El Gobierno inició
este jueves, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el proceso de análisis, discusión y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica.
Esta tarifa debería comenzar a regir a partir de mediados de marzo próximo, y será de transición hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral.
A través de las resoluciones 16/2021 y 17/2021 del ENRE, publicadas en el Boletín Oficial, se establecieron el inicio del procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de la energía eléctrica con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación.
A mediados de diciembre último, el Gobierno determinó la permanencia sin cambios de las tarifas de luz y de gas hasta el 15 de marzo próximo, y ordenó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente.
Fue cuando venció el plazo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, prorrogado en junio del año pasado por el Decreto 543/20.
El decreto 1020/2020 de diciembre estableció asimismo que “el plazo (de la revisión tarifaria) no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores”.
También consideró “conveniente establecer un régimen tarifario de transición como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias y concesionarias”.
Este régimen deberá “tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.
Precisamente estas últimas resoluciones del ENRE apuntan al establecimiento de una tarifa de transición, para lo cual se realizarán audiencias públicas, con la participación de usuarias y usuarios, y empresas transportadoras y distribuidoras de la energía eléctrica.
En la primera de ellas, el Ente convocó a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del proceso.
En la segunda resolución, la convocatoria fue para las transportadoras Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue), Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
Ambas resoluciones determinaron que el ENRE facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las asociaciones de defensa del consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información.
El Ente remarcó que “en las adecuaciones tarifarias transitorias se deberá atender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes”.
También destacó que “la participación de los usuarios y usuarias con carácter previo a la determinación de la tarifa, constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz”.
Asimismo, subrayó que esta intervención “otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y la usuaria y disminuye las estadísticas de litigiosidad sobre las medidas que se adoptan”.
El Ente puntualizó que con las audiencias públicas “se busca reducir la asimetría de información entre las empresas distribuidoras, las personas usuarias y el organismo de control”.
Según el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), entre 2015 y 2019 las empresas distribuidoras que concentran el grueso de los usuarios de electricidad en la Argentina (Edenor, Edesur y Edelap) “acumularon aproximadamente un mil por ciento (987,8%) de utilidades netas, es decir un 250% de ganancias limpias por cada uno de esos cuatro años”.
La entidad detalló también que en el caso de las principales generadoras eléctricas “embolsaron utilidades similares (860%) en el mismo período; es decir un 215% de ganancias anuales”.
Por ello, consideraron que es necesario “discutir cómo construir un cuadro tarifario justo y razonable para cada bolsillo que a su vez permita robustecer y desarrollar sectores productivos estratégicos, el cuidado del empleo y la sostenibilidad macroeconómica del país”.
