediremos que se convoque a una audiencia pública tal como establecen las acordadas de la Corte en la materia, a fin de que puedan participar todos los ciudadanos y juristas de todo el país”. También se esperanzó en que ocurra “una presentación masiva de amigos del Tribunal (amicus curiae), porque por el tiempo que impuso la Corte no se pudo garantizar la participación ciudadana en la Justicia que es un derecho que tenemos todos los argentinos”.
“Estamos muy contentos de haber contribuido desde Río Negro con este granito de arena para defender la Patria, en lo que respecta a la Soberanía y la integridad territorial”, celebró Odarda.
Presidenta de la Asociación Civil Árbol de Pie, Ana Wieman compartió con Tiempo su alegría por el fallo, debido a que “estábamos ante una situación gravísima particularmente aquí, en Río Negro, donde más se verifica el avance de capitales y estados extranjeros”, como son los casos reconocidos de los Emiratos Arabes Unidos (EAU), el emir de Qatar, el exconvicto inglés Joe Lewis y la familia real de los Países Bajos, entre muchos otros protegidos por el gobierno local de Alberto Weretilneck.
Wieman cuestionó severamente el ninguneo de la Corte contra los excombatientes: “Es vergonzoso que los excombatientes de Malvinas no hayan sido legitimados por una cuestión burocrática, para actuar ante la Justicia en defensa de la Soberanía que defendieron con su vida en el campo de batalla”.
El abogado patrocinante Martín Palumbo consideró “importante que la Corte haya reconocido legitimación a los actores del amparo, que haya puesto de manifiesto los posibles daños ambientales y que hayan mencionado el Acuerdo de Escazú”, sobre los derechos sociales a la defensa del ambiente.
Igualmente cuestionó: “Sorprende el voto en disidencia (del juez Carlos) Rosenkrantz porque relativiza todas las reglas de los procesos colectivos que la misma Corte estableció”, a la vez que anticipó que van a seguir “sosteniendo el planteo con la misma fuerza en el juzgado de Bariloche y, de ser necesario, volveremos a la misma Corte Suprema”.
Para uno de los amparistas y referente regional de la disputa por el acceso libre al Lago Escondido, Raúl “Yuyo” Brigués, “el nuevo fallo de la Corte posee también un tinte político que supera lo jurídico: si bien es celebrado ampliamente, no resuelve el fondo; tiene claramente la intencionalidad de descomprimir la sesión del próximo jueves 15, cuando en la Cámara de Diputados se intentará finalmente derogar el DNU 70/23”.
Integrante de organizaciones rurales y militante ambiental, Silvia Rojas es otra de las amparistas. Se declara “orgullosa y contenta”, pero sin perder de vista que “gobernar por decreto no es democracia; considero que el DNU 70/23 debe ser derogado el jueves 15. Ahora les toca el turno a los diputados. Si gobiernan por decreto se pierde la división de poderes y la representación que tenemos los ciudadanos de a pie en el Parlamento”.
Fuente Tiempo Argentino