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Salud, la tormenta perfecta

24 octubre, 2026
in Informacion General
Salud, la tormenta perfecta
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La salud pública argentina está atravesando una tormenta perfecta. No se trata de una sucesión de conflictos aislados ni de problemas administrativos que aparecieron de manera simultánea. La reducción de la provisión nacional de medicamentos, el deterioro de las prestaciones del PAMI, la crisis de sus profesionales y prestadores y las dificultades crecientes de los hospitales nacionales, provinciales y municipales son distintas manifestaciones de una misma política: el retiro del Estado nacional de sus responsabilidades sanitarias.

En pocos días se acumularon tres acontecimientos que deberían encender todas las alarmas. El Ministerio de Salud derogó el listado de medicamentos esenciales que sostenía el Plan Remediar y lo reemplazó por uno limitado a seis principios activos destinados a enfermedades vasculares. Los médicos de cabecera y odontólogos del PAMI realizaron una huelga nacional de 96 horas, del 13 al 16 de octubre. Y las cámaras de clínicas y sanatorios denunciaron que el ministro Mario Lugones interrumpió las negociaciones para resolver una crisis de financiamiento que amenaza la continuidad de la atención de millones de jubilados.

Estos conflictos tienen consecuencias concretas. Una persona con diabetes que deja de recibir metformina, un paciente respiratorio que necesita salbutamol, una jubilada que no consigue turno con su médico de cabecera o una familia que debe trasladarse a un hospital público porque su clínica dejó de atender por PAMI no están frente a una discusión abstracta sobre el gasto público. Están perdiendo derechos.

Salud, la tormenta perfecta

Remediar: el abandono de la atención primaria

La decisión de Mario Lugones sobre Remediar representa un grave retroceso. Si bien desde Fesprosa hemos sido críticos de la aplicación del plan, que fue sufriendo a lo largo de los años sucesivos recortes y limitaciones en el suministro del botiquín básico, su lisa y llana eliminación sin una propuesta superadora que lo reemplace es otro paso atrás en la política sanitaria de este gobierno.

La Resolución 1447/2026 derogó el vademécum aprobado en 2021 y estableció un nuevo listado limitado a seis principios activos vinculados con enfermedades vasculares. Quedaron fuera de ese instrumento de provisión nacional medicamentos utilizados para tratar diabetes, infecciones, enfermedades respiratorias y otras patologías frecuentes.

El gobierno argumenta que prioriza las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad. Pero no existe ninguna contradicción entre prevenir infartos y garantizar antibióticos, anticonceptivos o tratamientos para enfermedades crónicas. La atención primaria de la salud exige una mirada integral, no la selección de unas pocas patologías en detrimento de las demás.

Las provincias deberán afrontar una responsabilidad cada vez mayor en la provisión de medicamentos esenciales, independientemente de sus capacidades presupuestarias. El resultado previsible es una profundización de las desigualdades: los pacientes dependerán cada vez más de los recursos de su jurisdicción y de sus posibilidades económicas para sostener tratamientos.

Desde Fesprosa exigimos la restitución inmediata de Remediar como medida de emergencia, mientras se construye una política nacional de producción pública de medicamentos. Argentina dispone de capacidades científicas, universidades y laboratorios públicos que deben integrarse en un proyecto federal que garantice el acceso a los tratamientos esenciales. No podemos resignarnos a que la salud de la población dependa exclusivamente de la capacidad de compra de cada provincia o de los intereses del mercado farmacéutico.

PAMI: los jubilados pagan el costo del ajuste

El segundo frente de esta crisis es el PAMI. Entre el 13 y el 16 de octubre, médicos de cabecera y odontólogos realizaron un paro nacional de 96 horas para exigir una actualización de sus honorarios. Los profesionales denunciaron que perciben apenas $2.700 mensuales por afiliado asignado en el caso de los médicos de cabecera, y $374 en el de los odontólogos.

Pero el problema no termina en los honorarios. Las cámaras de clínicas y sanatorios denuncian atrasos en los pagos y aranceles que no acompañan el incremento de los costos. Según informó La Política Online, ante la falta de diálogo con Lugones, las entidades buscan interlocutores alternativos dentro del Gobierno nacional para evitar nuevas interrupciones de prestaciones.Las consecuencias ya pueden observarse en distintas ciudades.

En Mar del Plata, la salida del Sanatorio Belgrano de la red del PAMI obligó a reorganizar la atención de aproximadamente 8 mil afiliados. El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) advirtió en agosto sobre la saturación de su capacidad de internación, agravada por los conflictos en establecimientos privados.

En Concordia, la situación es todavía más preocupante. El Sanatorio Concordia dejó de atender afiliados del PAMI desde septiembre, luego de denunciar un atraso arancelario del 130% y la falta de respuestas nacionales. Aproximadamente 15 mil jubilados quedaron transitoriamente sin su prestador habitual de internación. La reorganización de la atención involucra a los hospitales públicos Masvernat y Heras.

Ante esta situación, organizaciones de jubilados se presentaron en el Hospital Masvernat para solicitar explicaciones sobre cómo se garantizaría la atención. La pregunta es elemental: ¿cómo puede un hospital que ya atiende una demanda importante absorber miles de pacientes adicionales sin financiamiento, personal ni infraestructura proporcional?

