Luz y gas: el atraso en las boletas es entre 50% y 100% según calculan empresas y consultoras

las de gas. En el medio, el Gobierno podría autorizar un incremento de transición que promedie el 9%, según se comenta en el Poder Ejecutivo.

El atraso en las tarifas va desde el 50% en las estimaciones más prudentes, hasta el 120% que declaró el propio Gobierno. Hay otros análisis que lo ubican entre 80% y 100%.

Las tarifas comienzan a retrasarse, según los expertos. “Con los actuales niveles de tarifas se cubre el 50% del precio del gas y el 50% del costo de generación eléctrica aproximadamente”, define Julián Rojo, economista especializado del IAE Mosconi. La diferencia entre lo que cuesta gas y generación eléctrica y lo que terminan pagando los consumidores es saldada por el Estado nacional a través de los subsidios.

En 2019, tras los aumentos de la administración anterior, las tarifas cubrían el 69% del costo de la provisión de gas. Esa cobertura alcanzaba al 76% en todo el país, pero bajaba por la patagonia, que tenía un subsidio mayor que el resto de las regiones por ser más dependiente del gas.

En el caso de la distribución eléctrica, las tarifas de 2019 alcanzaban para solventar entre 63% y 70% del costo.

En 2021, el panorama es distinto. Para llegar a esos niveles de cobertura, los aumentos deberían rondar el 100%, según consultores. Al menos, en lo que corresponde a transporte y distribución de esos servicios.

Las subvenciones para generación eléctrica y gas superaron los US$ 6.000 millones, lo que excede el gasto de la administración anterior en ese sentido.

En las distribuidoras eléctricas suponen el retraso tarifario en un 80%, como consecuencia de la inflación acumulada en los dos últimos años, que no ha sido trasladada a las facturas.

Federico Bernal, interventor del Enargas (ente regulador del gas), manifestó que -de seguir con el esquema de revisión tarifaria integral (RTI) de la administración anterior-, las tarifas de gas tendrían que haber subido un 128%. Ex funcionarios disputan ese número.

En la segunda mitad de 2019, las tarifas de luz y gas debían subir. El ajuste era por Ipim, un indice mayorista. La administración de Mauricio Macri pateó esa resolución para evitar costos políticos. Solo en esa parte del año, transporte y distribución de gas debería haber aumentado un 30% y distribución eléctrica, un 20%.

El IPIM era para actualizar transporte y distribución, es decir una parte de la factura. El precio de la generación eléctrica y gas corre por otro lado. Sino lo pagan los consumidores, lo termina saldando el Estado.

Un ajuste por el Ipim de marzo de 2021, que refleje la inflación pasada daría entre 95% y 100%.

“El decreto del congelamiento del Gobierno reconoce que el peso de las tarifas sobre los hogares, comercios e industrias se redujo debido al congelamiento mientras el resto de las variables se encuentran inmersas en un proceso de ajuste inflacionario pronunciado. No obstante esto, establece un congelamiento adicional”, opina un consultor en off the record.

“El artículo 3 del congelamiento  contiene una incógnita fundamental es qué precio de energía eléctrica y de gas natural será incluido”, apunta el mismo especialista .”Es decir que se deberían modificar casi completamente las leyes de Gas y de Electricidad de 1992″, que sobre las que se realizaron las privatizaciones y las concesiones.

Con los incrementos de tarifas del período 2016-2019, se redujo el peso de los subsidios energéticos sobre el total del PBI, con el consecuente ahorro fiscal en ese sentido. Ahora, las subvenciones comienzan a comerse una mayor parte del presupuesto, como sucedió en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.

Los subsidios energéticos representaron entre 1,2% y 1,1% del PBI entre 2017 y 2019, por el efecto del aumento de tarifas. Fue el período con subvenciones más bajas a la energía desde 2010, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre los números de la ley de Presupuesto previsto para 2021.

“No sería tan difícil establecer precios y tarifas que corresponden en cualquier lugar del mundo con reglas simples, cobrarlas a todos  los consumidores, y que el Estado asigne pagos especiales directos por ciertas cantidades de gas y electricidad (…)”, observa un consultor muy conocido del sector. “Si no se hace es porque no se quiere hacer. Las consecuencias no serán diferentes a las de otros períodos, sino iguales y agravadas por la pérdida de credibilidad cada vez mayor, agrega.

“Durante este período, 2001 al 2015, la inflación acumulada fue de 1.400%, sin embargo, las tarifas de servicios públicos aumentaron menos de 200%, una caída en términos reales de más de 80% y el retraso tarifario más grande de la historia de nuestro país. A finales de 2015 las tarifas de luz y gas natural cubrían solo el 13% y el 14% de los costos, respectivamente, requiriendo subsidios que crecieron del 1,2% en 2008 al 4,1% del PBI en 2015 y derivando en un deterioro de la calidad de servicio y la escasez de energía en todo el país”, observa un trabajo de la Fundación Pensar, un think tank de Juntos por el Cambio.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso divide la trayectoria de los subsidios en cuatro etapas. Entre 2010 y 2014 suben (del 1,4% del PBI al 2,8% del total de la economía) por el congelamiento de las tarifas y el crecimiento de las importaciones, tanto en cantidades como en precio. Entre 2015 y 2016 caen un poco (al 2,6% del PBI) por un incremento en la producción de gas, que permitió una disminución de las importaciones, acompañada por una caída en el precio de esas importaciones.

Entre 2017 y 2019 los subsidios cayeron fuerte. Incluso por debajo de 2010. Eso fue por mayor producción local de gas -que disminuyen la necesidad de importar-, y los aumentos tarifarios. Dichos incrementos cerraron la brecha entre los costos energéticos y lo pagado por el consumidor de energía eléctrica y gas. En 2020, vuelve a experimentarse un incremento de los subsidios. Esto es por las devaluaciones -que aumentan los costos energéticos, ya que una parte está atado al dólar- y la decisión del Gobierno de no trasladarlo a tarifas.