El PAMI no puede resolver su crisis transfiriendo unilateralmente pacientes a hospitales provinciales. Eso no constituye una solución sanitaria: significa trasladar el costo del desfinanciamiento nacional a instituciones que ya enfrentan enormes dificultades para funcionar.

Neuquén: Vaca Muerta no derrama en la salud pública

El escenario de Neuquén expone otra contradicción profunda del modelo económico. En una provincia que concentra buena parte de las expectativas de crecimiento energético de la Argentina, el sistema público de salud enfrenta una demanda creciente y dificultades para garantizar oportunamente los recursos que necesita.

El propio Ministerio de Salud provincial reconoce que al menos el 72% de la población utiliza hospitales o centros de salud públicos. También informó que durante 2026 debió ampliar las compras de insumos y equipamiento para responder a esa demanda. El ministro provincial, Martín Regueiro, reclamó además al Gobierno nacional que regularice los pagos del PAMI.

A este panorama se suman las denuncias recibidas por Fesprosa sobre dificultades en la provisión de insumos y una deuda con proveedores que, según la información gremial aportada, alcanzaría los 1.700 millones de pesos. Esta situación requiere explicaciones y documentación pública por parte de las autoridades provinciales.

Neuquén demuestra que el crecimiento de la actividad económica no garantiza por sí solo una mejora en los servicios esenciales. Los recursos de Vaca Muerta deben traducirse en hospitales equipados, medicamentos disponibles, mejores salarios y más trabajadores sanitarios. Sin una política efectiva de distribución de la riqueza, el desarrollo energético puede convivir con una salud pública sometida a crecientes tensiones.

Vaca Muerta no derrama automáticamente en la salud pública. Para que eso ocurra, hacen falta decisiones políticas concretas, tanto del gobierno provincial como del nacional.

El ajuste que anticipa el Presupuesto 2027

Todos estos conflictos deben leerse también a la luz del proyecto de Presupuesto 2027. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto agregado previsto para los establecimientos nacionales de salud tendría un incremento real de apenas el 2,3%, con importantes diferencias entre instituciones. Es una variación insuficiente para concluir que se recuperará la capacidad sanitaria deteriorada durante los años anteriores.

El problema no es solamente cuánto dinero se anuncia, sino cuánto se ejecuta, qué programas se sostienen y qué responsabilidades deja de asumir la Nación. Un aumento presupuestario sobre una base previamente reducida no significa necesariamente una recuperación. Mucho menos cuando se transfieren obligaciones a provincias y municipios sin garantizar los recursos correspondientes.

Desde Fesprosa venimos advirtiendo que el debilitamiento del financiamiento nacional termina descargando sobre los trabajadores, los pacientes y las familias el costo de sostener un sistema cada vez más fragmentado.

Lo que ocurre con Remediar es una muestra de esa orientación. Lo que está pasando con el PAMI es otra. Y la sobrecarga de los hospitales provinciales demuestra que las consecuencias no pueden contenerse dentro de las oficinas del Ministerio de Salud.

El sistema sanitario no funciona mediante compartimentos aislados. Cuando se reduce la prevención, aumentan los riesgos de enfermedades evitables. Cuando se interrumpe un tratamiento ambulatorio, pueden agravarse patologías que terminan requiriendo internaciones. Cuando una clínica deja de atender, los pacientes buscan respuesta en el hospital público. Y cuando ese hospital tampoco tiene los recursos suficientes, toda la red sanitaria se deteriora.

Lugones debe renunciar

Desde Fesprosa exigimos respuestas inmediatas. Es indispensable aumentar el presupuesto nacional de salud, restituir la provisión de medicamentos esenciales, regularizar las deudas con prestadores y trabajadores del PAMI y garantizar la continuidad de todas las prestaciones.

También reclamamos que la Nación asuma su responsabilidad en el financiamiento de la atención de alta complejidad, los hospitales públicos y los programas sanitarios federales. No puede seguir descargando sobre las provincias obligaciones que requieren coordinación y recursos nacionales.

La producción pública de medicamentos debe convertirse en una política estratégica de soberanía sanitaria. Mientras ese proyecto se desarrolla, la restitución de Remediar es una necesidad urgente para millones de personas que dependen del sistema público.

Pero estas medidas requieren una conducción sanitaria comprometida con la defensa de la salud como derecho. Mario Lugones ha demostrado que su gestión está orientada a profundizar el ajuste, desentenderse de los conflictos y reducir las responsabilidades del Estado nacional. Fesprosa exige su renuncia.

La crisis sanitaria argentina no se resolverá abandonando a los jubilados, recortando medicamentos o transfiriendo pacientes y obligaciones a hospitales desfinanciados. Se resolverá con inversión, planificación, diálogo con los trabajadores y una política sanitaria que coloque las necesidades de la población por encima del equilibrio fiscal.

Porque detrás de cada cifra del presupuesto hay una persona que necesita atención. Y cuando el Estado se retira, las consecuencias no se miden solamente en pesos: se miden en sufrimiento, enfermedades y vidas.

Salud, la tormenta perfecta

Fuente Tiempo Argentino

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